Héctor Recalde (izquierda) y Facundo Moyano (derecha) impulsores del proyecto de ley
Por Ezequiel Arauz. Presentada por diputados de la CGT, fija que las empresas deben asumir responsabilidades sobre condiciones de trabajo, higiene, seguridad social y asociación sindical de los trabajadores a los que contratan mediante tercerización. El PRO y la UIA aseguran que la ley atenta contra la dinámica del mercado laboral y la competitividad.
El proyecto, que cuenta con dictamen de mayoría en la comisión de legislación laboral de la cámara baja, busca poner límites a una práctica recurrente entre el empresariado local a la hora de abaratar costos laborales, evadir impuestos y enmascarar y precarizar la relación de dependencia. La iniciativa busca sustituir el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo para hacer “solidariamente responsable” a la firma principal ante incumplimientos de sus cedentes, contratistas o subcontratistas.
Elaborada e impulsada por Facundo Moyano y Héctor Recalde, ambos integrantes de la bancada del Frente para la Victoria, en base a un viejo proyecto presentado por el actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, durante su mandato como legislador nacional. El dictamen de mayoría fue firmado además de por el propio Recalde que es presidente de comisión y el vice e histórico dirigente de la CTA, Víctor De Gennaro, por un amplio conjunto de diputados del oficialismo y casi la totalidad de los bloques de oposición.
La modificación y ampliación más sustancial es la que el texto hace respecto de un instituto legal conocido como “responsabilidad solidaria”. A partir de la ley, la responsabilidad de una empresa ante la cesión total o parcial a otros del establecimiento o explotación habilitado a su nombre, deberá expandirse también hacia quienes “contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos, obras o servicios correspondientes a su actividad principal o accesoria, dentro o fuera de su ámbito, tenga o no fines de lucro”.
El proyecto específica que las empresas deben exigir a los cesionarios, contratistas o subcontratistas “el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo, higiene y seguridad y frente a los organismos de la seguridad social y asociaciones sindicales”.
Posturas desde el PRO y la UIA
De los 23 diputados presentes en la comisión, el único que no firmó el dictamen fue uno de sus secretarios, Julián Obligio, integrante del PRO. Consultado por Marcha al respecto, el legislador explicó que según su visón, la redefinición que el proyecto hace de la responsabilidad solidaria es “muy extensa”.
El diputado explicó que “el proyecto no solo compromete a las empresas contratistas con aquellas relacionadas directamente con su objetivo principal, como debiera ser, sino también con otras, cuyas actividades son accesorias”.
Obligio aseguró estar en contra de los abusos que provoca la tercerización, pero indicó que de aplicarse la ley “alteraría la dinámica del mercado y de los procesos productivos”. El legislador del PRO, dijo que ya hay fallos judiciales sobre las empresas directamente relacionadas, en las que se les impone la responsabilidad en cuanto a las condiciones de trabajo, con lo cual “no se entiende a qué responde y que aporta esta modificatoria”.
El diputado, becado para su formación en España en una fundación presidida por José María Aznar, apuntó sus críticas sobre otro punto al que también considero excesivo, y explicó que la norma fija que el contratista principal deba efectuar el “pago extra de la cuota sindical” de los trabajadores de las firmas tercerizadas que contrate.
Textualmente, lo que el proyecto propone es que los contratantes exijan a las tercerizadas “copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, obra social y, de corresponder, a la asociación sindical”.
En sintonía con el legislador macrista, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio De Mendiguren, vaticinó que la medida propuesta desde el sindicalismo podría “atentar contra la competitividad”. El empresario agregó que la tercerización es una herramienta que “se usa en todo el mundo”.
Por su parte, los diputados de la CGT, explicaron que la ley no prohíbe la tercerización sino que busca generar mecanismos para regularla. El propio Facundo Moyano advirtió que se trata de evitar que la actual Ley de Contrato de Trabajo “sea utilizada como una herramienta de precarización y explotación”.
Según sostienen los fundamentos de la norma se trata de “brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador, que a raíz de la evolución y la utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones laborales”.