Por Nicolás De la Barrera
El caso de Agustín, el niño que falleció a causa de los golpes de su padrastro, llevó al Gobierno de la Ciudad a desplazar de su cargo a la directora y docente del establecimiento educativo al cual asistía. Quién educa a quién en la política educativa macrista.
El 8 de junio, Agustín fue al jardín con algunas lesiones físicas. Su familia justificaba con certificados médicos que eran accidentes, pero en verdad eran golpes de su padrastro. ¿Qué hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Separar del cargo a su maestra y a la directora. Inmediatamente los sindicatos docentes pararon y toda la comunidad educativa se solidarizó con las docentes desplazadas. En entrevista radial con el programa La Revancha, María Isabel Grau, Secretaria de Prensa de Ademys, afirmó que los docentes sienten “que esto le podría haber pasado a cualquiera, porque la realidad es que hay muchos potenciales Agustines”.
La vocera del sindicato docente además anunció que podrían repetir el paro que la semana pasada llevaron adelante en rechazo a los alejamientos. La medida de fuerza se concretaría en los primeros días de agosto, luego del receso de invierno, indicó.
Grau explicó que todas las semanas reciben casos de violencia intrafamiliar aunque las y los docentes muchas veces no cuentan con las herramientas para realizar una atención integral de cada caso. “Los gabinetes psicopedagógicos son inexistentes y los equipos de orientación escolar están muy mermados, justamente por la política que desarrolla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación porteño”, afirmó la directiva de Ademys.
El conflicto entre las docentes y el gobierno porteño se desató luego de que una maestra y una directora del Jardín de Infantes N°2 de Flores fueron separadas de sus cargos después de que Agustín, un niño que concurría a la sala de cinco del establecimiento, fue asesinado a golpes, presumiblemente por su padrastro. El gobierno justificó la medida al argumentar que desde el jardín no hubo un parte de información oficial del cuerpo docente que advirtiera sobre la posibilidad de que el niño pudiera ser víctima de violencia familiar.
La responsabilización que se hizo sobre la maestra y la directora “es algo visto como una injusticia y una arbitrariedad absoluta y por eso la comunidad educativa sale a defender con tanta fuerza a estas docentes, en las que nos sentimos identificados todos”, sostuvo.
La representante de Ademys además cuestionó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri, porque con la medida de apartar de sus cargos a las trabajadoras “busca esconder que no se han desarrollado políticas sociales serias que atiendan a las problemáticas que existen y que son muy profundas”. La profesional describió que hay un “vaciamiento” de los equipos de orientación escolar integrados porque profesionales como asistentes sociales y psicopedagogos/as atienden las demandas de las escuelas. “Hace tres años había 360 profesionales para todas las escuelas de todos los niveles de la Capital Federal y hoy existen solamente 130”, agregó.
La portavoz de las y los docentes también se encargó de rechazar las declaraciones del ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, quien había dicho que “el único garante de la vida” del niño asesinado era la escuela. Grau calificó las palabras del funcionario como “una barbaridad”. “Es poner a la escuela y a las docentes en una nivel de responsabilidad que es del Estado. Es terrible como el ministro se desliga de sus responsabilidades de funcionario público”, sostuvo.
Grau describió que las y los docentes desempeñan su trabajo con grados superpoblados, insuficiencias salariales y de materiales. “Se pretende que con esas pobrísimas condiciones seamos los garantes nosotros de los derechos de los niños. Es una falta de respeto porque todos los que trabajamos todos los días en la escuela pública conocemos el estado en el que están”, enfatizó la gremialista.
En este contexto la escuela pasó a ser un lugar de contención para niños, niñas y adolescentes que concurren. “A pesar de esto las maestras y los profesores intentamos desarrollar una práctica pedagógica, de aprendizaje y de enseñanza que permita que la escuela cumpla su verdadero papel”, indicó.
Al final, la docente afirmó que continuarán con las medidas de fuerza y que probablemente se concrete un nuevo paro en la primera semana de agosto, luego de la finalización de las vacaciones de invierno. “Esta lucha que no se termina hasta que las docentes estén nuevamente en la escuela”, adelantó Grau, quien además subrayó que el reclamo también incluye la eliminación de los sumarios que les iniciaron a la maestra y a la directora involucradas. “Nosotros decimos no al sumario y por la restitución inmediata de las docentes”, concluyó enfáticamente.
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