La destitución de Evo Morales en 2019 marcó un antes y un después en Bolivia. Los procesos judiciales y las heridas siguen abiertos en un contexto de creciente crispación política. Los recuerdos de la violencia especialmente dirigida a las mujeres y campesinas.
Por Carla Perelló
Una foto dio vuelta al mundo durante el golpe de Estado en Bolivia: una mujer de pollera y trenzas largas en medio de los gases de la represión flamea en un mismo mástil las banderas de Bolivia y una Whipala. Durante esos días de 2019, el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera estaba en jaque. La puesta en duda de los resultados electorales por parte de las fuerzas opositoras y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), acabaron por enterrar la gestión que llevaban adelante hacía 13 años. Tres años después, con un Movimiento al Socialismo (MAS) que regresó al poder, la lectura sobre el lugar de las mujeres y la población indígena mientras perduran los intentos de desestabilización. “No les basta con tener el capital, necesitan el poder sobre nuestros cuerpos”, apuntó ante El Destape la referenta feminista comunitaria Adriana Guzmán y advirtió que “en este momento la derecha nuevamente está intentando hacer un golpe”.
El 10 de noviembre de 2019, Morales y Linera dieron una conferencia de prensa desde el Chapare, municipio boliviano que lo vio nacer a Evo como dirigente. Desde allí, respondieron al pedido de las Fuerzas Armadas de dejar sus cargos y denunciaron “un golpe cívico, político y policial”. Para ese entonces, la represión en las calles había dejado cientos de heridos. Todavía faltaban las masacres de Senkata y Sacaba, en las que fueron asesinadas 36 personas; y entre otros gestos de poder cargados de racismo se vio la imagen de una bandera de los pueblos indígenas prendida fuego y la puesta en alza de la biblia por parte de Jeanine Añez, presidenta de facto autoproclamada.
El hostigamiento hacia las mujeres e indígenas
Tras el golpe, “uno de los principales centros de hostigamiento fueron las mujeres por ser mujeres, por ser indígenas y por ser campesinas”, señaló en diálogo con El Destape la analista internacional de FLACSO, Agustina Garino. Las primeras semanas del golpe estuvieron marcadas por la represión, la criminalización y la persecución hacia los y las dirigentas del MAS, como hacia el pueblo en general.
“Las mujeres fueron tratadas con una crueldad particular”, determinó un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en 2021. Allí, se retrató la violencia con casos emblemáticos que fueron visibles: el ataque hacia la defensora del pueblo Nadia Cruz, “ofendida y vigilada”; hacia la entonces alcaldesa del municipio de Vinto en Cochabamba, Patricia Arce, humillada, torturada y amenazada durante once meses; y el procesamiento y detención de Patricia Hermosa, la apoderada y ex jefa de gabinete de Morales, que no recibió atención médica, sufrió sangrados durante diez días y perdió el embarazo que cursaba.
Esa violencia tuvo su correlato en las calles, con represión y ataques a las mujeres indígenas. Cuando a Guzmán se le consulta su lectura sobre lo que pasó en 2019, su línea es clara: “Fue un golpe al pueblo que terminó en un golpe de Estado, y al ser un golpe al pueblo fue un golpe fascista, racista, religioso y empresarial”, definió. Su mirada parte desde los feminismos comunitarios, una lectura que se aleja de los feminismos urbanos y de occidente. Más bien, se define como anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, que apuesta por el “vivir bien” de los pueblos.
La llegada de Morales al poder, en 2006, constituyó un hecho histórico para el país como para la región. Por primera vez, un dirigente cocacolero, sindicalista e indígena, se colgó la banda presidencial de Bolivia. Durante su mandato, los cambios para esa población fueron ampliamente significativos desde lo cultural como desde lo económico: una nueva Constitución que reconoció al Estado Plurinacional, el descenso de la pobreza en casi un 30 por ciento y la nacionalización de recursos como el gas, con un fuerte impacto en el crecimiento del país en general. El acceso a la salud y a la educación, también constituyeron políticas clave de sus gobiernos, por mencionar sólo unos ejemplos.
Pero, para Guzmán eso no lo hizo la gestión solamente. “Todas las transformaciones se hicieron desde el pueblo, más allá desde que el Gobierno se habían planteado la descolonización, la despatriarcalización y una recuperación de la dignidad como pueblos indígenas originarios, campesinos, sometidos, oprimidos por más de 500 años”, por ello, dijo, se convirtieron en el centro del escarmiento durante el golpe de Estado.https://d-30081210791276152074.ampproject.net/2210272257000/frame.html
“El ataque a las mujeres de pollera era un ataque de escarmiento, de recordar el lugar (que para los sectores de poder tienen) de las indias y de los indios, quienes debían estar cuidando sus casas o a sus hijos”, explicó. De ese lugar de servidumbre, decidieron salir.
Justicia a medias por las masacres de Senkata y Sacaba
En la actualidad, según informó el diario El Deber, de Bolivia, hay 19 personas detenidas, entre jefes policiales y militares, por las masacres de Senkata y Sacaba. En ninguno de ellos figura como acusada la presidenta de facto, Añez. Ella, al momento, sólo fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes al asumir como presidenta en el juicio conocido como golpe de Estado II. En síntesis, sólo fue juzgada por sus actos entre el 10 y el 12 de noviembre, en un proceso que no plantea las responsabilidades sobre su gestión presidencial.
“Es importante la memoria, tenemos memoria, queremos justicia”, reclamó Guzmán. Ante la falta de respuesta del Gobierno, ella entiende que es necesario reconocer “que la forma de hacer política de los Estados dista mucho” de lo que quieren los pueblos que, en este caso, decidió “vivir sin fascismo y sin un gobierno dictatorial”.
“En estos tres años hemos aprendido que como pueblo tenemos la capacidad de sacar un golpe, de enfrentar, de resistir, y de comprender que la dignidad recuperada no residía en el Palacio de Gobierno o en la Constitución, sino en nuestros cuerpos”, reflexionó Guzmán. Por eso, exigió procesos de reparación: “La falta de justicia. Eso no ha habido. Y eso es, creo, lo más doloroso en este momento”. En la misma línea, se expresó en esta semana la Delegación Internacionalista Feminista que viajó desde Argentina a Bolivia en marzo del 2020: “Todos estos crímenes, todavía permanecen en la impunidad. El regreso del MAS al Gobierno de Bolivia, si bien representó una esperanza para quienes habían sido proscriptos, no asumió la tarea profunda de realizar el conjunto de procesos políticos y judiciales necesarios para que los y las criminales reciban juicio y castigo”, reclamaron.
Los intentos de desestabilización desde Santa Cruz
A mediados de octubre sectores de la oposición al Gobierno central de Bolivia, liderados por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, iniciaron un paro por tiempo indeterminado. El sector más rico del país, una vez más, se declaró en rebeldía esta vez por la disputa sobre la fecha del censo nacional que debía haberse realizado en noviembre de este año, pero se retrasó debido al golpe -en el que Camacho fue uno de sus protagonistas- y a la pandemia. Para ellos, la falta de la encuesta nacional los afecta económicamente porque en el país los impuestos se centralizan y luego se distribuyen según la población que tiene cada departamento o región. También, señalan que podría afectarlos cara a las elecciones legislativas de 2025, porque podrían tener tres legisladores más en la Cámara de Diputados.
Pese a los llamados al diálogo por parte del Ejecutivo, las medidas de fuerza continúan en distintos puntos de la medialuna oriental, mientras la encuesta nacional ya tiene fecha coordinada con los dirigentes del resto de las jurisdicciones del país para realizarse entre marzo y abril de 2024. “Las tensiones entre ambos polos de poder no son nuevas”, coincidieron la analista en relaciones internacionales de FLACSO, Agustina Garino; y el analista boliviano, Fernando Molina.
Para Garino, los reclamos de Santa Cruz “se vinculan esencialmente con cuestiones económicas”; sin embargo, aclaró que “ese enfrentamiento también tiene tintes raciales”. La región, tradicionalmente, fue “controlada por una elite criolla no indígena, por tanto, ha habido ideas de derecha, una visión conservadora de los destinos del país”, amplió Molina para explicar las visiones antagónicas y de pedidos de descentralización que se sostienen desde la medialuna oriental que lleva a conflictos constantes.
Bajo esas ideas que pregonan, insisten. “En este momento la derecha nuevamente está intentando hacer un golpe, hacer una desestabilización política”, denunció Guzmán ante este medio, aunque aclaró que los reclamos que ciernen sólo a esa región del país sin tener mayores ramificaciones en otros sectores.
A esta situación, se suman, las disputas internas dentro del MAS en las que dirigentes cercanos al ex presidente Morales denuncian al gobierno de Luis Arce de no estar llevando adelante el proyecto político del partido. La falta de autocrítica, las lógicas machistas y los caminos personales por sobre el proyecto político son los factores que inciden en la disputa interna del Gobierno, según la lectura de las organizaciones feministas comunitarias, con la que también coinciden fuentes cercanas a Morales.
Lo grave, apuntó Guzmán, es el escenario en las que se dan estos debates, en los que las organizaciones sociales “están fragmentadas” ante una “derecha fascista que siempre está articulada”.
“Ellos tienen un interés político. No les basta con tener el capital, con tener el monopolio de los negocios, del empresariado, del monocultivo, de acciones en las transnacionales mineras y petroleras. No les basta. Necesitan el poder sobre nuestros cuerpos. Este es un pueblo mayoritariamente indio, mayoritariamente aimara, quechua, guaraní. Entonces, si no tienen el poder sobre nuestros cuerpos con el racismo, con la dominación, con el colonialismo, no tienen el poder, aunque tengan el poder económico”.
El desafío del MAS
El desafío que se presenta, entonces, consiste en varios aspectos, según señaló Garino: mantener unidas a las bases sociales, responder a los reclamos y pedidos de los movimientos que lo conforman y prestar atención al pedido de la ciudadanía en general –el electorado que lo votó, pero no forma parte del núcleo central de apoyo. “Generar acuerdos y alianzas internas para tomar las principales decisiones de Gobierno y de la presidencia ante un recambio generacional en el partido, que conlleva el ascenso de líderes y lideresas que puedan acceder a candidaturas municipales como presidenciales sin la centralización en un solo líder”, sostuvo.
*Publicado originalmente en El Destape