El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió por decreto disolver la Asamblea Legislativa y ordenar la militarización de las calles. Dialogamos con Alejandra Santillana Ortiz, investigadora, que afirmó que “el gobierno por decreto profundiza el paquete neoliberal, el ajuste estructural y la dependencia con el FMI”.
Por María Eugenia Waldhüter
Ayer, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, compareció ante la Asamblea de Juicio Político en su contra para investigar los hechos de corrupción que lo involucran. Estaba previsto que el próximo sábado, el Parlamento votara en favor o en contra de su destitución; sin embargo, a las 5 de la mañana emitió el Decreto 740 por el que activó la facultad conocida como “Muerte Cruzada” y resolvió disolver la Asamblea Legislativa y ordenar la militarización de las calles. Alejandra Santillana Ortiz, investigadora e integrante de Ruda Colectiva Feminista, se refirió al contexto de las últimas horas en el Ecuador.
¿Qué implica el recurso de “Muerte Cruzada” por parte del Ejecutivo?
La “muerte cruzada” es un mecanismo que puede utilizar tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, en momentos de crisis y de conmoción interna. Recordemos que en junio del 2022, la Asamblea Nacional convocó a un proceso de “muerte cruzada” para destituir al presidente Guillermo Lasso, sin embargo, no hubo los votos necesarios y la Asamblea sólo tiene una oportunidad de hacerlo en este periodo. El presidente ahora está utilizando ese mecanismo que es constitucional, pero se está debatiendo el carácter de los argumentos del decreto, porque no hay conmoción ni crisis interna que amerite una “muerte cruzada”, solamente un juicio político. La “muerte cruzada” implica la disolución de la Asamblea, gobierno por decreto y llamar anticipadamente a las elecciones.
En función de esto, ¿se puede interpretar este recurso impuesto por Lasso como un golpe de Estado?
Esto es más parecido a un autogolpe, es decir, que en un contexto donde probablemente estaban los votos para la destitución del presidente, él activó el mecanismo de “muerte cruzada” que le permite que no lo destituyan inmediatamente y gobernar por decreto. Esto puede ser leído como un autogolpe en Ecuador, que además tiene respaldo de las Fuerzas Armadas, y esto es muy grave para un proceso democrático.
Que las Fuerzas Armadas respalden al presidente y que además, se haya activado semanas atrás el decreto 730, que fortalece, profundiza y endurece la persecución, ya que varios funcionarios nos han dicho que terroristas son quienes intenten desestabilizar el orden, entonces ahí están los narcos y sicarios, pero también los movimientos sociales y toda la gente que le dé la gana poner. Entonces, hay algunos espacios que están considerando esto como un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el mecanismo está contemplado constitucionalmente, pero con el problema de que no habría causales reales y constitucionales para aplicar la muerte cruzada.
Después del Paro Nacional de 2022 al que hiciste referencia y también considerando el rol clave que juega la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ¿qué se puede esperar que suceda con los pueblos y las diferentes organizaciones sociales?
A partir de esto creo que es fundamental escuchar el pronunciamiento de la CONAIE que tienen Consejo Ampliado, Consejo Extraordinario, Consejo de Gobierno, Consejo Político, reunión con el conjunto de asambleístas de Pachakutik y a partir de eso tendremos mucha más claridad de qué es lo que propone la CONAIE en un contexto tan complicado.
Efectivamente, nos libramos de un presidente banquero, neoliberal, poco empático con la situación del pueblo que nos ha traído todas las violencias posibles. Sí, se puede celebrar eso, pero al mismo tiempo el gobierno por decreto profundiza el paquete neoliberal, el ajuste estructural y la dependencia con el Fondo Monetario Internacional y obviamente, el proceso de acumulación de ciertos grupos económicos vinculados sobre todo a la banca, al capital financiero y al mundo agroexportador. Sin embargo, también es un escenario muy complejo para el campo popular organizado, precisamente por el Decreto 730, pero también porque significa nuevamente entrar a una serie de discusiones en clave electoral. Sabemos que por la experiencia del Perú y otras, que cuando se activan este tipo de escenarios, las maquinarias electorales tienen muchas más posibilidades de funcionar que las organizaciones sociales que requieren más tiempo de debate y de acuerdo interno.
Entonces, en un contexto en donde se llama a elecciones en 90 días, es muy difícil que el campo popular pueda articular, aunque tal vez sí es necesario juntarse, reactivar la Asamblea del Poder Popular convocada por la CONAIE y de las organizaciones que estuvieron en el Paro. Sabemos que hay otras fuerzas políticas que están llamando a un gran acuerdo nacional, habrá que esperar en las siguientes horas qué es lo que se puede hacer, pero en todo caso éste es un escenario muy complejo y recordemos que, además, es uno donde se tienen que lanzar y que se tienen que dar dos consultas que son fundamentales ya que en un escenario electoral de elección presidencial y asamblearias también están sobre la palestra las consultas ecologistas y fundamentales para este país.
Una es la consulta por el Yasuní, que lleva 10 años de una lucha colectiva desde los pueblos y nacionalidades amazónicas que defienden los territorios de la expansión petrolera, y que nos está preguntando si queremos o no dejar el petróleo bajo tierra. Es una consulta que fue ganada hace una semana ya que finalmente, tenemos la posibilidad de que todo el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor o en contra de la consulta y que pongamos en debate la discusión del extractivismo a nivel nacional y de la dependencia petrolera, del modelo injusto y desigual para los territorios, ya que, a pesar de que tenemos petróleo, que sea o más o menos caro o que tengamos más o menos renta extractiva, los problemas del país no se han resuelto y se ha seguido deteriorando territorios. Y la otra consulta es local, de Quito sin minería, en donde también nos tienen que preguntar si estamos de acuerdo o no con que se prohíba la minería y a las distintas escalas. Esas dos consultas son también parte de la coyuntura política y nos pueden dar algo de esperanza en este momento.
En este escenario la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos hizo un llamamiento público alertando sobre los riesgos que representa el decreto y la militarización. En sus redes sociales advirtieron que al activar esta facultad el Ejecutivo, al disolver la @AsambleaEcuador, evitó que ésta realice su misión constitucional de fiscalizar al Presidente de la República – @Presidencia_Ec – de acuerdo con el dictamen de la @CorteConstEcu No. 1-23-DJ/23 que dio paso al legislativo al #JuicioPolítico.
Así mismo, el comunicado señala que:
Previo a la #MuerteCruzada, @LassoGuillermo, mediante Decreto 730, dispuso a las @FFAAECUADOR realizar operaciones militares contra “personas” y “organizaciones” terroristas.
Un serio riesgo para #DDHH cuando el poder legislativo y ejecutivo se concentra en una persona.
El hilo de Twitter también advierte que:
En un contexto de concentración de poder y militarización que vive #Ecuador, ALERTAMOS de las violaciones de derechos que puedan producirse en contra de personas defensoras de #DerechosHumanos, manifestantes y opositores políticos.
Por último, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alerta sobre la necesidad de un control constitucional del decreto.