Hace algunas semanas la Corte Suprema de Uruguay declaró inconstitucional una ley que permitía enjuiciar a militares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en aquel país. Un repaso histórico de la lucha por los Derechos Humanos del otro lado del Río de la Plata.
Han pasado 28 años del fin de la última dictadura militar en Uruguay y el Estado de ese país continúa teniendo una deuda pendiente con las víctimas y familiares de la represión militar y policial durante los doce años que duró el gobierno de facto. En los 80 la transición democrática dejó como saldo la sanción de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que garantizó durante años la impunidad de cientos de represores en todas las jerarquías de las fuerzas. Los últimos gobiernos democráticos, en manos del Frente Amplio, han avanzado no sin inconvenientes y de forma inconclusa, en el restablecimiento de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.
Hace unas semanas, la Corte Suprema de Uruguay declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 -de Interpretación de la ley de caducidad- sancionada en octubre de 2011 y que había dejado sin efecto la protección a militares y policías violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura.
20 años de una ley de impunidad
En 1986, durante el gobierno de Julio María Sanguineti, se sanciona la ley 15.848 que quita al Estado la pretensión punitiva sobre los funcionarios militares y policiales que en ejercicio de sus funciones actuaron durante el gobierno de facto. La misma fue avalada por las dos fuerzas mayoritarias de entonces, el Partido Colorado y el Partido Nacional, no así por quien en su momento tenía una representación minoritaria en el parlamento y actualmente es el partido de gobierno, el Frente Amplio.
Por su parte los organismos de Derechos Humanos, apoyados por los organismos internacionales y la legislación internacional vigente en la materia -a la que el propio Estado uruguayo suscribe-, mantuvieron una larga lucha por la nulidad y derogación de la legislación que perpetúa la impunidad en plena democracia. Esa lucha sufrió dos reveses importantes, cuando la pretensión de nulidad fue puesta a consideración del mandato popular en los referéndum de 1989 y 2009 y obtuvo un resultado desfavorable. Es decir, la población uruguaya votó dos veces por mantener vigente la ley que garantizaba a militares y policías no ser enjuiciados los delitos cometidos durante la dictadura.
En los últimos ocho años, durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y José “Pepe” Mujica, el Estado ha comenzado a desandar esta larga historia de impunidad. Ambos gobiernos incorporaron a su agenda la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de los delitos cometidos en la última dictadura militar, poniéndose del lado de las víctimas y dejando de permitir la impunidad de los represores.
En este sentido Tabaré Vázquez, fue el primer presidente democrático en 20 años que entró a los cuarteles, promovió investigaciones e instó al poder judicial a enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado. Durante su gobierno, la Corte Suprema de Justicia declaró por primera vez la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para ciertos casos específicos (en Uruguay la inconstitucionalidad de una ley se determina caso por caso) se iniciaron los primeros juicios a ex represores, cómo los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, entre otros. Sin embargo no se avanzó en una legislación que derogara la ley de Caducidad.
El presidente Mujica, que fue elegido el mismo día que se llevó a cabo el último referéndum por la derogación de la Ley de Caducidad -instancia que el mismo FA promovió- también realizó avances a favor del restablecimiento de la justicia, aunque por momentos de forma contradictoria. Él mismo declaró nulos todos los actos que durante otros gobiernos incorporaron casos a la ley de Caducidad para así ampararlos con la impunidad que la ley otorga.
Por otro lado debió enfrentarse con la condena de la Corte Interamericana de DDHH, por mantener vigente la ley, a la vez que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad para 26 nuevos casos. En este contexto, en medio de un controvertido debate y encontrándose próximos a la posible prescripción de los delitos cometidos durante el gobierno de facto, el presidente promovió la sanción de una legislación que sin declarar la nulidad de la misma dejó sin efectos las consecuencia jurídicas de ley 15848.
La elaboración y sanción de la Ley Interpretativa de la Caducidad generó un intenso debate, incluso al interior del propio FA que se encontró en sus filas parlamentarias con al menos tres importantes detractores de la propuesta. Eleuterio Fernández Huidobro por ejemplo, emblemático militante tupamaro que estuvo preso con el propio Mujica durante el gobierno de facto, renunció a su banca por considerar que el proyecto iba “en contra del mandato popular, que ya se pronuncio dos veces a favor de la ley de Caducidad”.
La norma, finalmente sancionada en octubre de 2011, no anuló ni derogó en su totalidad la ley de Caducidad, sino que en su primer artículo restableció la pretensión punitiva del Estado y determinó en dos artículos subsiguientes la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura, declarándolos, delitos de lesa humanidad. Algunos analistas sostienen que la propia forma en la que fue redactada la legislación abrió la puerta a la declaración de inconstitucionalidad, ya que de acuerdo a un principio jurídico la ley penal no puede aplicarse retroactivamente.
A su vez el fallo de la Corte se dio pocos días después que el máximo tribunal removiera sin mayores explicaciones oficiales a la jueza Mariana Mota -la magistrada que más causas por delitos cometidos en la última dictadura estudiaba- de la órbita penal a la civil.
Los organismos de Derechos Humanos realizaron la semana pasada una concentración para repudiar esta decisión de la Corte. Ahora comienza una nueva lucha en el terreno legal que tendrá su contrapartida en la movilización y presión popular.