Por Camila Amatriain. Tras un fallo de la jueza Elena Liberatori que exige al gobierno de la Ciudad a prestar servicios públicos y de mejoras al barrio San Martín de la villa 31, ayer se reunieron las partes en una audiencia de la Defensoría del Pueblo.
Recientemente, la jueza Elena Liberatori en respuesta a una medida cautelar presentada por los vecinos del barrio San Martin y promovida por la Agrupación Los Invisibles – a partir del acompañamiento mediante un amparo con medida cautelar de la Defensora Dra. Cecilia González de los Santos, de la Defensoría n°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires- dispuso y exigió al gobierno porteño a proveer de agua potable y electricidad mientras se hacen las obras de alumbrado público y cloacas al barrio San Martín, que actualmente es la última toma en la villa 31 y se ubica a lo largo de la calle 13 y 14, al lado de las vías del ferrocarril San Martin, en continuación de la mza 107.
Para ello, la jueza orientó una mesa de trabajo donde estén presentes funcionarios del GCBA, vecinos y referentes barriales para definir la implementación de dichas acciones. Por su parte, la Agrupación Los Invisibles declaró que “este fallo ratifica el silencio al que el macrismo condena a los invisibles de la ciudad. La Justicia tuvo que venir a reconocer, por primera vez desde un poder del Estado, la existencia de un barrio porteño de alrededor de 2500 personas”. Los vecinos solicitaron además, la realización de un censo oficial y la incorporación del barrio al esquema de asentamientos informales de la Ciudad.
El barrio San Martin surgió a comienzos del 2011 y es hoy una de las postales con las que se cruza cualquier habitante de la Ciudad que recorra habitualmente desde la estación Mitre, Sarmiento o San Martin hasta la Terminal de Ómnibus.
La reunión de ayer en la Defensoría del Pueblo, contó con la presencia de la Dra. Cecilia González de los Santos -Defensora en representación de los vecinos-, funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y la gerente de Asuntos Legales de la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) del Gobierno de la Ciudad. La propuesta –donde la Defensora ya estableció que en caso contrario solicitará a la Jueza la cancelación de las mesas de trabajo y una medida a disposición de la magistrada- por parte del gobierno porteño fue la elaboración de un plan a presentarse el 10 de abril que contemple: la instalación de contenedores de residuos y el ingreso de camiones de recolección, unidades atmosféricas, camiones de agua para llenar los tanques, el cambio de postes de luz, alumbrado público, y teléfonos habilitados para servicios de urgencias.
En diálogo exclusivo con Marcha, Demian Konfino, de la Agrupación Los Invisibles indicó que es un avance ya que “hoy cuando llaman del barrio San Martin se les indica que no tienen derecho a pedir nada” y agregó que la medida generó “un optimismo moderado” pero “necesitamos avanzar en todos los reclamos para el barrio San Martin” y en ese sentido “cumplir en garantizar los derechos para sus habitantes”
Los derechos de los invisibles
En un juego de palabras difícil de evitar, es una de las villas más visibles de la Ciudad, en el corazón de Retiro, de cara al río y de espaldas al lujoso Barrio Norte, la villa 31 resulta mucho más que incómoda para los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
Es por ello que en noviembre de 2011, se creó un dispositivo territorial que desde la gestión del PRO en la Ciudad buscaría mostrar presencia en las villas y complejos habitacionales: la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI), a cargo de Marina Klemensiewicz –apadrinada por Gabriela Michetti- no hace más que reproducir las políticas de maquillaje que viene sosteniendo el macrismo en su gestión social, pero ahora en los barrios más vulnerados de la Ciudad. Al mismo tiempo que enuncian en sus proyecciones la gestión del Hábitat Social como un marco de acción y de políticas integrales hacia un proyecto de urbanismo en las villas, cajonean la ley que desde 2009 contempla mesas participativas entre funcionarios y la comunidad para la urbanización del barrio y los derechos de más de 50.000 personas.
Konfino señaló a Marcha que a la fecha siguen adelante “con la mesa de urbanización padre Carlos Mugica, reclamando por la aprobación de la Ley 3.343. El año pasado tuvimos 31 compromisos de diputados para tratarla pero fue cajoneada” por la gestión de Macri, “hoy tiene nuevo número de expediente y ya hay diez diputados que la acompañan”. La nueva presentación además incluye la incorporación del barrio San Martin en su totalidad al perímetro de la villa 31. Sin embargo, una vez más su tratamiento quedará supeditado al llamado de la Comisión de Vivienda, presidida por el macrismo.
Agrega que será un año duro ya que “por su parte el gobierno de la Ciudad está presentando su propio proyecto de urbanización donde se vulnera lo que planteamos en la 3.343”. Mientras dicha ley plantea que “nadie se puede relocalizar fuera del predio” el gobierno menciona que la “relocalización podría ser dentro de Capital o fuera o incluso también ofreciendo dinero a cambio. Esto en palabras del Director de la Comisión Municipal de laVivienda (CMV), Fernando Crabuco”
Las mejoras de las condiciones de habitabilidad y el derecho a una vivienda digna forman parte del art.31 de la Constitución de la Ciudad. La jueza Liberatori indicó en su fallo que “aquí está en juego el derecho a la vida, a la salud y esos derechos cuentan con la protección que les asigna la Constitución Nacional y la Constitución porteña” y agregamos que los mismos debe ser respetando el lugar de residencia actual que contempla la construcción de identidad, de lazos familiares y comunitarios.