Por Diana Cabrera. Se anuncian nuevos programas de asistencia a niños y adolescentes, pero al mismo tiempo se cierran servicios locales de protección y promoción por falta de recursos.
El pasado martes 17 de abril el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli presentó en La Plata el programa de “Operador de calle”, con el objetivo de trabajar en la asistencia y prevención de las problemáticas de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En la misma semana, en la ciudad de La Plata tres Servicios locales de Protección y Promoción de los Derechos del Niño cerraron sus puertas por falta de presupuesto y una situación insostenible de irregularidades laborales e imposibilidad de acción ante la ausencia de toda clase de recursos.
La figura del operador de calle, así como la creación de los Servicios locales y zonales de Promoción y Protección de Derechos, se inscribe en el marco de políticas enmarcadas en la Ley provincial 13.248. Reglamentada en el año 2007, la ley es parte de un cambio de paradigma en lo que hace a la concepción socio histórica de la niñez y la adolescencia. A partir de esta norma -y su correlato a nivel nacional, la Ley 26.061- se empieza a ponderar el “interés superior del niño”, entendiendo a esto como la máxima satisfacción integral de derechos.
Consultado por Marcha, Javier Frías, abogado e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia explicó que “el programa anunciado por Scioli y Navarro no parece innovar en casi nada a los operadores de calle que existen hoy en el ámbito de la Secretaría de Niñez y los municipios. Es más una dotación de recurso humano que un programa, es decir, es un operador de calle más, pero que recorre las calles sin una base fija y sin estar inserto en una estructura como puede ser un servicio zonal o un servicio local. De allí que sus funciones sean tan amplias como la ley misma. Scioli continúa así con su cometido de ‘ganar la calle'”.
Las declaraciones del gobernador Daniel Scioli, respaldando un Estado social activo que llegue a 80.000 niños y a la profundidad de barrios y familias, contrastan drásticamente con la realidad de la implementación y funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos en la provincia. En los últimos años la política de abandonar en manos de los municipios la implementación del sistema ha dejado un panorama desolador en todo el territorio, donde la foto se repite: condiciones de extrema precarización laboral de los profesionales que hacen parte de los equipos en los servicios locales y zonales (abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, otros), con contratos de 6 meses, sueldos de 1500 a 2000 pesos, irregularidades en los pagos de salarios, becas u otros programas de apoyo y ausencia de recursos materiales de toda clase, para la ejecución de estrategias que permitan abordar de forma efectiva el contexto de vulnerabilidad de miles de niños/as y adolescentes.
La situación de los trabajadores se agudiza no sólo por las condiciones materiales antes relatadas, sino por la presión y estrés que supone la labor en los servicios locales y zonales, con situaciones de emergencia y riesgo constante que deben ser afrontadas, en la mayoría de los casos, sin el respaldo adecuado de prácticas políticas que acompañen sus decisiones y estrategias.
En los últimos días, el cierre de los servicios locales en la región capital de la provincia -que funcionaban en Ringuelet-Tolosa, Los Hornos y Olmos- fue un contundente reflejo de la situación. A este nivel de emergencia se ha llegado a partir del vaciamiento de las políticas, que podrían ser integrales y efectivas a la hora de emprender el trabajo con los chicos. En la realidad, estos son excluidos y golpeados sistemáticamente por un ambiente simbólico y material construido en una sociedad que mira hacia otro lado, sin prácticas de corresponsabilidad.
En el discurso de presentación del programa, Scioli habló de “combatir la violencia, el delito, la droga, con deporte y con educación”, pero en ningún momento hizo referencia al plano económico de estas políticas. De esta forma, el cómo de la ejecución de estas expresiones de deseo desde el aspecto económico parece ser un punto ciego entre las palabras del gobernador y los hechos concretos.