Por Ernesto Bansky. En Cippoletti, Río Negro, la presión del mercado inmobiliario puede más que un derecho constitucional básico: la vivienda digna. Las fuerzas provinciales rodearon y amenazaron nuevamente con el desalojo a 34 familias que resisten en el territorio.
Según el censo nacional de 2010 Cipolletti tiene casi 80 mil habitantes. La situación de déficit habitacional no discrimina e impacta a todos por igual. Pero a algunos, esos que no son tan iguales, peor. Ese es el caso de las 34 familias que están resistiendo el avance de los desalojos en el asentamiento Auca Lihuen.
Este domingo 20, los vecinos tuvieron que desayunarse a las 8hs con una visita inesperada: el Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER) -nuevo nombre para las que antes fueron las Brigadas de Operaciones de Rescate y Antitumulto (BORA)-.
Sin ninguna orden judicial, y actuando fuera de protocolo, las fuerzas represivas tomaron posición. Utilizando patrulleros y camionetas para rodear durante largo rato a los vecinos del barrio, prohibiendo el ingreso y salida de cualquier persona, además de agua, víveres y materiales.
El escenario de la disputa y el boom inmobiliario
El predio tiene unos 120 metros de fondo por 60 de frente. Nada, si se los compara con las 500 hectáreas que de manera reciente fueron reservadas para la explotación inmobiliaria. Esa misma que causa hoy que en la ciudad rionegrina el acceso a la vivienda sea un sueño. La misma que causa que el precio de alquilar sea propio de algún Dios que ande por el cielo. O esa que produce que en un espacio cada vez menor convivan más personas, llevando al hacinamiento.
ZOPPI SRL es una empresa constructora de Cippoletti. Según afirman los vecinos, la empresa viene insistiendo desde hace un tiempo en que le pertenece un tercio de los terrenos ocupados por el asentamiento. Los hechos de indiferencia previos sobre las tierras demuestran lo contrario. “Cuando entramos había como 2 metros de yuyos, este era un espacio abandonado totalmente. Había escombros, basura, hasta preservativos tirados en este baldío”, asegura Carlos, vecino de Auca Lihuen.
A pesar de las promesas de reubicación los vecinos resisten. Dicen que son falsas. “Tenemos la decisión tomada de quedarnos. Nos quisieron reubicar en un basural, en tierras contaminadas. Porque se ha hecho un estudio allí y ha confirmado que estaban contaminadas”, confirmó a Marcha Inti Méndez, otro vecino del asentamiento.
La presión del interés del capital inmobiliario habría acelerado esta jugada por parte del poder político local. Frente a ello los vecinos han realizado una serie de asambleas. A través de la organización han logrado que Abel Barrati, el intendente local, escuche sus reclamos en una audiencia a realizarse el próximo lunes. “Vamos a escuchar la negociación con el Intendente pero de acá no nos vamos a ir”, ratificó Méndez.
Previo a este encuentro, los vecinos de Auca Lihuen han hecho una serie de presentaciones ante la Justicia por el fraudulento intento de desalojo. Al día de hoy esperan las respuestas del recurso de amparo presentado ante el Juzgado de Familia y Menores.
Ya una serie de organizaciones político sociales de Cippoletti, Río Negro y de diferentes puntos del país han hecho llegar su solidaridad y adhesión al reclamo de los vecinos. Aguardan la posibilidad de que tanto el gobierno local de Barrati como el gobierno provincial de Alberto Weretilneck cumplan en la garantización para los vecinos de Auca Lihuen de uno de los derechos constitucionales más básicos: el acceso a la vivienda.