Las familias que fueron desalojadas del Hotel Sur en el barrio de Constitución y que permanecen acampando en su cuarto día, realizaron ayer un colchonazo frente a la Jefatura de Gobierno porteño.
Las 34 familias desalojadas del hotel ubicado en el barrio de Constitución cortaron ayer la Av. de Mayo en donde realizaron un “colchonazo” a modo de protesta frente a la Jefatura de Gobierno porteño. El reclamo es por el retorno al hotel o el ofrecimiento de una vivienda digna.
Los manifestantes que fueron acompañados por organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán, Juventud Rebelde y Rebelión, Casa Popular NuestrAmérica, Poder Barrial y Compadres del Horizonte, entre otras, cortaron Av. de Mayo a las 17hs. y ubicaron sobre la calle una hilera de colchones aún bajo la lluvia y a la intemperie más cruda que es la misma que están viviendo desde hace cuatro días.
Los reclamos que se hacían oír hilaban una sintonía similar, la solución a lo que es una situación de hecho, un desalojo sin fundamento. “No somos usurpadores, pagamos todos los meses y tenemos los recibos hasta el mes anterior” señala Gaby una de las manifestantes. Las familias que vivían en el hotel venían reclamando a la encargada, quien huyó con la recaudación de meses de alquiler, la falta de luz, de agua caliente y problemas en el funcionamiento de la cocina y el baño. “El hotel estaba derrumbándose ¿y ahora resulta que nosotros somos usurpadores?” –se pregunta Gaby- y continúa: “Habría que informar también que el hotel se encontraba clausurado desde el 2009”.
El ausentismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la desprotección y falta de contención a las decenas de familias que quedaron en la calle junto con sus niños sin posibilidades de acceder a sus propias pertenencias, y la desidia frente a tal situación, fueron el fundamento para cortar Av. de Mayo y conseguir posteriormente una gestión con el Secretario del jefe de gobierno.
Av. Brasil entre Combate de los Pozos y Entre Ríos es actualmente escenario improvisado de dos carpas que albergan y refugian a las familias de las inclemencias del tiempo y del silencio de la política macrista. La única respuesta que obtuvieron hasta el momento desde el ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad fue ofrecerles los paradores y otorgarles un subsidio de 700 pesos tratando a los damnificados como si estuvieran en situación de calle. Elba una de las vecinas que resiste el desalojo comentó que “si tuviéramos que depender del Gobierno del a Ciudad para comer, todavía estamos esperando. Por suerte contamos con los vecinos y con las organizaciones sociales que están en el barrio y nos hacen ollas populares, nos dan mantas y confianza en continuar con el reclamo”.
El Hotel Sur fue allanado y desalojado el lunes pasado por orden de la jueza María Fernanda Botana, a cargo del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. La jueza dio la orden de desalojar todo el hotel a pesar de que la medida de la fiscalía hacía referencia al desalojo de una sola habitación, la número 2, en la que vivía la encargada, que ya no estaba en el inmueble. Sin embargo, evacuaron de forma violenta, imprevista, con gritos y a los empujones a más de 34 familias que se encontraban viviendo allí, dejando además a 30 niños en la calle.
El Defensor General del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, dijo que “fue insólita” la medida tomada por la jueza y pidió su juicio político “por mal desempeño de sus funciones”, a su vez solicitó que se “revoque la medida y regrese la gente al hotel”. Sin embargo fuentes no reveladas informaron a Marcha que “la jueza se expidió argumentando que la decisión fue tomada y que en último caso resuelva la Cámara, anunciando además que la única solución posible al día de hoy sería que reubiquen a las familias en un lugar alternativo”. Dado que en el procedimiento actuó la Justicia, las familias buscan ahora la restitución de sus pertenencias, las cuales quedaron dentro del Hotel y posiblemente sean destinadas provisoriamente hasta tanto se destituya un nuevo hogar, a un depósito judicial.
Política de exclusión de los pobres, violación del derecho a una vivienda digna son las medidas que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por Mauricio Macri, la respuesta: la organización de las familias en reclamo por sus derechos.