Asumió Alberto Fernández y la respuesta del Estado frente a la demanda de acceso igualitario a la salud toma otro rumbo. No lo mencionó en su discurso pero el aborto siempre está. El reconocimiento a una lucha histórica va acercándose a la fecha en que las mujeres y personas con capacidad de gestar recuperaremos el estatus de ciudadanas.
Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: Cobertura colaborativa 13J 2018
La voluntad política de debatir el aborto no alcanzó y la era de garantizar derechos y ampliar reconocimientos parece haber llegado. Si el debate parlamentario de 2018 sentó las bases del acceso a la información y la sociedad consolidó, de la mano de los feminismos organizados, el apoyo multitudinario a una demanda de reconocimiento de autonomía que es histórica; el 2020 será, de forma irreversible, el año en que las decisiones ejecutivas harán más que las palabras. Serán las llamadas que recuperen la diginidad de una puebla que fue arrasada por la política gubernamental de la represión y el abandono macristas.
Alberto Fernández no mencionó que el aborto inseguro está dentro de las emergencias del nuevo gobierno. Sin embargo, en dos días, parece haber hecho más que en los cuatro años anteriores. Ginés González García ya anunció que restituirá derechos a través del recuperado Ministro de Salud de la Nación y que convocará para tal fin a sus pares provinciales previo a otorgar al Protocolo ILE 2019 -derogado por el ex presidente Mauricio Macri-, rango ministerial. En provincia de Buenos Aires, todo parece indicar que Daniel Gollán, al frente de la cartera de esa provincia, hará lo mismo. Mientras que Nicolás Trotta, al frente del Ministerio de Educación, afirmó que impulsará el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas de todo el territorio como una cuestión fundamental.
Es que si es posible volver a delinear un modelo de Estado presente, llegó el momento de garantizar el acceso al derecho y de discutir cómo será la reglamentación de una Ley que efectivamente se traducirá en el respeto a las decisiones y en una mejor calidad de vida para las mujeres y las personas con capacidad de gestar en todo el territorio nacional sin discriminación alguna. Sobre todo en un contexto de avance de los conservadurismos políticos, los fundamentalismos religiosos y los fascismo sociales en en el país y en toda Nuestra América.
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Lejos de ser sólo un espacio de resistencia, las calles fueron para los feminismos, la arena de disputa con los poderes tradicionales y de expresión de la organización de décadas durante el período 2015- 2019. Así fue leído el 10 de diciembre, durante el discurso de asunción presidencial del nuevo mandatario, Alberto Fernández. “Un nuevo contrato de ciudadanía social incluye los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, la juventud y el ambientalismo”, afirmó. Sin embargo, la palabra que más se deseaba escuchar no se mencionó.
“Esperaba que este nuevo presidente hable sobre aborto”, afirmó Celeste Mac Dougall, docente especialista en ESI e historiadora, integrante de la Campaña y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Es verdad que el anuncio de Macri de que iba a habilitar el debate se dio en la apertura de sesiones legislativas, pero sí esperaba que Alberto Fernández diga algo. Lo esperé cuando habló de salud, que es la perspectiva que asumió; cuando mencionó al movimiento feminista como uno de los actores sociales claves en la realidad política del país; y cuando dio los anuncios respecto a que se iba a poner por delante de las demandas de las mujeres”.
“El 2020 será el año del tratamiento y aprobación del aborto legal en nuestro país”, afirmó Jenny Durán, comunicadora e integrante de la Comisión de Cabildeo de la Campaña. “Hubo una gran aprendizaje desde el año pasado. Tras las elecciones también las fuerzas políticas mayoritarias hicieron su elección sobre cuál sería el sujeto social que interpela e identifica a cada una. Entonces, el espacio que ganó en octubre pasado tomó de las expresiones más progresistas la demanda por aborto legal, entre otras”, afirmó.
Según las fuentes de la Campaña, será el nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que encabeza la abogada feminista Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con la cartera de Salud, encabezada por Ginés González García, médico cirujano en favor del aborto legal y la Jefa Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes redactarán el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.
“Realmente estamos esperanzadas en que se acerque mucho al proyecto de la Campaña presentado en 2018”, afirmó Durán. “Los tres organismos están encabezados por funcionaries que defienden la despenalización y legalización del aborto, fundamentado en la necesidad de trasformarlo en un aspecto más del derecho a la salud, aunque también traen la mirada de la autonomía y de poder allanar los obstáculos para el acceso. Ya sean éstos obstáculos dogmáticos, territoriales o técnicos”, agregó.
“En el 2020 el aborto tiene que ser legal porque es una deuda de la democracia”, afirmó Yamila Picasso, politóloga e integrante de la Articulación federal de la Campaña. “La clandestinidad y los abortos inseguros traen consecuencias en los cuerpos y en las vidas de mujeres y personas gestantes”, agregó. “Decidir libremente sobre nuestros proyectos y cuerpos es un derecho humano”. “Estamos convencidas que todo lo debatido, las masivas movilizaciones y la necesidad de escuchar las demandas del movimiento feminista serán las condiciones a las que este gobierno deberá atender”, dijo Durán, “este también es un tema que forma parte de la emergencia social”.
“Nosotras vamos a seguir en las calles”, afirmó Mac Dougall. De hecho hoy al mediodía habrá una convocatoria para recordar que en La Plata V., madre de 3 hijxs, murió consecuencia de un aborto inseguro producto de la clandestinidad y la criminalización. “La clave es ver qué dice el nuevo presidente en la apertura de sesiones, en marzo del año que viene, para exigir que se trate y apruebe”, para que “haga realidad sus declaraciones: enviar un Protecto de Ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito”.
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El Proyecto es feminista y federal
El 28 de mayo de este año, tras el debate social y parlamentario que se dio entre marzo y agosto de 2018, la Campaña presentó por octava vez el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante el Congreso de la Nación. La primera presentación fue en 2007 y desde entonces, generalmente cada dos años, la renueva para que el derecho al aborto no pierda estado parlamentario.
El nuevo texto no es uno más. Tras años de exigirlo, incorpora los aportes que surgieron durante el debate en el que expusieron más de 350 especialistas y de la sanción de la Cámara de Diputados. Es el texto que está más cerca de ser Ley. Fue realizado por la comisión redactora de la Campaña -multidisciplinaria e intergeneracional- y retoma además las perspectivas federales de las 33 regionales y de las 4 redes feministas que la componen: de socorristas, docentes, profesionales de la salud e interuniversitaria.
Es la tercera redacción que realiza y fue actualizada al ritmo de las últimas decisiones judiciales, reformas legales tales como el Fallo F.A.L. (2012), la Ley de Identidad de Género (2012) y el Código Civil y Comercial (2015).
En su primer artículo, el Proyecto de IVE garantiza el acceso al aborto voluntario a mujeres u otras identidades con capacidad de gestar hasta las 14 semanas, inclusive de gestación. 14 semanas es el plazo que, según la legislación comparada, es el de mayor consenso.
En su artículo 2, garantiza el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos sin importar la condición de tránsito y/o status de residencia/ ciudadanía. Esto quiere decir que no hace falta ser ciudadanx ni tener residencia reconocida por una X cantidad de tiempo. Sea cual sea la situación de la mujer o persona gestante se debe garantizar la práctica.
En su artículo 3, define salud integral como el completo bienestar físico, mental y social según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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El proyecto legaliza estas condiciones y elimina además cualquier tipo de penalización a la mujer o persona gestante. Establecería que en la primera consulta el/ la profesional o personal de salud debe informar a las persona gestante sobre métodos, alcances y consecuencias de la práctica y riesgos de demora; que esa información debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica. El Estado debe garantizar además un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona gestante. Deberá proporcionar formatos y medios accesibles para personas con discapacidad, accesos que no deben contener opiniones personales o religiosas ni juicios de valor.
El Proyecto propone además que en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal se debe implementar la Educación Sexual Integral (ESI) y establecer políticas activas para el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. El derecho al aborto de las mujeres y personas gestantes debe ser enseñado a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género. Debe incluirse en la currícula de todos los niveles educativos y establecimientos, sean de gestión pública estatal, privada o social.
Debe hacerse efectiva en todo el territorio del país a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Deberán además capacitar en servicio sobre perspectiva de género y diversidad sexual a todos/as los/as docentes y a los/as profesionales y otros/as trabajadores/as de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as que actúen en dichos procesos.
Se propone, en resumen, mantener los abortos por causales (los que ya son legales) y sumar el aborto voluntario (sin causales) hasta la semana 14 de gestación. Luego de la semana 14, y como los abortos por causales no tiene plazos, los abortos luego de la semana 14 de gestación deben ser garantizados dentro de alguno de los dos causales: salud o violación. En relación a las y los profesionales de la salud, el Proyecto elimina la pena a quiénes causaran un aborto con consentimiento y establece que no hay pena por abortar hasta las 14 semanas de gestación y luego de las 14 semanas no hay pena si el aborto entra dentro de los causales.
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El 28 de mayo del año que viene, la Campaña cumplirá 15 años. Una herramienta de articulación y unidad feministas que contiene a activistas de más de 700 organizaciones de todos los espacios políticos, sociales, de derechos humanos y sindicales. Es la protagonista de esta etapa en que se interpela a la institucionalidad porque entre todas las colectivas que militan por el acceso al aborto seguro, es la que propone una Ley para que el Estado intervenga ante la problemática con una modificación del Código Penal para el reconocimiento de un derecho, con presupuesto, políticas públicas transversales y capacitación para las y los profesionales de la salud en todo el territorio y para todas las comunidades.
El año comenzará temprano para las activistas de la Campaña. El 19 de febrero será un nuevo aniversario del pañuelazo que dio inicio al debate en 2018 y se prevén acciones en todas las provincias. El 1 de marzo será la apertura de sesiones, ocasión en la que se esperará de forma más contundente el anuncio de Alberto Fernández en relación a qué texto legislativo enviará el Ejecutivo nacional al Congreso. El 8 de Marzo, fecha global de lucha por los derechos, encontrará nuevamente en las calles al movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries y de liberación feminista. Será una fecha en la que se volverá a exigir la demanda política de mayor consenso: ¡aborto legal ya! El proyecto que reconoce y garantiza derechos, el que hará historia sin fronteras, ya está en las calles. Será Ley en el 2020.