Por Julia de Titto. El día de ayer se aprobó en el Senado de la Nación la Ley de Identidad de Género que permite que la identidad autopercibida de las personas se exprese en el DNI y en acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas.
La plaza de los Dos Congresos parecía por momentos un festival, por otros una tribuna en silencio escuchando las intervenciones de senadores y senadoras. Los gritos de alegría recordaban los goles de alguna final de fútbol. Travestis, transexuales, y transgénero se sentían, en esa vereda, en esa calle, como si alguien estuviera, por fin, teniendo un gran acto de justicia hacia ellos y ellas. Es que así lo fue. Para las decenas de organizaciones LGBTTTI, políticas, sociales y activistas independientes que hace tiempo vienen pugnando por este derecho, así lo fue.
“No somos personas que necesitemos pasar por un psiquiatra ni por un psicólogo, más que tomar la decisión sobre nuestros propios cuerpos” declaró Noelia Luna, de la organización Miser a Marcha. “Creo que el cuerpo de una persona trans es su identidad original”, definió, mientras se apresuraba a acercarse a una de las dos pantallas gigantes que había instaladas en la plaza para poder seguir el debate.
La Ley se aprobó sin ningún voto en contra y con una sola abstención. En la Cámara de Diputados, se había aprobado el 30 de noviembre pasado con 167 votos afirmativos. Lohana Berkins, militante travesti de la Cooperativa Nadia Echazú e integrante del Frente Nacional por una Ley de Identidad de Género (FNLIG) afirmó que “el Senado demostró estar a la altura del gesto histórico de la Cámara de Diputados, ya que sin la real inclusión de travestis, transexuales y trans no hay democracia e igualdad posibles”.
El precedente de la Ley de Matrimonio Igualitario aprobada en 2010 marcó un antes y un después en la conquista de derechos, y también sacó a la luz pública a miles de activistas y organizaciones que venían planteando las problemáticas de la comunidad LGBTTTI hacía tiempo. La conformación del FNLIG sin duda tiene como elemento fundante esa gran victoria del movimiento.
La ley aprobada establece que toda persona tiene derecho a modificar la forma en que se registra el sexo en la documentación legal cuando no coincida con la identidad de género autopercibida, con el único requisito de ser mayor de 18 años. El trámite se podrá efectuar sencillamente en el registro nacional de las personas. Además, garantiza el acceso a “intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. Al respecto, distintos activistas la han definido como de avanzada en todo el mundo. La ley explica a la identidad como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente”.
“Este cambio es un cambio cultural y de inclusión social. Creo que por primera vez esta democracia empieza a reconocer que todos los actores de la sociedad hemos sido vulnerables, hemos sido invisibilizados”, reflexionó Noelia Luna. Y agregó: “este cambio cultural, este cambio legislativo, va a hacer que todas las personas travestis y transexuales del país dejemos de ser patologizadas y que dejemos de creer que algo falla en nuestro organismo”.
Francisco Quiñones, del Bachillerato Popular Mocha Celís afirmó, en diálogo con Marcha: “Hoy el Estado reconoció a una gran parte de la sociedad que está por fuera de los derechos y eso va a empezar a cambiar la mirada que tiene gran parte de la sociedad respecto a las personas travestis, transexuales, transgénero e intersex. Pero hay que trabajar intensamente para que todos los ciudadanos y ciudadanas hagamos un gran cambio cultural”.
El Bachillerato Popular lleva el nombre de una travesti que fue desaparecida y asesinada por la policía. No sabía leer ni escribir. Su historia quizás condensa la situación de vida de un colectivo cuyo promedio de edad no suele superar los 35 años. La aprobación de la ley y su aplicación en todo el sistema de políticas públicas es un punto de quiebre en las condiciones de vida concretas de las personas trans. Como declaró Diana Sacayán “Hoy el Congreso tuvo la posibilidad restituir nuestros derechos y dejar atrás el pasado de persecución, exclusión y olvido”.