Por Sebastián Tafuro. De integrar el MAS en los ‘80 a ser candidato a diputado en las listas de Alberto Rodríguez Saá en las últimas elecciones presidenciales.
De instalar un comedor popular en Puerto Madero – al que Andrés Calamaro se refirió en una canción como el “almorzadero de trabajador” – a ubicarse del lado de la Sociedad Rural y las demás organizaciones del campo en el conflicto por las retenciones en 2008. De ocupar Mc Donald´s para que le entreguen comida a su movimiento en momentos de profunda desesperación social a reclamar que lo dejen entrar al Congreso aunque eso signifique pasar por encima de la Ley de Cupo Femenino. La lista de eclécticos volantazos en la vida política de Raúl Castells podría continuar. Quien supo ser un referente del fenómeno piquetero de principios de siglo al mando del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) ha dado una serie de pasos en los últimos años que lo alejan significativamente de cualquier horizonte de transformación social aunque intente demostrar lo contrario.
El capítulo más reciente está signado por la polémica decisión de Ramona Pucheta de renunciar a su banca para permitir que, en su lugar, asuma el barbado dirigente social. Por un lado, se observa una maniobra política que a nadie debería sorprenderle en un país donde hace 2 años hubo candidaturas testimoniales. El MIJD, como parte del armado de Compromiso Federal, colocó en el segundo lugar de la lista de diputados bonaerenses a la coordinadora nacional del movimiento en esa provincia más por una sugerencia de la Justicia Electoral que por la definición estratégica de que ella fuese, en caso de lograr los votos necesarios, la que finalmente tuviera el lugar en el Parlamento.
Hasta allí, una artimaña utilizada en los recovecos de una legislación imprecisa, ya que la ley 24.012 hace mención a que las mujeres deben figurar en “un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas” pero nada dice respecto a cómo debe quedar la composición de las cámaras. Además, no existe impedimento de ninguna índole para que el tercero reemplace al segundo en una lista, en caso de que éste tenga algún inconveniente o, como en esta oportunidad, decida renunciar. El problema no es si las diputadas tienen argumentos sostenibles para impedir que Castells jure en la Cámara Alta el 10 de diciembre o si Castells es el que tiene razón y no hay por qué negarle su derecho. El problema es lo que dice Castells, cómo actúa y la posición política que ha adoptado hoy, visto y considerando sus orígenes.
Cuando el líder del MIJD afirma que son “la única diputación de izquierda que ganó en la Argentina sobre 28 millones de personas que votaban” suena a discurso extraviado, alucinado. ¿De izquierda “El Alberto”? ¿Castells decidió hacer entrismo en el popular movimiento del gurú del wi-fi? Ofertas de izquierda hubo, existe un cierto consenso acerca de quiénes son y no obtuvieron bancas. Nadie tuvo la más mínima duda de que Compromiso Federal no era una de ellas.
En consecuencia, el señalamiento de que no es una discusión de género, sino “una discusión de clase” la que se presenta entre el candidato y las diputadas que se oponen a su asunción (de diferentes bloques) no parece tener mayor validez. Aunque Castells haya tildado a Laura Alonso y Paula Bertol, del PRO, como “pro-nazis” debido a sus posturas sobre el tema (no negamos que pertenezcan a un partido que, en el mapa político actual, podría calificarse como de derecha o centro-derecha, pero de ahí a asemejarlas al nazismo hay un trecho importante), sus denodados esfuerzos por ubicarse a la izquierda son cada vez más infructuosos y menos creíbles. Ya nadie le teme a su verba inflamada.