El Gobierno nacional va por la reforma del Código Penal que data del año 1921. Una comisión integrada por un amplio arco de los sectores políticos y judiciales, encabezada por el juez Eugenio Zaffaroni, se reunirá hoy con la presidenta Cristina Krichner.
No es el primer Código que el Gobierno nacional busca reformar, ya ha impulsado la revisión del Código Civil y Comercial como parte de la reformulación y la incorporación de nuevos derechos: “sin sociedad ni democracia, no hay derechos” mencionaba hace poco más de un mes atrás la Presidenta.
Tras la aprobación en Diputados que dio la media sanción a la inclusión de la figura de “femicidio” al Código Penal, hoy se define la conformación de una comisión que reforme el Código en su integridad. Con una representación política muy plural, dicha Comisión encabezada por el juez Eugenio Raul Zaffaroni, incorpora a el ex camarista Leon Arslanian, el diputado Ricardo Gil Lavedra, por el PRO a Federico Pinedo y a la ex diputada del Frente Amplio Progresista, Maria Elena Barbagelata. Es que Cristina Kirchner pensó que para elaborar un proyecto que goce de un consenso amplio era necesario conformarlo con voces tanto del oficialismo como de la oposición, para lo que se reunirá con el equipo de profesionales para firmar el decreto que avale el proceso reformista.
El Código Penal actual ha sufrido enmiendas que además de haberlo convertido en “un texto totalmente incoherente” según declaró Zaffaroni, peca por la ausencia de una legislación adecuada que de por tierra con los saldos negativos en los procesos penales actuales para dilucidar, entre otros, si corresponde o no una pena, así como también revisar las figuras delictuales en tanto delito o no por la edad que tiene el imputado. En estos casos se avanzaría en analizar cuál es la figura actual que implica a los menores de edad.
A su vez, otros de los cambios que estudiará el equipo de profesionales especialistas reside en la proporcionalidad de las penas y, en este sentido, se buscará establecer nuevos topes, incorporar delitos que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos, como los hechos de genocidio y desaparición forzada, leyes especiales como las que pudieran referir a temas ambientales, de drogas, etcétera, y hasta diseñar un sistema de penas alternativas a la cárcel. En este aspecto, de la mano de la discusión acerca de la delincuencia juvenil, la condena social y represión policial que se ejerce sobre los menores marginados, se está comenzando a implementar un nuevo dispositivo por el cual aquellos jóvenes en conflicto con la ley penal no deberán ingresar a una comisaría, como sucede hasta el momento, sino a un instituto de menores. Este giro en el tratamiento se basa en las pericias y denuncias que diversos organismos de derechos humanos vienen realizando a partir de la situación que vive un menor en una comisaría, no sólo por parte del personal policial sino de otros adultos presentes en ella.
“Crear un nuevo Código Penal es una tarea que se nos impone, que debemos hacer y a la vez es una tarea que está en la resistencia de los poderes coloniales”, planteó Zaffaroni haciendo referencia a la coyuntura y en respuesta a una pregunta sobre el carácter plural de la Comisión que desplegará dicha tarea. En este sentido, continúa la línea de la creación del Código Penal de 1921 en el gobierno yrigoyenista, el que había quedado a cargo de una mayoría opositora impulsada por Moreno.
Todos los especialistas convocados coinciden en el diagnóstico de que una reforma es imprescindible y en continuar con el puntapié que lanzó en aquel entonces el juez de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar durante la presidencia de Néstor Kirchner. En esa oportunidad, los ejes principales giraban en torno a los delitos de lesa humanidad, se eliminaba la reclusión perpetua y se ponía un tope de 30 años (hoy llega hasta los 55 años), también se otorgaba un papel predominante a la acción que llevaran adelante las víctimas, se incorporaban los delitos ambientales, se elevaba el castigo para los delitos cometidos por funcionarios públicos y se establecía la creación de un Régimen especial para menores de edad, entre otros elementos destacables. Sin embargo, no se logró tal acuerdo en relación a la despenalización del aborto, dejando así afuera su tratamiento en el marco de la discusión sobre el nuevo Código Penal. Muchos de los argumentos que desde fuentes cercanas a la Casa Rosada se hacen oír tienen que ver con que tal discusión implica “una puesta en juego mayor e impacta a su vez en la sociedad toda de una manera que afecta diversas sensibilidades y, en este sentido, se lo analiza como una elaboración de una etapa posterior”.
Si bien un fallo reciente de la Corte a favor de una mujer víctima de un abuso sexual sentó precedente dejando en claro que cualquier mujer víctima de una violación puede acceder a un aborto no punible, habrá que esperar en esta oportunidad por la discusión sobre el aborto, mientras que sí se estarían incluyendo otros temas de género como la revisión de lo que se considera actualmente como “delitos contra la libertad sexual” hoy denominados “contra la integridad sexual” así como también la violación en el matrimonio (hoy excluida como figura penal).
Un cambio de eje y de código en la política reformista del Gobierno nacional busca consolidar y sistematizar normas que se fueron estableciendo en la conducta cotidiana e histórica de la sociedad para plasmarlas en leyes especiales que incluso podrían ser consideradas por fuera del Código. Los pasos a seguir en el Congreso ante temas que requieren un debate mayor en cuanto a la madurez político-social, tales como la despenalización de las drogas, la despenalización del aborto y la incorporación de delitos de lesa humanidad previstos en tratados internacionales que ya han sido firmados, serán parte de un análisis posterior.