La mandataria brasileña finalmente eligió a los siete integrantes de una comisión que investigará las violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo que va de 1946 a 1988.
El anuncio fue realizado el jueves, 10 de mayo, y el perfil de los integrantes dividió las opiniones.
Los nombre son: Cláudio Lemos Fonteles, ex fiscal general de la República; Gilson Langaro Dipp, ministro del Superior Tribunal de Justicia; José Carlos Dias, ex ministro de la Justicia en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso; el jurista José Paulo Cavalcante Filho; la psicoanalista Maria Rita Kehl; el profesor Paulo Sérgio de Moraes Sarmento Pinheiro, que participa de misiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), inclusive la que denunció recientemente las violaciones en Siria; la abogada Rosa Maria Cardoso Cunha – que defendió a la presidenta Dilma durante la dictadura civil-militar.
La comisión será instalada el miércoles próximo, 16 de mayo, en una ceremonia oficial en la cual confirmaron presencia ex presidentes como José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva. “Todos ya confirmaron presencia en una demostración de que esa comisión no es del gobierno, es del Estado”, dijo el vocero de la presidencia de la república, Thomas Traumann.
Según Traumann, la presidenta hizo las invitaciones personalmente a casa de cada uno de los miembros. El criterio principal de Dilma, informó, fue la conducta ética y la actuación en defensa de los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad fue aprobada por una ley en noviembre del año pasado. El anuncio de los nombres estaba marcado para diciembre del año pasado, pero salieron solamente ahora, seis meses después. Ellos tendrán dos años para presentar el resultado de su investigación.
El periodo que será estudiado incluye la dictadura civil-militar, de 1964 a 1988. Muchos organismos de derechos humanos criticaron el recorte temporal definido en la ley, y afirman que la intención es sacar el foco del periodo propiamente dictatorial. Por otro lado la Comisión sólo podrá investigar violaciones de derechos humanos pero no tendrá potestad para procesar a sus autores, amparados además por la Ley de Amnistía.
El aguardado anuncio de los nombres generó distintas reacciones. Los familiares y ex detenidos reclamaron que ninguna de sus indicaciones fueron aceptadas. Según la ex exiliada política y representante del Comité por la Verdad, Memoria y Justicia en el Distrito Federal, Iara Xavier Pereira, en entrevista a la agencia brasileña Carta Maior, a pesar de no haber ningún nombre merecedor de un veto, el sector se sintió poco representado y criticó el perfil jurídico de la mayoría de los miembros. Solo dos – la psicoanalista Maria Rita Khel y el sociólogo Paulo Sergio – no tienen formación en derecho. “Será un trabajo enorme para un grupo pequeño y en un corto período de tiempo”, añadió.
El sociólogo Emir Sader, en su blog, elogió la elección de Dilma. “Los miembros de la Comisión de la Verdad nombrados por la presidenta Dilma tienen todas las calificaciones y condiciones de rescatar la verdad para la democracia brasileña y podeos estar seguros de que lo harán. Brasil será mejor con su trabajo, que merece todo el apoyo”, opinó.
El ex ministro de Derechos Humanos del gobierno Lula, Nilmario Miranda, indicado por los familiares, pero no seleccionado, también felicitó a la presidenta por la elección de los nombres.
La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) afirmó que esperaban la indicación de militantes históricos en la lucha por los derechos humanos, como el propio Miranda, además de algún familiar de víctimas, como Clarice Herzog, viuda del periodista Wladimir Herzog, muerto en 1974. Su nombre era dado como caso cierto. Por medio de su presidente, la OAB resaltó que la presidenta parece haber optado por un perfil más “técnico” para la comisión.