A 26 años del secuestro, tortura y asesinato de Agustín Ramírez, sus familiares realizaron un Juicio Popular en la UnQui. La justicia social condenó a la Policía Bonaerense por “crimen de lesa humanidad”. Piden presentar el informe ante la CIDH.
En la Universidad de Quilmes (UnQui) hoy se estudia, pero hace tiempo atrás en eses mismo lugar, la clase obrera trasformaba su fuerza de trabajo en producción. Eran otros tiempos. Era una fábrica. Sin embargo, es como si esas altas paredes construidas con ladrillos añejos guardaran para todos parte de esa fuerza.
Aparecen y se mezclan con el estudiantado universitario las demandas populares de la historia de los barrios. Aquellos que se fueron formando en la lucha y el trabajo durante los tiempos que la fábrica -donde hoy se encuentra la universidad- dejaba de funcionar y empezaba a generar trabajadores desocupados. De alguna manera, esa clase trabajadora despojada del sistema productivo por los años de la dictadura y el neoliberlismo más duro, el pasado jueves 5 de junio volvió a la fábrica.
Esos trabajadores militantes de los años 80, que se fueron generando desde los barrios -en una lucha permanente y de resistencia para mejorar la vida de quienes empezaban a quedar por fuera del reparto- volvieron a estar entre estas paredes. Hoy ya no es una fábrica, es una universidad, pero sin dudas es muy buen lugar para homenajear a Agustín Ramírez, al cumplirse 26 años de su asesinato. Él era un joven militante popular, cristiano, de Solano, barriada del sur del conurbano bonaerense. Con veintirés años, pelo largo y morral, dirigió -junto a otros, pero fundamentalmente al padre Raúl Berardo, organizador de las Comunidades Eclesiales de Base y adscripto a la teología de la liberación- las primeras tomas de tierras de la Argentina, desde 1981 en adelante, en Quilmes y Almirante Brown.
En esta oportunidad la vuelta de las clases populares a la fábrica y a la universidad fue para organizar un Juicio Ético y por la Verdad, para lograr justicia ante este terrible hecho. La Masacre de Budge en el año 1987 y el crimen de Agustín en 1988, configuran los dos primeros casos testigos más resonantes de asesinatos por gatillo fácil y de militantes populares por parte de la maldita policía ya entrada la democracia.
El Tribunal, los testigos, la querella, las defensas, el fiscal
Alfredo Grande, psiquiatra y dramaturgo, fue el presidente de un Tribunal compuesto por Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), el Obispo Metodista Emérito Aldo Echegoyen, Daniel Goldman de la Comunidad Betel, y el párroco de Nuestra Señora de las Lágrimas, Féliz Gibbs. Dio comienzo y coordinó las distintas etapas del juicio el secretario Alejandro Bois. Mientras tanto, el Fiscal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, interpelaba a distintos testigos. Sin dudas que todos los relatos fueron muy importantes. Algunos más emocionantes que otros. En esta dimensión se encuentran las exposiciones de Francisca Quintana, la mamá de Agustín, que es una luchadora incansable. Muestra la fuerza de una madre, que busca sin cesar que haya justicia por la muerte de su hijo. El relato de los hermanos, casi que se puede emparentar con el de algunos de los amigos y compañeros de militancia en aquella juventud barrial.
La valoración a la militancia de Agustín y su lucidez y capacidad, para comprender el momento que se estaba viviendo, y encontrarle salidas organizadas, era el hilo conductor que unía las declaraciones. Además el reconocimiento como persona, como ser humano, un ser especial. Dolor y ansias de justicia emanaban de los sentimientos de cada testigo que conoció a Agustín.
También hubo otros que fueron llamados a testimoniar. Uno de ellos fue Luis Brunatti, quien fuera Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante el asesinato. Su declaración aportó a dejar en claro que en ese momento la Policía Bonaerense no obedecía a los mandos del poder político: “Hay que tener en cuenta las circunstancias. No es que una vez recuperadas las instituciones, que automáticamente funciona todo en la democracia. Los policías en ese momento eran los de la dictadura. Los jueces durante años son los de la dictadura y muchos funcionarios son los de la dictadura. En este tiempo si bien se encuentran vigentes las instituciones en términos formales, no es así en la realidad. La realidad era hostil. Yo era Ministro de Gobierno, en ese momento era un superministerio. Agrupaba una cantidad de cosas. Pero no podía dar seguridad ni a nuestras propias familias”. A su vez fue llamado a declarar Francisco “Barba” Gutiérrez, actual Intendente de Quilmes. Sus dichos, que estuvieron en consonancia con los de Brunatti, hicieron que el presidente del Tribunal pregunte al testigo cómo evalúa ahora su relación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires; a lo que el “Barba” Gutiérrez respondió que es “uno de los deberes del funcionario político. Hay sectores de la policía que no responden a las decisiones políticas de los sectores civiles del poder”.
El aporte de Sandra Raggio, de la Comisión Provincial de la Memoria, estuvo relacionado a lo encontrado en los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), de donde surgen pruebas contundentes acerca de cómo era investigado Agustín en los tiempos de su muerte. Sobre lo que revela la documentación, Raggio destacó: “Los datos encontrados en los archivos de la DIPPBA dejan totalmente claro que la actividad de la policía apuntaba al control social y a la persecución política. Es muy importante cómo piensan el asesinato y luego cómo investigan, qué fuerzas políticas estaban alrededor de Agustín en los barrios, en el contexto. El seguimiento sistemático sigue existiendo hasta que en el año 1998 es intervenida. Un documento de estos archivos, del 95, se refiere a Agustín como abatido por las fuerzas policiales. La palabra abatido es muy singular, es un término de guerra. Habla de enfrentamiento. Lo que nos muestra también que para la Dippba no había cesado la lucha contra la subversión”.
El veredicto
Ya sobre el final del Juicio, el presidente del Tribunal dio el veredicto: “Se constituye este Tribunal en el Juicio Ético Por la Verdad y Justicia por el Delito Agravado hacia la Policía de la Provincia de Buenos Aires como Institución. Esta información puede ser utilizada en otras actuaciones judiciales. Este asesinato junto con los de Ingeniero Budge, como los de Miguel Bru, Maximiliano Kosteki, Dario Santillán, Mariano Ferreyra, Luciano Arruga y otros crímenes que fueron producto de persecuciones sistemáticas a los jóvenes, son el concreto antecedente que demuestra el grado sistemático de la actuación policial. Esta situación le da la categoría de Lesa Humanidad. El Tribunal pronuncia sentencia en relación a este crimen condenatorio a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por el delito mencionado: Calificar el hecho como Delito de Lesa Humanidad. Que se reabra la causa. Formular denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Sin dudas que ante la falta de justicia formal, la Comisión de Familiares y Amigos de Agustín Ramírez organizó la justicia popular, donde se condena socialmente a los culpables. Más de cuatrocientas personas aplaudieron y ovacionaron la sentencia, con las expectativas puestas en la presentación de toda la documentación producida en este proceso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Interpelación importante que puede abrir una invalorable ventana que empuje al Estado Argentino a reabrir la causa, y se juzguen las responsabilidades de los culpables bajo el delito de Lesa Humanidad, categoría que generará un incomparable precedente para causas faltas de justicia como por ejemplo los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki hace 12 años en Avellaneda, también en el sur del Gran Buenos Aires.