Por Jesica Farías. Lulú tenía dos años cuando Alejandro Fernández la asesinó a golpes. A pesar de tener denuncias por violencia de género la Justicia no lo investigó ni imputó por el caso. En cambio, llevará a juicio a la mamá de la nena, Yanina González, por abandono de persona. El debate oral y público comenzará el lunes 23 en los tribunales de San Isidro.
Agosto de 2013. Una casa en la localidad de Derqui. Tres personas: Lulú, Yanina González y Alejandro Fernández. Con la niña convaleciente, fue la madre quien pidió socorro. A los gritos alertó al barrio. Cargaba a la nena y una gestación de seis meses. Mientras ella buscaba ayuda, él decía que el culpable era el papá de la chiquita. Después, y al comprobarse que éste vio por última vez a la pequeña cuatro semanas antes del hecho, se desdijo y cargó contra su pareja, quien no tenía antecedentes por malos tratos. Y en ese marco, la titular de la Unidad Funcional Especializada (UFE) en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, Carolina Carballido Calatayud, inculpó a la madre por “abandono de persona”, es decir, la responsabilizaron por la muerte pero no se la atribuyeron. Y liberó al hombre que contaba con un prontuario doloroso: maltrataba a las/os hijas/os de sus novias cuando éstas se negaban a tener relaciones sexuales. Una vez llegó a revolear a un bebé por el aire ante un “no”.
“Frente al femicidio, la justicia patriarcal le atribuyó ese delito a Yanina González porque considera que la madre es la única garante de vida”, señalaron al respecto desde la Comisión por la Libertad de Yanina, que acciona por el esclarecimiento del caso, procurando justicia para Lulú y su madre, pero también para Tiziana quien nació en la Unidad 33 de Los Hornos, La Plata. Yanina estuvo cautiva desde agosto de 2013 hasta diciembre pasado, cuando la “beneficiaron” con la prisión domiciliaria. Sí, ellas tras las rejas y Alejandro Fernández, el femicida, libre y amenazando a las personas que brindarán testimonio en el juicio que se desarrollará en los tribunales de San Isidro (Ituzaingó 340) desde el 23 hasta el 25 de febrero. La posible condena abruma: podría recibir una pena de al menos 8 años de cárcel. Sí, ellas con temor y encerradas y él, como uno de los principales testigos del debate oral y público.
¿Puede decirse que Yanina abandonó a Lulú? ¿Acaso los intentos desesperados por devolverle el aliento a la niña pueden juzgarse como un desentendimiento? ¿La fiscal tuvo en cuenta que la autopsia, la que reveló que la pequeña murió a causa de traumatismos craneoencefálico y torácico, demostraba que fuera de esos golpes la nena estaba en óptimas condiciones de salud? Lejos de investigar la acción, es decir, el femicidio vinculado; Carballido Calatayud se centró en determinar si González era buena o mala madre. “No alcanza con ser pobre ni con ser mujer porque siempre hay algo más para cargar culpas ajenas”, dijo a Marcha Cecilia Raspeño, integrante del Centro Comunitario Gallo Rojo de San Miguel, espacio que insiste en la libertad de la joven. Yanina desde hace dos meses adquirió el derecho a la prisión domiciliaria y tobillera electrónica en la pierna, pasa sus días en una casa del conurbano bonaerense (que preferimos no nombrar ante las amenazas de Fernández) en donde el acompañamiento se contrapone con un pasado descuidado, uno que dejó dolorosas secuelas.
Yanina se crió en la calle, en un contexto de violencias e indiferencia: pasó del maltrato paterno al de sus parejas, como quien entrega del brazo y en el altar a la novia. Pero su relación con su hijo e hijas no tuvo ni un golpe. Desde Gallo Rojo recuerdan el vínculo que tenía con Lulú, la que aprendió a caminar en un campamento que el Mocase organizó en Santiago del Estero y al que asistieron como parte del espacio sanmiguelino.
“La justicia es siempre perversa con las minas pobres”. Lo dice Carina, quien acompaña a Yanina en la domiciliaria. Le dio cobijo en su casa, una pequeña pero que se vuelve gigante a la hora de atender y entender necesidades. Ahí, la joven celebró la Navidad, recibe visitas, juega a las cartas, ve crecer lejos de los muros a Tizi y sueña con un terreno para ellas.
También es donde espera el lunes 23 la decisión de los magistrados Lino Mirabelli y Esteban Andrejin y de la jueza Clarisa Moris, del Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro. Estará representada por la abogada Gabriela Conder, quien asumió la defensa hace casi un año, después de que la primera letrada le dijera a González que lo mejor sería que no declarase. Y de cara al juicio, la Comisión promueve acciones para ir por la liberación y el esclarecimiento del femicidio vinculado de Lulú.
“Entre lo que exigimos, además de la libertad, es una reparación por la historia íntegra de violencia que sufrió Yanina desde que nació y por el tiempo que tuvo que pasar privada de su libertad sin sentencia firme y con un juicio patriarcal y misógino; y, por otro lado, una acción institucional a la Justicia contra la fiscal Carballido Calatayud por ésta y otras causas que demuestran una y otra vez que una persona así no puede estar a cargo de una fiscalía especializada en genero”, finalizó Rosario Castelli, integrante de la Comisión.
Mucho ruido
Las organizaciones sociales e independientes que forman parte de la Comisión convocan a participar de una jornada intensa en los alrededores de los Tribunales sanisidrenses el lunes 23, desde las 9 de la mañana, para apoyar a Yanina González en el indebido juicio pero también para centrar la vista en el femicida y en la fiscal. “Ante la violencia machista, autodefensa y justicia feminista”, invitan. Y así le ponen el cuerpo: porque si tocan a una, “respondemos todas”.