Los represores se negaron a prestar declaración.
El pasado martes tuvo lugar la segunda audiencia por el juicio a represores que participaron de la Masacre de Trelew, en 1972. Los marinos se negaron a declarar, presentando testimonio por escrito. La semana próxima comenzarán las audiencias testimoniales.
El pasado martes tuvo lugar la segunda jornada del juicio por la Masacre de Trelew. Según consignó la agencia Telam, la querella calificó de “buen ritmo” el impulso del proceso judicial contra represores de la Marina que participaron en el trágico hecho 40 años atrás.
En agosto de 1972, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa dirigió el grupo de marinos que fusiló a 16 militantes populares. Como un preanuncio de la escalada represiva, bajo la forma de terrorismo de Estado, que tendría lugar pocos años después.
Además de Sosa, hay otros 6 imputados. Todos ellos marinos que estuvieron conectados con el hecho ocurrido en Base Almirante Zar de Trelew. El cabo Carlos Marandini, los capitanes de navío Emilio Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini, Jorge Enrique Bautista, Horacio Alberto Mayorga y Roberto Guillermo Bravo. Paccagnini y Mayorga están imputados como cómplices necesarios, Bautista por encubrimiento y el resto por ser presuntos ejecutores materiales.
Para el comienzo del juicio en los tribunales de Rawson, Chubut, viajaron sólo 5 de los acusados. Mayorga, según peritos forenses de la Corte Suprema, no está por ahora en condiciones físicas de afrontar el proceso. Bravo continúa radicado en Estados Unidos tras no prosperar ante la justicia de aquél país el pedido de extradición.
Los represores están imputados por homicidio doblemente agravado de los 16 militantes y por homicidio en grado de tentativa de otros 3. Estos últimos -Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar- lograron sobrevivir entonces. Dieron testimonio de los hechos en 1973 al periodista y poeta Paco Urondo, quien lo plasmó en “La Patria Fusilada”. Todos están desaparecidos desde la última dictadura militar.
Una de las primeras noticias sobre las jornadas del juicio fue el lunes pasado. El abogado de la Procuración Gral. de la Nación pidió que los represores fueran detenidos mientras dure el proceso. Sin embargo, el pedido fue desestimado por parte del magistrado que interviene como presidente del tribunal, Enrique Guanziroli, al considerar que no existe riesgo de fuga.
Entre los querellantes están Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Eduardo Hualpa, quien representa a familiares de las víctimas. De acuerdo a lo manifestado a Telam, Varsky consideró que “corresponde prisión perpetua, en tanto son 16 homicidios y tres tentativas”. “Son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que el Estado debe investigar”, enfatizó la abogada del CELS.
Esta versión se cruza con lo argumentado por la defensa de los imputados, quienes sostienen que se trata de delitos prescriptibles.
Además, los imputados se negaron a declarar en esta segunda jornada y presentaron por escrito sus testimonios de las indagatorias. Esto dejó a la vista las contradicciones entre las declaraciones de los oficiales imputados, que en la instrucción convalidaron la versión oficial de la dictadura sobre un supuesto nuevo “intento de fuga” y la declaración del cabo Morandino.
Al ser indagado en 2008, durante la instrucción del juicio, Morandino -que estaba de guardia en el área de la celdas al momento de los fusilamientos- manifestó que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, antes de abrir fuego sobre los militantes. Afirmó también haber escuchado los disparos de gracia de pistola, detectados por las posteriores pericias.
En 1973, la dictadura que se había iniciado en 1966, lo envió en comisión a EE.UU. durante un año y medio hasta pasarlo a retiro. La orden de sus superiores fue guardar silencio y no hablar de lo ocurrido.