Por Gerardo Szalkowicz, desde Venezuela. El 27 de octubre va a quedar en la historia de Venezuela como el día en que por primera vez fue aprobada una ley pensada, germinada y motorizada por el movimiento popular.
Se trata de la Ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, que como elemento neurálgico declara a la vivienda como un derecho humano fundamental.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -construida en 1999 tras la llegada de Hugo Chávez al gobierno- contempla en su artículo 204 la posibilidad del proceso de formación de leyes por iniciativa popular. Se precisan las firmas de al menos el 0,1% de los inscriptos en el registro electoral para presentar una propuesta legislativa.
Bajo este paraguas, algunos movimientos populares tomaron el guante y en junio de 2010 empezaron a trabajar en la redacción de un instrumento legal que intentara combatir las grandes mafias inmobiliarias y poner coto a los abusos de muchos arrendadores. La Red Metropolitana de Inquilinos (que forma parte del Movimiento de Pobladores) y los frentes de Inquilinos de los Estados Mérida, Carabobo y Aragua construyeron ese primer borrador y en enero de este año, en un recordado encuentro del Movimiento de Pobladores con Chávez, el presidente bendijo la iniciativa y los incentivó a presentarla. Además, aprobó inmediatamente un decreto que prohíbe los desalojos arbitrarios.
El 2 de febrero el proyecto salió a la calle en busca de las 17.400 firmas necesarias; a los 10 días ya se habían recolectado unas 498 mil. Se organizaron múltiples jornadas públicas de debate en plazas de todos los estados del país hasta que la propuesta llegó a la Asamblea Nacional (el órgano parlamentario unicameral) para continuar debatiéndose primero en la Comisión de Administración y Servicios Públicos y durante las últimas semanas en el recinto.
Ana Marina Rodríguez, referente de la Red Metropolitana de Inquilinos, relató a Marcha: “La discusión fue una avalancha de participación, de construcción colectiva, de observaciones, aportes, criticas… fue conmovedor ver al pueblo convirtiéndose en hacedor de sus propias leyes”.
Derecho vs mercancía
La ley ordena la creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, órgano que se va a encargar de fijar los precios de los inmuebles y, en base a éstos, del justo valor de los cánones de los alquileres; también se abocará a la inspección y fiscalización de los inmuebles, a elaborar los contratos tipo y a determinar las infracciones y sanciones. Además, la normativa establece el acompañamiento jurídico y administrativo de las y los inquilinos a través de la Defensoría Pública.
“Lo principal es que la ley declara a la vivienda como un derecho humano –apuntó Rodríguez–. Logramos equilibrar la relación arrendador-arrendatario y golpeamos en un punto central: las grandes corporaciones y cámaras inmobiliarias, ese gran monopolio que maneja todo el mercado del arrendamiento”.
El diputado oficialista Claudio Farías, integrante de la comisión que trató el tema, también explicó las implicancias del nuevo marco jurídico: “El 80% del mercado inmobiliario está controlado por 12 familias, ahora se van a tocar los intereses de esos grandes grupos y “multi-arrendadores”, se va a atacar la raíz de la lógica capitalista de especulación inmobiliaria. La ley pone fin a la mercantilización de la vivienda”.
Ladran Sancho…
El proyecto generó un fuerte rechazo de la derecha política y empresarial del país. “Es una ley comunista que destruye la propiedad”, sentenció, sin eufemismos, la diputada María Corina Machado (además pre-candidata presidencial con su propuesta de “capitalismo popular”).
Para la vocera de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, María Navarro, la normativa “es punitiva, apoya al insolvente y castiga al hombre trabajador y ahorrativo que ha logrado adquirir dos o tres viviendas para subsistir con su familia”. Fernando Castro, representante del órgano empresarial Fedecámaras, también se quejó: “Es un secuestro a la propiedad privada y no se parece a ninguna ley de algún país democrático del mundo”.
Sin embargo, sólo el artículo 138 contempla la posibilidad de expropiación del inmueble. Y corre únicamente para aquellos propietarios de más de cinco viviendas que incurran tres veces en una misma falta.
Sobre la posición de las diputadas y diputados opositores, Ana Marina Rodríguez expresó: “No podíamos esperar otra cosa, en verdad sería preocupante si hubieran aplaudido la ley; si los perros ladran, vamos por buen camino”.
Rodríguez muestra con orgullo la victoria popular: “Cuando nos atrevimos a soñar con esto nos decían que éramos unos utópicos, que las mafias inmobiliarias son demasiado poderosas, pero dijimos `estamos en revolución, somos militantes de este proceso y no nos vamos a rendir´. Así logramos ser el único país del mundo con semejante avance en materia de derecho a la vivienda, aunque no hay que olvidar que fue producto de la lucha popular”.