Graciela Touzé, especialista e investigadora en la problemática de drogas y presidenta de la Fundación Intecambios
Por F. Araya y R. Raggio. Graciela Touzé es especialista e investigadora en la problemática de drogas. Preside además la Fundación Intecambios, organización que impulsa la campaña “15 Ideas para una Nueva Ley de Drogas”. Dialogó con Marcha sobre los temas clave a modificar en la situación legal vigente sobre las drogas.
La ley que rige sobre la problemática de drogas y el paradigma prohibicionista que la sustenta actualmente están en jaque. Así lo demuestra la movilización y expresión de organizaciones sociales, tales como la reciente Marcha Mundial por la Marihuana, que pujan por salidas alternativas a la criminalización de los usuarios y se plantan frente al narcotráfico.
La iniciativa “15 Ideas para una Nueva Ley de Drogas” se desarrolla centralmente en redes sociales, medios de comunicación y entre diputados y senadores nacionales. Al día de hoy, la campaña organizada por Fundación Intercambios cuenta con el apoyo de organizaciones como el CELS, Cruz Roja Argentina, Fundación Huesped y Madres contra el Paco (Lomas).
“La campaña se lanzó hace un par de días. Se va sumando gente. Se van replicando los mensajes. La campaña va a seguir por más de un mes. Esperamos que sean muchas las personas que adhieran, se interesen, lean, discutan, debatan y se pongan a tono con este tema tan crucial”.
-¿De qué trata la campaña 15 ideas para una nueva ley de drogas?
-Las quince ideas tienen que ver con tres ejes centrales del debate sobre materia de drogas: despenalización, tráfico y atención en salud. Para cada eje estamos planteando algunas ideas que nos parecen muy importantes. Algunas tienen que ver con la necesaria reforma de la actual Ley de Drogas: despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, eliminar las medidas de seguridad educativa y curativa que tiene la actual ley y despenalizar el cultivo para el consumo personal. Apuntamos además a generar en la ley una mayor precisión para la figura de la tenencia simple, porque tal cual está planteada da lugar muchas veces a la persecución de los propios consumidores, quienes tienen que demostrar que es para consumo propio invirtiendo así la carga de la prueba, cuando debería ser la Justicia quien probara que hay un delito y no a la inversa.
-¿Cuáles son las ideas sobre el tráfico?
-Nos parece necesario dejar claridad en la ley respecto de las penas que le competen a los distintos eslabones de la cadena. No es lo mismo y no puede tener la misma pena el capo de una cadena criminal que el pequeño vendedor o la mujer pobre que transporta una pequeña cantidad de droga. Nos parece necesario que se diferencien con claridad esas escalas penales. En ese sentido es necesaria una modificación en el Código aduanero. Hoy, las personas que transportan pequeña cantidad de droga en la frontera se ven enfrentadas a un proceso por contrabando sumamente grave. La ley tiene que tener consideración de esta situación.
-¿Y respecto de la atención en salud?
-Ese es el tercer eje, atención en salud. Partimos de una idea central: la necesidad de crear un programa nacional de atención integral para los usuarios de drogas. Una concepción que garantice el acceso a los distintos servicios que los usuarios pueden estar requiriendo. En este sentido, y en concordancia con la Ley de Salud Mental aprobada ya hace un tiempo, nos parece que es necesario que se prioricen los tratamientos ambulatorios y los dispositivos alternativos a la internación. Porque la internación solo está justificada cuando es el único o el último recurso terapeútico al que se puede echar mano. No debería ser el primero. Esto también tiene que ver con otra idea fuerte: los dispositivos de atención a los usuarios de drogas deben estar basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos. Esto es algo central. Nos parece necesario que en la política de atención integral se incluyan las estrategias de reducción de daños, como una serie de herramientas más para la atención. Por otro lado, también en consonancia con la Ley nacional de Salud Mental, hay que reiterar el hecho de respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de tratamiento que requiera. Nadie puede ser obligado a iniciar un tratamiento, salvo situaciones muy extremas previstas en la ley y con el estricto control judicial.
-Y si tuvieras que definir el eje a atacar primero, ¿cuál sería?
-Son 3 ejes complementarios. Es muy complicado priorizar uno por sobre otro. Lo que pasa es que en este momento son distintos los ámbitos que pueden abordar uno u otro eje. Por ejemplo, hoy sin lugar a dudas, todos los temas que tienen que ver con el respeto a las garantías individuales, incluido el derecho a la privacidad que es derecho constitucional resguardado por el artículo 19, están en cierta forma siendo violentados por la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Esto no lo digo yo. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el Fallo Arriola.
-Entonces uno de los ámbitos cruciales es la discusión parlamentaria y de proyecto de ley.
-Por eso decía. Ese ejemplo es recurso necesario del Congreso nacional. Hoy por hoy tenemos una serie de proyectos de ley que se han presentado. En esta semana ha habido una reunión de diputados de los bloques mayoritarios. Han avanzando en la elaboración de un proyecto de consenso. Claramente la modificación de la Ley de Drogas puede ser un avance. Si la ley contemplara todos los cambios necesarios en relación a la protección de los consumidores y de los pequeños eslabones, además del refuerzo de la persecución a los reales responsables del tráfico, hay ahí una responsabilidad. Otro ejemplo, pensar en todo lo que implica el cuidado y el garantizar el derecho a la salud. Ahí ya tenemos a los Ejecutivos nacional, provinciales y municipales con sus áreas de salud. Esas áreas, que se ocupan del tema drogas, tienen una responsabilidad muy importante. Sin lugar a dudas responsabilidad junto a la sociedad civil por supuesto. Una responsabilidad de articular realmente una red de atención integral, algo que hoy no existe.
-Si ya de por sí el acceso a la salud pública es muchas veces complicado, debe ser aún más dificultoso en cuanto tiene relación a un usuario de drogas.
-Sí. Es la problemática que te mencionaba recién. Hoy existen recursos fragmentados, distribuidos muy desigualmente en el país. La posibilidad de acceso a la atención de salud es totalmente distinta según en qué ciudad o provincia vivas. Eso genera una situación de absoluta injusticia. Pero, volviendo, son 3 ámbitos que se deben abordar de manera complementaria. Uno no es más importante que el otro. Porque además la eficacia de la respuesta va de la mano en que se avance en estas 3 áreas.
-Pensando hacia adelante, ¿Es posible empezar a discutir también la forma en que la sociedad aborda el uso y abuso de las drogas de uso legal, prescriptas y de uso comercial?
-Nuestra organización históricamente ha venido intentando poner sobre la mesa la confusión, y a veces la hipocresía social, de quienes se desgarran las vestiduras ante las drogas ilegales y miran para otro lado con las drogas legales. Esas son en definitiva las que nos están trayendo mayores problemas sanitarios. Argentina es un país con consumo sumamente importante y elevado de sustancias farmacéuticas, como ansiolíticos y otros tranquilizantes. Esos consumos no son únicamente circunscriptos a los jóvenes. Hay que echar luz al problema, ya que no tiene que ver solamente con niños o jóvenes sino que afecta a todos los grupos etarios. Estoy pensando en drogas como el alcohol y el tábaco.
-No solamente etario, sino también tiene que ver con una cuestión de clases, el tipo de drogas consumido por personas de diferentes sectores sociales.
-El alcohol al margen de la marca, o el tipo de bebida que se toma, es una droga extendida en todas las clases sociales. Debo destacar que con satisfacción vengo escuchando cada vez con mayor frecuencia a funcionarios haciendo alusión a este tema. Es algo central, es sumamente importante. Hay que incluir esta discusión en el amplio y complejo problema de los consumos abusivos a todas las sustancias. Que la cuestión no sea marcada por la legalidad o ilegalidad de la sustancia. Y que se reconozca además que, en rigor de verdad, tenemos sustancias legales con efectos mucho más perniciosos en términos de salud e inclusive de seguridad. Es absolutamente conocido en la práctica criminal la asociación del alcohol con la violencia o con hechos delictivos. Es auspicioso que se ponga esto sobre la mesa y creo que nunca van a ser suficientes los esfuerzos en esa dirección.