Por Carina López Monja. El inicio del segundo juicio por Cromañón duró ayer unos breves minutos. La sala prevista por el Tribunal Oral Nº24 era reducida y no permitía el ingreso de los familiares de las víctimas. Frente al reclamo, el juzgado suspendió el juicio “por cuestiones de seguridad”.
El juicio estaba previsto a partir de las nueve y media de la mañana, pero mucho antes, familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón se congregaron en Tribunales. Sobre Talcahuano al 500, frente al Palacio, colocaron 194 sillas vacías, una por cada uno de sus hijos, o hermanos o amigos. Luego colocaron 52 más, para recordar y pedir justicia por los pasajeros del ferrocarril Sarmiento que murieron en febrero pasado. Cada familiar llevaba colgado sobre el cuello la foto de su hijo o hermano, todas caras de jóvenes que desde hace siete años no están con su familia.
“Nosotros elaboramos una lista para ingresar a la sala y poder presenciar el juicio. Lo cierto es que no entrábamos ni la mitad de los padres. Y empezamos a gritar, pidiendo que nos permitan entrar. Queremos un juicio que sea público al menos para los familiares, no decimos que entre cualquier vecino, pero si es público, ¿Cómo no nos van a dejar entrar?”, se preguntó Nilda Gomez, madre de Mariano Benítez, uno de los 194 jóvenes que murió el 30 de diciembre de 2004.
Los jueces Marcelo Roberto Alvero, Raúl Horacio Llanos y María Cecilia Maiza quienes encabezan el Tribunal Oral en lo Criminal Nº24 fueron los encargados de suspender la primer audiencia. En este segundo juicio, los imputados son cinco: policías, empresarios y funcionarios de gobierno son acusados por la tragedia. El primero de ellos es el dueño de Cromañón, Rafael Levy, de quien se debe probar su relación con Omar Chabán; le sigue el ex comisario Gabriel Sevald, a cargo de la Comisaría 7ma de la Federal en aquel momento; y luego los tres funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra a cargo de cuestiones de seguridad: Juan Carlos López, Enrique Carelli y Vicente Rizzo, acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según explicaron los abogados de la querella Rafael Levy acusado de estrago doloso agravado por la muerte de personas, era socio de Omar Chabán en Cromañón y tomaban las decisiones en conjunto. “No sólo era el dueño del boliche, sino que además, por orden suya, se mantenía cerrada la puerta de emergencia con candado, el mismo la hizo cerrar, a pesar de que el legajo de bomberos lo obligaba a tenerla habilitada”, explicó José Iglesias, uno de los abogados querellantes y padre de una de las víctimas de Cromañón.
Al ex comisario Sevald se lo imputa por cohecho. El antecedente y las pruebas que presentarán los abogados van en sintonía a las presentadas en el primer juicio, en donde se probó que el ex subcomisario Carlos Díaz cobró dinero el mismo día de la tragedia, mientras se dirigía a la comisaría donde lo esperaba Sevald. De hecho, en el fallo del 2009 los mismos jueces se refirieron a un “pacto espurio verbal” entre Díaz; Chabán, y su mano derecha, Raúl Villareal. Entre otros puntos, dijeron que estos últimos “entregaron a partir del mes de septiembre de 2004 diversas sumas de dinero que eran recibidas por Díaz” para que el boliche no fuera controlado. Por este motivo la defensa había pedido que se recusara a los jueces, lo cual fue denegado.
Recordemos que en el juicio anterior Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión, pero la Cámara de Casación luego lo corrigió y rebajó la figura dolosa a culposa, mientras incluyó entre los condenados a los músicos de la banda Callejeros. En tanto, el policía Díaz fue condenado a seis años de prisión e inahibilitación especial perpetua, por incendio culposo seguido de muerte y Raúl Villarreal, ex mano derecha de Chabán, la misma pena pero por el mismo delito que Chabán.
De la banda Callejeros, el cantante Patricio Santos Fontanet y el manager Diego Argañaraz fueron sentenciados a cinco años de prisión, el baterista Eduardo Vázquez a cuatro años y los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin a cuatro años, Ana María Fernández a tres años y medio y Gustavo Torres a tres años y nueve meses, mientras que se fijaron penas de prisión en suspenso para el resto de los integrantes de la banda.
La diferencia en este segundo juicio, según la querella, es la jerarquía de los imputados. “No es habitual que la estructuras máximas de responsabilidad lleguen a juicio. Acá están en el banquillos los que hicieron posible que Cromañón estuviese abierto desde el año 97 y por eso tienen que responder. Tenemos a todos los personajes, no a los perejiles sino los que riegan los perejiles”, afirmó Iglesias.
Sin embargo, muchos de los familiares, inconformes con las sentencias del primer juicio, descreen de los resultados del que acaba de comenzar: “Es el mismo tribunal, es un tribunal light que no le importa que los padres se queden afuera, total son padres, les mataron a los hijos que se aguanten. Ya se los mataron hace 7 años, piensan. Es difícil creer, es un tribunal de justicia como los que tenemos en argentina”, dijo Nilda Gómez en la puerta de los Tribunales.
Por el momento, se desconoce la sala y el día en que se reanudarán las audiencias, aunque se prevé que el juicio no dure más de tres meses y tenga audiencias dos veces por semana.
“Es hora de cerrar una etapa y demostrar la culpabilidad de todos los imputados. Queremos que los cinco sean condenados y que sus condenas sean acordes a su responsabilidad”, concluyó otro de los abogados querellantes, Patricio Poplavsky.