Por Rodrigo Luna. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció, en boca del Ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, que pagará el medio aguinaldo en cuatro etapas. El pago a los 550 mil trabajadores implicados será en montos fijos, uno cada mes. Además, se reducirán las horas extras, disminuirán las obras públicas y se pagará con bonos deudas con proveedores provinciales.
La reacción sindical de repudio a la medida fue rotunda e inmediata: el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, anunció una masiva “jornada provincial de lucha con paro, movilizaciones, cortes de rutas y calles en toda la provincia” que se desarrolló en el día de ayer. El epicentro fue la ciudad de La Plata. La medida fue acordada con CICOP, gremio de los profesionales de la Salud, el gremio legislativo, y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Los docentes también se expresaron en repudio a la medida: CTERA paro y movilizó (a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal) el mismo miércoles y desde el Frente Gremial Docente integrado por los gremios SUTEBA, FEB, UDA, AMET y SADOP se lanzó un paro para el viernes. A su vez, el gremio UDOCBA, parte de la CGT, llama a parar jueves y viernes. El clima es tal que no se descarta que los docentes finalmente paren por 72 horas.
Las paritarias estatales de la provincia cerraron con magros aumentos (menores al 20%) y con la promesa de una reapertura que nunca ocurrió. Los salarios de muchos de los trabajadores provinciales hoy están por sobre el tope para el cobro de asignaciones familiares o son gravados por el impuesto a las ganancias. A su vez, las conflictivas paritarias docentes a nivel nacional y los ofensivos ataques públicos de la presidenta para con las organizaciones gremiales que los representan, completan un panorama de agitación notoria que se traduce en la veloz multiplicación de enérgicos rechazos a las medidas del equipo sciolista.
Oscar de Isasi declaró a Marcha que “el gobernador decidió elevar a la legislatura provincial un presupuesto 2012 de neto corte de ajuste neoliberal. Ese presupuesto disminuía las partidas para las políticas sociales, comparadas con los fondos que se tuvieron en 2011, y lo mismo hacía con las partidas destinadas a personal. Sin embargo, aumentaba alrededor de un 120% lo destinado al pago de la deuda pública a organismos internacionales y al Estado nacional”.
Los números de la provincia alarman: según la consultora abeceb.com “faltan como mínimo cerca de 7.430 millones de pesos para que cierren las cuentas fiscales en 2012”. El último giro del Gobierno Nacional (de 1.000 millones de pesos) reduce sólo un porcentaje del déficit provincial.
Los voceros del oficialismo provincial afirman que su gestión no es el problema, si no que se combina, por un lado, un déficit estructural (que tiene que ver con la potestad sobre la recaudación impositiva, y una posición desventajosa en la distribución de fondos de la coparticipación); y, por otro lado, las negativas del gobierno nacional de enviar los fondos necesarios para afrontar gastos corrientes.
Alejando Arlía, Ministro de Infraestructura de la Provincia, explica: “Si nos restituyeran los 8 puntos que por coparticipación cedió la provincia durante el gobierno radical (entre 1983 y 1987) y se descongelara el fondo del conurbano, no habría déficit fiscal”.
El Ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, en conferencia de prensa y en clave política, se encargó de responder: Desde comienzos de año la provincia recibió 4.300 millones de pesos de la Nación; entre 2003 y 2011 los recursos girados a territorio bonaerense bajo todo concepto aumentaron 583 por ciento; junto a la asistencia financiera directa y recursos de la coparticipación, el monto total transferido en 2011 fue de 136 mil millones de pesos, cifra superior a todo el presupuesto provincial. Completando su diatriba económica expresó: “Hoy más que nunca necesitamos que los gobernadores, y especialmente el de la Provincia de Buenos Aires contribuyan administrando con responsabilidad”.
En simultáneo, el ministro de planificación Julio De Vido, se reunía con intendentes de Buenos Aires intentando reafirmar las lealtades políticas, y la estructura de poder al interior de la provincia, intentando alejar a Scioli de su base territorial. Baldomero “Cacho” Álvarez, integrante de la Juan Domingo, agrupación sciolista, afirmó días atrás que Mariotto “se la pasa viajando por toda la provincia y su actitud obedece a la creación de una estructura que le posibilite alcanzar la gobernación”.
La interna peronista y las disputas Mariotto – Scioli en la gestión de la Provincia ya resultan evidentes, y, en un clima de creciente conflictividad social por la desaceleración de la economía y las políticas de ajuste encaradas por los gobiernos provinciales y el nacional, los (des)equilibrios y disputas de poder recrudecen.
Como es lógico esperar, a Scioli lo van tironeando desde diferentes espacios (en general agrupados a la derecha del kirchnerismo) para que rompa con el oficialismo y sume todo lo que éste ha dejado afuera. Pero no parecería ser el momento de rupturas. En el futuro, éstas dependerán de la amenaza que representen figuras políticas surgidas por fuera del partido dominante.
Por lo pronto, en estas semanas la interna peronista parece haberse llevado por delante la agenda pública y los conflictos a su interior se confunden con el conjunto de la política. Aún no puede afirmarse con seguridad que los bandos están consolidados y de a poco se irán dilucidando las alianzas tejidas de la cara a las elecciones del año entrante. Lo que es evidente es que las disputas intra-peronismo no expresan (aún) una confrontación ideológica y que allí no está en debate el modelo de país que hoy se ajusta y sacó a la calle a miles de trabajadores estatales organizados que deben pagar el impuesto a las ganancias que no pagan los banqueros.