Por Facundo Merlán Rey. La reciente muerte de un hombre de 63 años en el barrio La Carbonilla, en La Paternal, visibiliza el abandono que sufren los habitantes del lugar. Una muestra más de abandono y ausencia de políticas públicas del gobierno porteño hacia los sectores populares.
El pasado 25 de abril por la mañana, en el barrio La Carbonilla ubicado a metros de la estación Paternal del Ferrocarril San Martín, un hombre falleció al ser arrollado por un tren de esta línea. Pero este no es un hecho aislado ni un accidente más. Esta muerte es una nueva demostración de la ausencia de políticas concretas por parte de Mauricio Macri para solucionar las problemáticas que afectan a los sectores más necesitados de la Ciudad de Buenos Aires.
Máximo Mendoza Gutierrez perdió la vida mientras trasladaba baldes a un terreno lindero al barrio (al otro lado de las vías) donde él y su familia acumulaban desechos fisiológicos. Antes, otro terreno recibía los deshechos de la familia Gutierrez, pero dejó de ser usado por el peligro de contaminación y perjuicio a la salud de la población..
En diálogo con Marcha, Ana María Vásquez Duplat, militante del “Colectivo por la Igualdad” describió cuales son las acciones que se vienen tomando junto con los delegados del barrio hace exactamente un año: “En abril de 2012 se presentaron dos medidas cautelares por los servicios públicos ausentes en el barrio, como el de agua potable, cloacas, tendido eléctrico, alumbrado, pavimentación, recolección de basura, además de la remoción de escombros, desinfección, y desratización. También solicitamos que se realice un relevamiento físico y poblacional al fin de dar cuentas sobre cuántas son las personas que se ven afectadas por la ausencia de estos servicios. La Justicia falló a favor, lo cual obliga al gobierno porteño a cumplir con la instalación y prestación de estos servicios. Sin embargo, desde ese momento a hoy, lo único que se hizo fue enviar camiones atmosféricos muy esporádicamente que se llevan los desechos de algunos pozos, los más llenos.”
Para incumplir con lo establecido con la justicia, el gobierno porteño se excusa en que los terrenos donde se encuentra el barrio son nacionales. Para realizar obras en ellos, dicen, necesitan autorización o un eventual traspaso del gobierno nacional. A pesar de la falsedad de estas excusas -expresada en el fallo judicial-, los delegados barriales intentaron buscar algún tipo de respuesta por parte de las autoridades nacionales, quienes tampoco brindaron ningún tipo de respuesta al reclamo. Vásquez Duplat afirma que “esto demuestra una clara falta de voluntad política por parte de ambos gobiernos, quedando estas problemáticas en el medio de su puja política, donde los perjudicados, como siempre, son los habitantes de estos barrios”
Un barrio que se organiza y lucha
El barrio La Carbonilla, en La Paternal, tiene unos veinte años de historia. Hoy viven alrededor de 450 familias y en la última época tuvo un gran crecimiento poblacional, muchas de ellas provenían del Playón de Chacarita.
El barrio está dividido demográficamente en tres sectores. Cada sector cuenta con un grupo de delegados elegidos por los vecinos, que los representan en cada lucha que emprenden. Sin embargo, este cuerpo de delegados autoconvocados no está legitimado por la ley 148 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 1998. La regularización de la representación política fue ordenada por el juez Roberto Gallardo en el año 2011 como consecuencia de un recurso de amparo presentado por Facundo Di Filippo, ex Presidente de la Comisión de Vivienda. La norma establece la creación de una Comisión Coordinadora Participativa formada por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de los habitantes de las villas para hacer el diagnóstico y seguimiento de las problemáticas habitacionales en los barrios. En el caso de La Carbonilla, ya está elegido el interventor y su equipo para adelantar el proceso eleccionario para la formalización de su órgano de representación. Pero dicho proceso aún no se ha podido llevar a cabo dado que uno de los requisitos principales para esto, es la realización de un censo para determinar el padrón de votantes. Pero este relevamiento poblacional aún no fue realizado por las autoridades porteñas, lo cual imposibilita llevar a cabo estas elecciones.
Otra muerte evitable
Máximo tenía 63 años, trabajaba como empleado en obras de construcción. Vivía junto a su esposa en una de las casas ubicadas al fondo del barrio, a unos 7 metros de las vías. Ambos eran víctimas de la situación de hacinamiento en la que viven los habitantes de este barrio como de tanto otros en la Ciudad de Buenos Aires (el año pasado se presentó un proyecto de urbanización en la Legislatura, el cual ya cuenta con el apoyo de algunos diputados, sin embargo debido al poco interés demostrado por la actual Presidenta de la Comisión de Vivienda, Lidia Saya, este no ha podido ser tratado aún)
Además de la falta de servicios que garanticen condiciones de vida digna a quienes habitan el lugar, se suma la peligrosidad que implica la corta distancia que hay entre las casas y las vías. Hace cuatro años este avance de las construcciones sobre la zona cercana a las vías derivó en un conflicto con las autoridades del Ferrocarril San Martín. Desde la línea, garantizaron que no pedirían el desalojo de los terrenos. Los vecinos por su parte solicitaron obras que garanticen su protección para evitar accidentes. Pero al día de la fecha, esas obras siguen sin llevarse a cabo.
Las condiciones en las que viven los vecinos de La Carbonilla y tantos otros en barrios vulnerados, reflejan la ausencia sistemática del Estado, donde el macrismo no vino a hacer la diferencia. Muchas veces ante la gestión sin planificación, sin articulación entre las áreas de gobierno, nos preguntamos qué Ciudad pretende Mauricio Macri y para quienes gobierna. Velásquez Duplat despeja algunas dudas: “El gobierno porteño está incumpliendo una orden judicial y sabemos que incumplir el mandato de la justicia es un delito, y en este caso estamos hablando de un delito del macrismo que está afectando a miles de personas que continúan sin ver sus derechos realizados. La muerte de Máximo es la trágica consecuencia de la desidia y el olvido por parte del Estado frente a los reclamos populares. Esperemos no tener que lamentar más víctimas para que accionen de una vez”.