El memorándum llegará este jueves al Senado, donde el kirchnerismo tiene la mayoría para aprobarlo. No obstante, desde la oposición, DAIA y AMIA exhortan a los legisladores a posicionarse en contra. Las caras y reveses de una causa cuyo desenlace todavía está por definirse.
A casi una semana del debate realizado en el Congreso sobre el acuerdo con Irán en torno a la causa AMIA, el memorándum de entendimiento sigue generando polémicas entre los distintos actores políticos de la escena nacional. Si bien la discusión sobre el acuerdo continúa siendo el centro de la cuestión, diferentes intervenciones en los medios buscan perpetuar y obstaculizar el tratamiento del documento.
Por empezar, se podría establecer que la postura opositora se resume en una serie de argumentos que permiten vislumbrar no tanto una crítica hacia el memorándum en sí mismo, sino hacia las formas y modos de proceder oficialista. Tales concepciones se hallan, por ejemplo, en los dichos de Elisa Carrió -diputada por la Coalición Cívica- quien sostuvo que iba a pedir juicio político para el canciller Timerman por “traición a la patria, a los argentinos y a la comunidad judía”. El senador mendocino de la UCR Ernesto Sanz expresó en el Salón Azul del Senado que “nos pusimos de rodillas frente a Irán”, dado que “el gobierno se entregó” y “cede la jurisdicción”. Otro que no faltó al cruce fue Mauricio Macri, al referirse al acuerdo como una “mancha negra en la historia del país” e instando al Congreso a votar en contra del memorándum. Al parecer el Jefe de Gobierno se olvidó de mencionar aquel Jorge “Fino” Palacios, designado por él mismo jefe de la Policía Metropolitana en julio de 2009 y procesado por las escuchas a un familiar en la causa por el atentado a la AMIA.
En respuesta a semejantes dichos, las palabras recientes de Héctor Timerman fueron: “A mí me desilusiona la oposición argentina. El juez tiene prohibido aplicar otra ley que no sea la argentina. No es necesario que el fiscal Nisman esté presente en los interrogatorios pero si quiere ir, va a ir con todas las garantías”.
No obstante, el avance del tratado y los dichos del funcionario se vieron entorpecidos por las declaraciones de la Cancillería iraní, quien comunicó públicamente que Ahmad Vahidi -actual Ministro de Defensa- se opondría a ser indagado respecto a su supuesta responsabilidad en el atentado a la mutual judía. Días después de tales declaraciones, el canciller expresó que “si sale todo mal, va a quedar todo como está. La causa está paralizada desde 2006” y que los iraníes “podrán negarse a declarar”. Si bien tales dichos despiertan sospechas en cuanto a la eficacia real del memorándum y de la comisión investigadora, el hecho de no poder interrogar a Vahidi permitiría afirmar que Irán estaría incumpliendo el acuerdo firmado. Esto resultaría como consecuencia lógica del quinto punto del acuerdo, donde se sostiene expresamente que la Comisión y los letrados argentinos e iraníes se encontrarán para “proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja”. Gracias a la acción del fiscal argentino Alberto Nisman –quien actualmente es el titular de la Unidad Fiscal AMIA, creada el 13 de septiembre de 2004 por la Procuración General de la Nación-, en el año 2007 se emitió una orden de captura internacional al funcionario iraní al ser considerado coautor ideológico del atentado de 1994, junto a otros siete ex funcionarios de la nación persa.
Por otro lado, las instituciones de la comunidad judía AMIA y DAIA se expresan, luego de varias idas y vueltas, en rechazo al tratado acordado entre los gobiernos y exigen que el Congreso no apruebe la medida -la cual será tratado este jueves en el Senado y el 27 del mes corriente en Diputados-.
Entendiendo el acuerdo en la coyuntura internacional, Kamel Gomez -Secretario General del Centro Islámico Marplatense (CIM)- analiza que “mientras la presión económica contra Irán de los bloques económicos de poder (Unión Europea y EE.UU.) crece por las sanciones, Argentina, que necesita de divisas para su balanza comercial, encuentra a un comprador de materias primas que también es rico en recursos energéticos (petróleo y gas), algo que nuestro país necesita”. Visto que “Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia desde lo político y Brasil desde lo comercial, señalan la agenda de la región con Irán”, también es necesario ampliar el abanico de miradas y encarar todo el asunto desde la dimensión político-económica.
En suma, lo que se aprecia a través de la implementación de semejante memorándum es que no es simplemente una medida que contribuye a la retórica gubernamental para la soberanía nacional y para la justicia de la causa AMIA, sino que hay que buscar sus raíces mas allá a fines de comprenderlo y ver cómo tal política encuentra eco en un contexto internacional, en conjunto con las pugnas políticas en lo local. Sentarse a dialogar con un gobierno que niega un genocidio de 6 millones de personas para esclarecer un atentado ocurrido en territorio nacional resulta sumamente problemático. En este sentido, hay que tener mesura para que el proyecto no se convierta, como dijo Laura Ginsberg –titular de APEMIA-, en un “punto final” de la causa AMIA mientras continúa la búsqueda de verdad y de justicia.