Por Laura Salomé Canteros*. La interrupción voluntaria de los embarazos sigue siendo delito para el Código Penal. No obstante, las prácticas inseguras y clandestinas son una cotidianeidad para las mujeres argentinas. En esta primera entrega, el panorama en Salta, Tucumán, Mendoza y La Pampa.
Los derechos sexuales y reproductivos son como aquellos de los que deberían gozar todas las personas independientemente de su clase social, sexo, identidad de género, práctica sexual, etnia y edad. Es el derecho a obtener información y orientación completa sobre sus cuerpos, sus funciones y procesos reproductivos para que puedan tomar decisiones y favorecer el auto- conocimiento; de disfrutar de una vida sexual saludable y placentera o de ejercer su preferencia sexual libres de discriminación, coacción o violencia; de elegir si tener o no tener hijos/as y con quien tenerlos, el número de hijos/as y el espaciamiento entre sus nacimientos; de acceder a una atención gratuita e integral de la salud sexual y reproductiva; de acceder a métodos anticonceptivos seguros y de calidad y elegir el que más se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones; de obtener los métodos anticonceptivos en forma totalmente gratuita; a la intimidad, igualdad y no discriminación en la atención de la salud sexual y reproductiva.
La Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es un entramado de personas y organizaciones de consenso y acción unitaria multisectorial surgido en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario, Santa Fe en el año 2003. A través de su movilización e intervención en los ámbitos legislativos, su proyecto de ley de interrupción voluntaria de los embarazos cuenta con el apoyo de los más diversos actores y sectores de la política y la sociedad actuales.
El Seminario que antecedió a la reunión plenaria de la Campaña, organizado el pasado viernes 5 de abril en la sede del anexo del Congreso de la Nación, se tituló “La Campaña en el contexto actual: debates, experiencias y nuevos desafíos”. Allí se realizó un balance anual, examen diagnóstico y muestreo inmejorable de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país y de la lucha por el aborto legal, derecho inalienable de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
El panorama en el norte argentino: Salta y Tucumán
En Salta el informe de las representantes de la Campaña rondó alrededor de la denuncia sobre la innecesaria judicialización de los abortos no punibles (ANP) que sufren las mujeres, situación que se repite en varias provincias. Recordemos que los ANP son aquellas situaciones previstas por el artículo 86 del Código Penal de la Nación, norma que regula los casos en los que se autoriza el aborto eximiendo de pena al/la profesional de la salud y a la mujer que lo lleva adelante cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre una mujer “idiota o demente”.
Estas interpretaciones que determinan las interrupciones legales están contempladas no solo en el fallo “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva” de marzo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que también figuran en la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles dictada en 2007 por el Ministerio de Salud de la Nación y están en consonancia además con normas y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Se resaltó asimismo una situación igual de preocupante: la posible declaración de la Ciudad de Salta como “pro vida”, propuesta del edil Aroldo Tunini (del Bloque Salta Federal). Este proyecto de ordenanza significaría la violación de los derechos adquiridos ya que, entre otras medidas, incluiría la prohibición del “uso, distribución, difusión o promoción” de la anticoncepción hormonal de emergencia, que previene embarazos no deseados; suspendería “en forma inmediata” los protocolos de atención de los abortos no punibles; y fijaría una asignación económica para incentivar a las víctimas de violación que resultan embarazadas a continuar con la gestación. La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta debe expedirse al respecto aunque al parecer, por el absoluto repudio de las organizaciones de derechos humanos no tendría posibilidad de prosperar.
En Tucumán la disertación de la abogada Soledad Deza como voz de la Campaña explicitó, a modo ilustrativo de la situación en la provincia, la historia de “María Magdalena” (llamada así para preservar su identidad). Esta joven de 26 años fue denunciada a principios del año pasado por una jefa de guardia y una residente de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de San Miguel de Tucumán, hoy ambas acusadas penalmente por el delito de violación del secreto médico y por violencia de género en sus modalidades física, obstétrica, psicológica e institucional según la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres.
“María Magdalena” había ingresado al instituto con un problema ginecológico, acompañada por su pareja y por su madre. Las dos médicas la acusaron de haberse provocado un aborto y llamaron a la Policía, que la interrogó estando convaleciente. Según consta en la denuncia le practicaron un legrado sin anestesia y la intimidaron con frases agresivas. Hoy, a pesar de la probada irresponsabilidad de las profesionales de la salud, “María Magdalena” continúa imputada por el delito de aborto.
Tucumán es una de las provincias argentinas que aun no adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.3673) a pesar de no tener normativas provinciales. No cuenta con protocolos de atención a los ANP (a cambio si hay cinco proyectos legislativos para no permitirlos) y tiene denuncias de que no se cumple la Ley de Educación Sexual Integral ni en las instituciones de enseñanza pública ni privada.
Córdoba
En la provincia mediterránea la situación de irrespeto por los derechos de las mujeres es continua. Es la única provincia del país que dictó un protocolo de atención de los abortos no punibles que está suspendido por una cautelar presentada por grupos anti derechos ante la justicia provincial.
La Pampa
Por su parte, las integrantes de La Pampa contaron la experiencia positiva de articulación de la enseñanza superior con los derechos sexuales y reproductivos poniendo en eje la problemática social de la clandestinidad del aborto. A partir de la creación de una Cátedra dentro de la Universidad provincial se dictan contenidos sobre educación sexual integral, acceso a la anticoncepción y la contracepción y maternidad y paternidad adolescente.
En la próxima entrega, un análisis de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
* Laura Salomé Canteros es miembra de la Red PAR – Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista