Por Orlando Agüero. Se cumplen 26 años del asesinato de Agustín Ramirez sin justicia. Ante la indiferencia, el 5 de junio se realizará un Juicio Ético y Popular para condenar a los culpables.
Agustín Ramírez fue líder en las tomas de tierras durante la década del ´80 en San Francisco Solano, al sur del conurbano bonaerense. Como respuesta a la falta de justicia en el caso, la Comisión de Familiares y Amigos, organiza un Juicio Ético y Popular el próximo 5 de junio, en la búsqueda de reabrir la causa para que paguen los culpables.
Agustín Ramírez era correntino, vivía en Solano y tenía 23 años cuando agentes de Policía de la maldita bonaerense lo mataron para proteger los negocios inmobiliarios de las mafias que se beneficiaban con los bienes públicos.
Agustín era un joven militante social de las Comunidades Eclesiales de Base y dirigía un periódico barrial llamado “Latinoamérica Gaucha”. Era objetor de conciencia y formaba parte del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO). Su militancia aportó a resolver parte del problema de tierra y vivienda a centenares de familias que fueron sistemáticamente olvidadas por el Estado. Es así que fundó y levantó un número importante de barrios, los históricos asentamientos en los puntos limítrofes entre Quilmes y Almirante Brown. Fue el primer militante popular secuestrado, torturado y asesinado en democracia. En el presente, sus familiares, compañeros y amigos, lo recuerdan organizando un Juicio Ético y Popular el jueves 5 de Junio desde las 15 horas, día en que se cumplen 26 años, en el Gimnasio de la Universidad de Quilmes
El militante social
Agustín perteneció a una camada de militantes que supo soportar, en su juventud adolescente, a la dictadura militar, la reciente democracia y la maldita policía en los barrios. La militancia barrial de los ’80 en San Francisco Solano como en otros barrios del sur del Gran Buenos Aires, proponía por fuera de las estructuras conocidas organizarse desde abajo, desde el centro mismo de las necesidades populares para transitar un camino nuevo.
Desobediente de reglas que regulan el acceso a tener la casita donde poder vivir. Rebelde ante la injusticia del padecimiento de miles de familias que no poseen casa, mientras alrededor mismo de esta tremenda demanda social se exponen cientos, tal vez miles de hectáreas abandonadas, ociosas y olvidadas, ante las miradas de los siempre excluidos de la sociedad: los más pobres, hombres y mujeres del interior del país y de países limítrofes. Pieles morochas, rasgos originarios, rostros que resumen siglos luchas, resistencias y sufrimientos.
La fría noche del 5 de junio en Solano, las balas de la muerte encontraron a Agustín y a Javier Sotelo, otro pibe del barrio. Sin dudas la orden había sido terminar con la vida de Agustín. A partir de ahí, empieza una lucha por justicia que se extiende hasta el día de hoy. Una justicia que nunca llegó. Los gobernantes por aquel momento eran como Intendente de Quilmes, Eduardo Camaño, como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero y en la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín, cumpliendo su último tramo. Ninguno supo dar respuestas a tan grave hecho. Tampoco el Poder Judicial supo resolver el caso.
Juicio Ético y Popular para Agustín
En tanto el poder judicial como el poder político, no den respuestas a la demanda de justicia de familiares, compañeros y amigos, las alternativas populares para encontrar respuestas empiezan a emanar desde la creatividad del pueblo. Por eso es que a 26 años de su asesinato, y a 16 años de que se haya archivado la causa judicial, esa imaginación popular toma la experiencia de los organismos de derechos humanos que mientras no se enjuiciaba a los responsables del Proceso Militar, los Juicios Populares los condenaba socialmente. Es decir que a pesar de estar cerrada la causa, el Juicio Ético y Popular pone en un primer lugar un caso que abre una triste lista de militantes populares asesinados en democracia.
Sin dudas que la falta de justicia en este caso, aporta a cubrir de impunidad el resto de los crímenes cometidos por el Estado y sus fuerzas represivas en tiempos democráticos. Los resabios de la última dictadura, enquistados en la policía bonaerense, colocan a esta fuerza en un lugar principal en el banquillo de los acusados.
En ese marco, la Directora General de Promoción y transmisión de la Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, entregó a los familiares de Agustín, legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), gestionado por la CPM desde el año 2001, con el objetivo de aportar al esclarecimiento de los hechos. El legajo, 279/10, caratulado como “Homicidio de Javier Santos Sotelo y José Agustín Ramírez” condensa un informe de la DIPPBA de Lanús, en la que se refieren a Agustín Ramírez, como “uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedicaba a captar carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos”.
“Los policías se tomaron el trabajo de hacer croquis y cuadros relacionales, recolectaron volantes y afiches de convocatorias a marchas, y hasta conservaron notas emitidas en la prensa”, detalló Raggio, que señaló además que “este intensivo registro comprueba que a Agustín lo estaban investigando como militante político y social”. Estos datos serán de vital importancia para el desarrollo del Juicio y la posterior presentación de la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la idea de sentar un precedente más para la reapertura de la causa. Francisca Quintana, la madre de Agustín será la querellante por ser la principal damnificada.
El juicio Ético y Popular se llevará adelante con un tribunal conformado por: Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) Obispo Aldo Etchegoyen (Obispo Metodista emérito) Daniel Goldman (Comunidad Betel) Alfredo Grande (Psiquiatra, dramaturgo) y Féliz Gibbs (Fraternidad Misionera, párroco de Nuestra Señora de Las Lágrimas).