Después de casi un mes de huelga de hambre, más de 1.500 presos palestinos finalizaron esa medida de fuerza tras acordar con el gobierno de Israel una serie de demandas.
La noticia fue confirmada por Qadura Fares, titular del Club de Prisioneros de Cisjordania, y también por el Ejecutivo hebreo en un comunicado. En el texto oficial, emitido por el servicio de seguridad israelí, se calificó la protesta de los presos como una “actividad terrorista”, pese a que la medida de fuerza tuvo un fuerte respaldo internacional.
Los presos políticos palestinos reclaman que se detengan las denominadas “detenciones administrativas”, con la cuales Israel encarcela a civiles sin tener que presentar pruebas ni respetar procedimientos judiciales. Además, demandan que se suspenda el aislamiento al que son sometidos y se permitan las visitas de familiares.
El acuerdo fue respaldado también por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, y Egipto participó como mediador para llegar al final de la negociación.
En las cárceles israelíes se encuentra detenidos 4.700 palestinos, entre hombres, mujeres y niños. Las condiciones en que viven los presos políticos y las torturas que reciben han sido denunciadas en varias oportunidades por organismos internacionales.
Medios de comunicación israelíes indicaron que el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, buscaba solucionar este conflicto antes de que este martes se conmemorara la Nakba, o Catástrofe. En esta fecha los palestinos recuerdan la creación del Estado israelí y el comienzo de la ocupación sionista sobre sus territorios.
El domingo pasado, el titular de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, había declarado que si moría algún preso político, la situación se podría convertir en un “desastre nacional”. Dirigentes de otras organizaciones políticas señalaron que la tensión producida por la medida de fuerza y la negativa de Israel a cumplir las demandas, logró una férrea unidad en el pueblo palestino que podría desembocar en una tercera Intifada.
Entre las entidades que criticaron la postura de Tel Aviv durante la huelga de hambre, se encuentra la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que reclamó al gobierno de Netanyahu poner fin a “la práctica abusiva” de las detenciones administrativas de palestinos y garantizar el trato médico a los prisioneros.
Luego de la ocupación de Israel de los territorios palestinos en 1948, y recrudecida en 1967 durante la llamada Guerra de los Seis Días, de un total de 11 millones de palestinos, más del 60% tuvieron que salir de su país como refugiados. En la actualidad, 4 millones de personas habitan las ciudades palestinas de Gaza y Cisjordania, y desde 1967 se calcula que casi un millón de ciudadanos fueron encarcelados en algún momento por las fuerzas de seguridad hebreas.