El presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que tuvo pocas sorpresas y muchas fórmulas repetidas, con la excepción de dos grandes anuncios: el aborto legal, seguro y gratuito y la apertura de los archivos clasificados del atentado a la AMIA.
Por Redacción Marcha | Foto de de Juan Noy y Rolando Andrade
En un domingo soleado y con un público reducido que acompañó frente a las puertas del Congreso, soportando el intenso calor, el Presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias escoltado por la Vicepresidenta, Cristina Fernández, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Con un discurso plagado de vueltas retóricas y frases que ya desplegó a lo largo de sus primeros meses de gestión, Fernández inició describiendo el estado lamentable de la economía heredada de 4 años de macrismo: inflación récord de 54%, desempleo que roza los dos dígitos y tarifas impagables, por nombrar solo algunas.
Hizo especial hincapié, a lo largo de todo el discurso, en la importancia de recuperar el valor de la palabra y en la necesidad de la solidaridad y la política. A casi tres meses de gobierno, el Presidente enumeró las primeras medidas en materia económica (que apelan a la solidaridad de lxs trabajadorxs) con incrementos de salarios y jubilaciones por decreto, bonos de emergencia, doble indemnización hasta junio, rebajas en medicamentos, suspensión de los aumentos de tarifas. También se refirió al Plan Argentina contra el Hambre, que fue una de las propuestas de campaña que se puso en marcha como “una cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en comercios de proximidad, para que la inyección de más de 70 mil millones de pesos anuales (más de 1.000 millones de dólares) que representa la tarjeta AlimentAR quede en los pueblos de nuestra Patria”.
Mientras el presidente propuso un Nunca Más al endeudamiento y que se revise el origen de la deuda, reconoció que están avanzando en las negociaciones con el FMI y los acreedores privados. Agradeció al Papa y a los y las mandatarias de los países centrales que le dieron respaldo a la renegociación de la deuda y afirmó que “no vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria”.
Entre las leyes que se impulsarán se encuentran las referidas a las de extractivismo en minería e hidrocarburos como propuesta de desarrollo para las regiones. También destacó el impulso a una ley de economía de conocimiento para sectores intensivos en conocimiento, como software, biotecnología y robótica, en consonancia con el reimpulso al CONICET y a las políticas de fomento a la investigación.
Un sector que esperaba en tensión los anuncios legislativos fue el sector de productores agropecuarios. Sobre la Ruta 9, a la altura de San Pedro, un grupo de productores se manifestó en actitud amenazante frente a la probabilidad de que fueran afectados sus ingresos. El Presidente, luego de enumerar algunas políticas para favorecer al sector, y con mucho cuidado, expresó: “hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos”, haciendo hincapié en que se preservan las condiciones para los pequeños productores.
Entre los anuncios sorprendentes quizás se puede mencionar la Ley de “Capitales Alternas de la República Argentina” que busca promover la descentralización administrativa y la equidad territorial. Sin embargo, no se mencionó la palabra federalismo, consagrada por nuestra Constitución.
También en materia de seguridad interior se hicieron anuncios, al decretar la intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y derogar el secreto de los gastos reservados para tales fines, además de sumar a la Sindicatura General de la Nación para el control de la administración de la Agencia.
Entre los anuncios más importantes quizás se pueda destacar que se promueve la desclasificación de los archivos de los testimonios de los agentes de inteligencia vinculados al caso AMIA y la presentación, en 10 días, de un proyecto de ley para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
¿#AbortoLegal2020?
El anuncio recibió el aplauso de pie en una sala legislativa repleta de pañuelos de la libertad. En su primer discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que en los próximos 10 días enviará al Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, según afirmó. Aunque todavía el activismo feminista no conoce los detalles de la iniciativa que enviará el Poder Ejecutivo, lo anunciado por Fernández tendría como objetivo la legalización de la práctica, al igual que el proyecto que obtuvo sanción de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2018, que la permitía hasta la semana 14 de gestación inclusive, reconocida como derecho en el sistema de salud.
“La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social sucede más allá de las normas. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida”, agregó Fernández.
Es la primera vez en la historia de un país (y una región) presidencialistas que un titular del Poder Ejecutivo asume la responsabilidad institucional, la voluntad política y el desafío histórico de despenalizar y legalizar el aborto. De reconocer un derecho que no está en discusión, de saldar una deuda de la democracia con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Sin dudas, se debe a los 15 años de lucha de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que saludó las palabras de Fernández y exigió, de cara a un nuevo debate, que este texto retome los derechos fundamentales que su proyecto de ley pretende garantizar. “Nuestro Proyecto es un proyecto de vida”, afirmaron durante toda la mañana desde las redes sociales. Hace dos años, el activismo por el derecho a decidir reclamaba políticamente el debate. Con este anuncio, lo que se encuentra en disputa es el texto de una Ley que podrá ser producto de un Estado que decidió proponer como política pública el mayor consenso del movimiento feminista.