Foto: Télam.
Por Nicolás y Silvana Iovanna. Una conferencia de prensa y movilización se realizaron como antesala del juicio a Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, únicos acusados de la toma del Parque Indoamericano. Testigos falsos, policías sobreseídos y crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.
A casi 4 años de la represión en el Parque Indoamericano, ayer por la mañana comenzó el juicio por el que los compañeros y militantes políticos Diosnel Pérez y Luciano “Tano” Nardulli son señalados como únicos responsables de la toma. Aquel 7 de diciembre de 2010, cientos de familias sin vivienda se asentaron en el predio como parte de una de las tantas medidas de fuerza que se vieron obligados a tomar frente a la falta de políticas y soluciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a la crisis habitacional. La respuesta de la gestión del Jefe de Gobierno Mauricio Macri fue una dura represión que terminó con dos muertos, siete heridos y un juicio.
Durante estos años, todos los policías implicados en la represión fueron sobreseídos de la causa, que está a cargo de los fiscales Claudia Barcia y Luis Cebasco correspondiente a la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. El juicio llega a pedido de los fiscales luego de que la Jueza María Gabriela López revocara el sobreseimiento en diciembre del año pasado.
Las contradicciones de la Justicia de la Ciudad dejan ver en la causa la negligencia policial. Está probado que la Policía, aunque tenía órdenes de no disparar, utilizó 581 balas. Asimismo, los dirigentes del Pro explicaron públicamente hechos que “aportan más confusión”, planteó el compañero Nardulli.
En la primera audiencia la fiscalía hizo su presentación de la acusación y luego la cambió. Al comienzo, los acusaron de organizadores de la toma y ahora los presentan como coautores. Esto habilitó el pedido de nulidad de esa imputación por parte de la defensa. No obstante, la querella presentó diversos testigos, funcionarios de la corporación de Buenos Aires Sur y policías federales y metropolitanos para que declararan en contra de “El Tano” y Diosnel. “Uno de los que declaró fue el comisario de ese entonces Vira Galla de la Comisaría 36, el mismo que está acusado por el ‘homicidio culposo’ de Rosmari Churapunia y de Bernardo Salgueiro.
Según el abogado de los acusados, Nicolás Tauber, la falta de pruebas para hacer efectiva la acusación llega a un punto tan ridículo que la fiscalía avaló la presentación de acusaciones por la “participaron de una reunión en la Casa Rosada, a la que asistieron un montón de personas más. Pero de la cual sólo se los acusa a ellos dos. Las otras pruebas son que ellos dieron notas en radio y en televisión. Por ejemplo, Diosnel fue al programa de Nelson Castro y el Tano dio una nota a Canal 26, en donde se discuten temas políticos respecto al déficit de vivienda y la situación de impunidad respecto de la represión del 7 de diciembre, los asesinatos, las situaciones de zozobra cuando la Policía liberó la zona y asesinó a un vecino”. Además de aportar poco y nada, estas pruebas coartan la libertad de expresión de los acusados y aporta más argumentos para denunciar la persecución política de Lucio y Diosnel.
En el acto que se realizó ayer, “el Tano” Nardulli aseguró: “No nos quieren procesar sólo a nosotros. Quieren procesar a todos aquellos que salimos a luchar dando batalla por la injusticia, la pobreza y la indigencia”. Y denunció que la presentación de testigos en el juicio por parte del Gobierno de la Ciudad es tendenciosa y falsifica pruebas en contra de los militantes acusados.
En este sentido, las políticas macristas siguen encuadrándose en la campaña de (in)seguridad cuyo trasfondo xenofóbico justifica políticas represivas sobre los sectores sociales más vulnerables de la Ciudad; y alimenta el negocio inmobiliario en el que el Jefe de Gobierno y sus socios y amigos están directamente implicados.
“Macri, usted se tiene que hacer cargo de la Ley 1770 de Urbanización de la villa 20”, exigió Diosnel Pérez en el acto.
En el encuentro, la otra abogada defensora, Paula Quinteros, reforzó las denuncias de los acusados y aseguró que con este juicio “encubren la crisis de vivienda, que después de cuatro años de los hechos del Indoamericano no fue resuelta. Criminalizan la protesta, criminalizan el reclamo de los derechos que los ciudadanos tendrían que tener garantizados”.
La crisis habitacional es un problema que nos atraviesa a todos. Los alquileres suben, la compra y venta de viviendas funciona al ritmo de la especulación financiera y el valor del dólar. El acceso a una casa digna en la Ciudad comenzó con las topadoras de la primera gestión de Macri, hoy nos persigue a todos.
“Nosotros vamos a seguir luchando hasta que el último vecino tenga una vivienda digna, para que podamos vivir dignamente como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires”, aseveró Diosnel.