Fotos: Gustavo Pantano
Por Redacción Marcha. Ayer se cumplió el tercer aniversario de la masacre de once, donde murieron 52 personas en una cadena de responsabilidades que aun hoy siguen impunes. El gobierno nacional, protagonista de las críticas.
Otra mañana en los andenes, revivir la historia, seguir llorando ausencias. Otra vez, como hace tres años, vuelven a ser las 8.30 de una mañana de trabajo, 1200 pasajeros a bordo, un tren que no se detiene y la tragedia que llega a la hora del laburante, del mate caliente, de una ciudad desperezándose.
El pedido de justicia, de que se juzgue a toda la maraña de complicidades y corrupciones que derivaron un viaje en transporte público en una catástrofe, sobrevoló toda la jornada. En medio del juicio oral y público del que se espera sentencia para mediados de este año, entre los 29 acusados se encuentran los ministros de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, Pedro Ochoa Romero (ex titular de la CNRT) y Guillermo Luna (subsecretario de Transporte de la Nación), la ex cúpula directiva de la firma que controló el ferrocarril Sarmiento y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros. Ya pasaron por el Tribunal Oral Federal 2 más de 180 testigos desde el comienzo del juicio, el 18 de marzo de 2014.
Las miradas se pierden en andén 1, en el Memorial de los Corazones, donde a la hora del accidente comenzó el primer acto. Los ojos se nublan en la misa de la Catedral en la que cada familiar lleva una vela, y 51 arden para que el fuego no apague lo que atravesó aquel trágico 22 de febrero de 2012: todas y todos nos exponemos a diario por la desidia, la corrupción, la administración fraudulenta, el ninguneo de la vida de laburantes, estudiantes, gente a pie que toma el transporte más económico y que más distancia recorre; el que nos lleva y nos trae uniendo el conurbano con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, ese día, fue más hostil que nunca.
La noche empezaba a levantarse en la Plaza de Mayo cuando Pablo Menghini y María Luján Rey, padre de Lucas Menghini Rey, quien fue encontrado dos días después de la tragedia entre dos vagones, se convirtieron en los oradores representantes de familiares de las víctimas. Aludiendo al presidenciable Florencio Randazzo, ministro del interior y transporte que se luce en la inauguración y modernización de los ferrocarriles, expresaron: “El gobierno tuvo tiempo y dinero para evitarnos este dolor, lo de ahora es una inversión tardía y desesperada”.
Ya había pasado por el escenario Laura Ginsberg, miembro de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA, organismo que no participó del 18F), quien dijo a viva voz: “Justicia es un valor y no es un sinónimo de este sistema judicial corrupto que vamos a perseguir todo el tiempo que sea necesario”.
El camino por pedido de justicia es difícil y doloroso cuando el poder está señalado. Las miradas que siguen buscando una respuesta ante tanta muerte evitable. El llanto que no cesa ante tanto funcionario que desestima sus obligaciones y al pueblo para llenarse bolsillos y cubrir a los amigos. Y, entre tanta bronca y tanta ausencia, la llama que sigue encendida: las 51 víctimas que son pura presencia y espera de que paguen aquellos que les niegan a la gente de a pie la dignidad y la vida misma.