Por Patricio Klimezuk. Hay conflictos que tienen la capacidad de reunir en torno suyo problemáticas de distinto cuño, algunas de ellas estructurales, de fondo, y otras que tienen que ver con el qué hacer cotidiano de la política. El conflicto en el que está inmerso el sindicato de los camioneros es un buen ejemplo de ello.
En ese sentido, la posición hegemónica del gobierno nacional permite que sus voceros y desde los medios de comunicación que lo apoyan se haya instalado el conflicto actual desde la perspectiva chiquita que da el ver, como se dice habitualmente, la foto y no la película. No hay que ser ingenuos y podríamos mencionar que desde el Grupo Clarín y otros de esa calaña se utiliza la situación para arriar agua para su molino. Pero es con la primera visión que es interesante discutir algunas cuestiones.
En primer lugar y en referencia a las problemáticas estructurales y de largo plazo, hay que mencionar que el crecimiento objetivo del sindicato de camioneros no puede deslindarse del desguace producido por el propio Estado del sistema ferroviario nacional, iniciado con las privatizaciones de principios de los `90 y nunca revertido, a pesar de numerosos anuncios estridentes y de cifras lanzadas al aire por distintos funcionarios de turno. Ni siquiera pareciera cambiar la política ferroviaria la tragedia acontecida en febrero de éste año en la Estación Once.
Los camiones ocuparon el espacio de los ferrocarriles, y la construcción de carreteras y rutas en los últimos años solamente colaboraron para alimentar el fenómeno. Es está una perspectiva que en los análisis que se realizan pasa permanentemente de lado.
Hace un tiempo conversando con el historiador inglés Daniel James, él comentaba que revisando en los papeles de la época de preparación de su celebre libro “Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976” no encontró ninguna referencia al sindicato de camioneros, a sus actividades, a alguna medida importante que haya tomado. En principio uno podría decir que el periodo en cuestión tampoco era de primacía de los camiones, pero de ahí a desconocer el proceso que se vivió en la Argentina en las décadas pasadas hay un paso grande.
Hay otras cuestiones que hacen a la esencia de la política que está desplegando el kirchnerismo que también habría que enmarcar en cuestiones de más largo alcance. Por ejemplo, la creciente fractura de las organizaciones sociales, políticas, pero más preocupante aún, de las gremiales. Un proceso que comenzó allá por el 2010, cuando se partió en dos la CTA (un dato que parece que en esta coyuntura tampoco nadie se atreve a mencionar, quizás porque la personería prometida en los primeros años del proceso quedó en eso, en promesas) pero que en los últimos tiempos se profundizó: en pocos días, el kirchnerismo, los máximos niveles dirigenciales del gobierno, legitimaron la propuesta de sectores minoritarios del movimiento estudiantil de creación de una federación paralela a la Federación Universitaria Argentina (también entre los sectores secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, donde la pelea es con el macrismo, se produjo una fractura en la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios) y en menos de un mes se definiría la división de la CGT.
¿Por qué decimos que es un tema estructural? Porque un gobierno que se reivindica –y subrayamos el se reivindica- popular, necesita de estructuras consolidadas para sostener las decisiones políticas que desea tomar, sobre todo aquellas que pudieran confrontar con los sectores dominantes. Más allá de las opiniones particulares que merezcan, ubiquemos aquí a la Ley de Medios y a la Resolución 125 (cabe recordar que el ahora enemigo, Hugo Moyano, fue de los pocos que salió a la calle en defensa del modelo ante el llamado, por el propio kirchnerismo, “proceso destituyente” cuando los sectores patronales lograron que las retenciones móviles no se convirtieran en ley).
Enmarcamos está política en una posición “hegemonista” y no hegemónica. Y explicamos: una posición hegemónica supone la primacía del consenso, logrando subordinar a distintos sectores sociales, pero siempre implica la asunción de parte de sus demandas, sin lo cual no podría obtenerse dicho consenso. Obviamente, en la política nunca desaparece del todo la fuerza, que puede utilizarse tanto para disciplinar a los propios como a los enemigos. Pero la posición “hegemonista” supone la mera subordinación del otro simplemente porque yo soy o supongo ser el fuerte e implica la imposición de mis posiciones y planteos por la fuerza, so pena de ruptura de las organizaciones en cuestión. Implica desconocer al otro, sus planteos, su tradición en la organización y su posición de fuerza relativa.
Hay que ubicar en esta vertiente los movimientos del kirchnerismo. Es una preocupante actitud sobre todo en las organizaciones gremiales, que los sectores sociales crearon para la defensa de sus derechos. Las debilita, pero sin darse cuenta, termina debilitando al propio proceso que se busca defender.
Dos aspectos más a tratar, el primero de ellos, lo anteriormente mencionado de la CTA. Si en algún momento se pensó cargar contra Moyano, lo que perfectamente se podría haber hecho en 2003 cuando estaba deslegitimado y no ahora, después de años en los que fue el propio kirchnerismo el que colaboró a limpiar su imagen, se necesitaba un modelo alternativo de central, consolidado, activo, y no en intentos parciales de recomposición después de que fue el kirchnerismo el que se metió en la interna y logró fracturar la central.
El otro dato: la historia nos enseña que al gobierno de Perón lo destituyó un golpe militar en 1955. Tres meses antes, la aviación de la Armada había intentado lo mismo, en un hecho trágico del que se desconoce la cantidad de muertos que hubo. Algo que siempre sorprendió, al menos a quién estas líneas escribe, fue que la CGT haya reaccionado con la pasividad que lo hizo, cuando meses antes había propuesto y le había pedido a Perón armas para defender el proceso. No busco ser agorero y no digo que estemos en una etapa similar, pero cuando se destruye o se subordina a las políticas gubernamentales a las organizaciones sociales, políticas y sobre todo, a las gremiales, el saldo puede ser desastroso.