Por Tomás Eliaschev. En esta segunda parte de la entrevista, Alejandro Mosquera -de la Comisión Provincial por la Memoria-, evaluó las diferencias entre la gestión provincial y la nacional, así como el rol de los medios masivos de comunicación.
-¿Qué consideración hace sobre la política de seguridad nacional?
-La creación del Ministerio de Seguridad y la designación de Nilda Garre al frente abrió una etapa de modificaciones, que se está transitando y por lo cual es temprano para balancearla. El hecho principal es el intento de recuperar la conducción civil de las fuerzas de seguridad federales, también infectadas por zonas de convivencia con el delito y la recaudación ilegal. La existencia del Proyecto X, en especial la practica de reunir información sobre dirigentes sociales y políticos maquillados con que son ordenes judiciales, muestran que en una fuerza como la Gendarmería, presentada como principal auxiliar para romper la primacía de una Policía Federal con resistencias a los cambios, mantiene conductas y acciones planificadas ilegales, antidemocráticas, inspiradas en el neoliberalismo y su control social sobre los excluidos y reclamantes. La Presidenta y la Ministra tienen una enorme oportunidad para enfrentar estas políticas y liderar los cambios que necesitan estas fuerzas.
-¿Qué diferencias destacaría entre la gestión nacional de seguridad y la bonaerense?
-Desde la Provincia se ha llevado a cabo una política de signo distinto: el gobierno de Scioli ratificó el autogobierno policial, se asumió en muchos casos el discurso policial como política pública para encubrir las ilegalidades tanto de gatillo fácil como de delitos económicos o de otro tipo. Se aprovechó en muchos casos el reclamo social de mejor seguridad para acentuar los elementos más negativos de la arbitrariedad policial. Y la Bonaerense sigue siendo en lo central una fuerza dirigida al control social de los grupos más vulnerables. Se han rechazado o ignorado las propuestas del Acuerdo para la Seguridad Democrática. Cuando presentamos nuestros informes anuales donde se explican con datos comprobados las violaciones a los derechos humanos, o la tortura en cárceles y comisarías, en vez de asumir el desafío de cambiar y enfrentar con decisión estas prácticas se ataca a nuestra institución sosteniendo que no son ciertos. Más allá de la discusión con la CPM, incluso de las intenciones del funcionario, eso constituye un mensaje hacia todas las fuerzas de seguridad, la Bonaerense y el Servicio Penitenciario, para que continúen con sus conductas ilegales, ya que el poder político las desconoce o las protege.
-¿Considera que a nivel provincial hay voluntad para poner fin a la relación de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado?
-La voluntad se verifica en las acciones y no solo en los discursos. Poner fin a la zona gris de -connivencia y convivencia entre la Bonaerense y el delito implica una profunda reforma y terminar con los pactos entre el poder político, del signo que sea, y la corporación policial. Sin ello, las mejores personas, e intenciones naufragan en el magma pegajoso de temer más al remedio que a la enfermedad.
-¿Qué le parece la actuación de medios de comunicación privados, como C5N que han llegado a filmar operativos en vivo?
-Los medios de comunicación masivos son también parte de la discusión sobre el tipo de seguridad, no sólo cuando reportean algún experto, sino en el mensaje cotidiano. A la vez son parte del “negocio” de la seguridad. Pero cuando un medio filma un operativo en marcha, o cuando saben casi contemporáneamente o antes la realización de allanamientos que frustran pruebas, se cruzan dos discusiones. Una la de la línea editorial y si por la ganancia, o el rating, vale todo, Y la segunda es que esas prácticas se basan en que o personal policial o judicial se está prestando a maniobras. La creación de la policía judicial con los organismos de control que proponemos va a ayudar a limitar estas prácticas repudiables. A la vez, los medios en muchos casos, queriendo o no, promueven las políticas del miedo, que estimulan en las personas y a veces en los pueblos las peores formas de discriminación. El “otro” diferente, peligroso, morocho o desocupado o de barrios pobres, o con otra opción sexual, es una construcción social, es un relato donde los medios cumplen un papel fundamental. El miedo a que me ocurra algo o mi familia a “manos de ese otro” ante la ineficacia estatal en la prevención y persecución del delito, lleva a reclamar formas de “justicia” que van contra los principios de una democracia sustancial. Vale recordar como en una manifestación cambiaron un párrafo del himno nacional, donde decía “libertad, libertad, libertad”, lo cambiaron por “seguridad, seguridad, seguridad”. Más allá del momento trágico, el significado profundo es el reconocer que se está dispuesto a perder la libertad o parte de ella, para frenar un poco el miedo a ser víctima de un delito. De allí a reclamar un país militarizado, o que no se respeten las garantías constitucionales hay poco trecho.
-¿Cree que se puede cambiar en el mediano plazo fuerzas tan cuestionadas como la Bonaerense o el Servicio penitenciario provincial?
-Si, se necesita de un acuerdo profundo político y social para remover las estructuras viciadas y transformarlas con un sentido democrático, de eficiencia, y profesionalizadas como fuerzas civiles armadas. Hay condiciones políticas y correlación de fuerzas nacionalmente que hacen posible la transformación de la que hablamos. Hay que crearlas en la provincia. Este debate no sólo es hacia el Estado, o hacia las fuerzas políticas, sino también hacia y con la sociedad para desterrar la demagogia punitiva, las políticas del miedo que promueven que el “otro” diferente a mi, es esencialmente sospechoso o peligroso. Que la modificación de leyes una tras otras para endurecer penas o las prisiones preventivas son escaparates o vidrieras donde se lucen los oportunistas pero nada tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo entre ellas la seguridad comunitaria. Ese debate y esa participación ciudadana darán el condimento central para lograr las condiciones de modificación en la provincia. No es sólo un conflicto entre académicos, o expertos. Allí no radica la fuerza para este cambio. Sólo si son parte de una estrategia política mayor será posible lograr estos cambios.