Por Ezequiel Arauz. Tal como había pasado con docentes, petroleros y subte, se repitió con los metalúrgicos y se convierte en tendencia: cuando un sindicato realiza un paro salarial con impacto, Cristina Kirchner apela a los argumentos más reaccionarios para restar legitimidad a la medida.
Corporativos; irracionales; privilegiados; últimamente, el ejecutivo no ahorró términos para referirse a los dirigencia sindical. En esta etapa de paritarias, desde la Rosada quisieron instalar como pauta de acuerdos un 18% de aumento, es decir, un porcentaje muy por debajo de los índices de inflación anual que, a falta de una medición oficial cierta, se ubica según el caso entre el 23 y el 25%.
La cifra que vienen cerrando hasta ahora la mayoría de los gremios con las patronales gira en torno al 22%. Mientras que para los gremios más grandes las negociaciones se estiran. Con medidas de fuerza, inician sus reclamos en el 30%. Solo la UTA firmó por debajo del 20%. Los Metalúrgicos pararon y los Bancarios se movilizaron el mismo día del discurso de la presidenta, pero también Camioneros, Comercio y Alimentación, que anunció medidas de fuerza para la semana, encabezan a aquellos que buscan superar en diez puntos esa cifra y todavía están lejos de la firma.
Racionalidad de UTA y UPCN
La Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Roberto Fernández es, de los grandes, el único gremio que respetó en las paritarias el porcentaje del 18% propuesto por el gobierno nacional. Pero ese acuerdo no es acatado por la seccional sur del conurbano. La conducción del gremio viene siendo cuestionada por los chóferes, ha sufrido la sangría de los trabajadores del SUBTE que ahora se organizan en la AGTSyP y además soporta altos niveles de autonomía por parte de los chóferes de la línea 60.
Varias unidades de la zona sur, de líneas nacionales y provinciales, circulan actualmente con afiches en su vidrio trasero que explican: “En disconformidad con el 17,6% de aumento exigimos el 30%. Delegados y trabajadores de la zona sur”. La medida fue votada en positivo por 16 cuerpos de delegados de Zona Sur durante un plenario realizado en la cabecera de Berazategui de la empresa 159. Los chóferes prometen juntarse nuevamente y convocar a más delegados.
Por otro lado, en el Salón Norte de la Casa Rosada y con la presencia de Cristina Kirchner y miembros de su gabinete, el Frente de Gremios Estatales conformado por 22 sindicatos, que hegemoniza la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), ratificó un 21% de aumento salarial desdoblado en dos cuotas de 10% en junio, con incidencia en el aguinaldo, y 10 % en agosto acumulativo
El secretario general del gremio, Andrés Rodríguez dijo que el aumento logrado es “aceptable” y remarcó que a diferencia de lo ocurrido en 2011, esta vez la recomposición será en dos y no en tres partes. Dos días después, Cristina valoró el acuerdo y la colaboración de la dirigencia de UPCN en “defensa del modelo”, en momentos de crisis internacional. En 2011 el sindicato había logrado un aumento por encima del 23%.
En la provinicia de Buenos Aires, en cambio, los estatales de ATE y los judiciales de la AJB, ambos de la CTA que encabeza Pablo Micheli, continuán reclamando incrementos por encima de ese porcentaje. Santa Cruz por su parte, está atravezada por reclamos salariales. Fue la propia Cristina en su discurso del jueves la que describió la situación: “los sindicatos lograron aumentos que ahora no hay plata para pagarlos” aseguró, en lo que luego catalogó como una “carrera alocada” de demandas.
En la provincia donde nació el kirchnerismo hubo dos cacerolazos, el último en reclamo contra el pago desdoblado de salarios por parte del gobierno de Daniel Peralta. De la medida participó la Mesa de Unidad Sindical, que reúne entre otros a la totalidad de los gremios estatales (municipales y de la gobernación, judiciales, docentes y medicos) y Luz y Fuerza, quienes a su vez vienen reclamando de manera conjunta contra el congelamiento salarial.
Caló sin señal
El mismo día en que la primera mandataria cargó contra la dirigencia sindical y dijo tener “rabia contenida”, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) había decretado y realizado paro nacional. Versiones periodísticas indican que desde presidencia intentaron comunicarse con Antonio Caló para evitar la medida de fuerza pero no obtuvieron respuesta de parte del dirigente.
En los últimos meses, y desde que el camionero Hugo Moyano comenzó a distanciarse públicamente del gobierno, Caló, pese a negarlo, declara y actúa como si fuese el candidato del oficialismo a reemplazarlo al frente de la CGT. La UOM ubica su reclamo en un 22% sumado a los 300 pesos mensuales que ya fueron pagados entre los meses de enero y marzo. El empresariado argumentó que con esa última suma el incremento total llegaría al 33%.
En este contexto, más allá de la injusta asignación exclusiva de las recientes conquistas de los trabajadores a la figura de Néstor Kirchner, el punto más crítico del discurso presidencial es cuando refiriéndose por igual a los “señores empresarios y señores dirigentes sindicales”-poniéndose fuera de una de las disputas en las que se define la agitada distribución de la riqueza- insta a ambos “a ponerle el hombro a un país que les ha dado mucho, y a articular intereses”.
En su giro de igualar las responsabilidades de quienes – como sea – representan a los trabajadores y sus intereses, y quienes representan al capital y sus intereses, el gobierno asume, una pretendida actitud neutral frente a la disputa salarial que por un lado desmiente su propia historia y por otro favorece directamente al empresariado.