Por Sergio Álvez, desde Misiones. Un fallo judicial reincorporó a doce trabajadores de ATE despedidos en 2012 y sancionó a la Municipalidad de Campo Grande obligándola a pagar salarios retroactivos.
En Misiones, como en tantas otras provincias del país, los municipios son manejados por intendentes apegados a esquemas neo feudalistas, dentro de los cuales la voluntad de los alcaldes de turno suele elevarse por encima de todo, incluso hasta el paroxismo del capricho y de las leyes vigentes. Son los trabajadores municipales -los más postergados salarialmente dentro de la escala de empleados estatales de la Argentina- quienes mayormente padecen este tipo de comportamientos.
Contratos basura, vapuleo de normativas laborales, desprecio y persecución hacia las experiencias de organización sindical, y otras humillaciones por el estilo, forman parte del paisaje cotidiano del empleo en las comunas misioneras.
En este contexto, la estabilidad laboral de los trabajadores municipales suele ser utilizado por los empleadores -los Ejecutivos Municipales- como elemento de extorsión o disciplinamiento. Así, el ansiado “pase a planta”, que garantiza los derechos laborales de todo trabajador, irrumpe muchas veces como un premio o un castigo para el trabajador o la trabajadora municipal.
Esto mismo fue el trasfondo del episodio que protagonizó el intendente de la localidad misionera de Campo Grande, Carlos Sartori, cuando decidió despedir a doce trabajadores que se habían organizado sindicalmente para reclamar un pase a planta permanente, que les había sido garantizado la gestión anterior.
Fallo histórico
En un fallo sin precedentes en la provincia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) condenó a la Municipalidad de Campo Grande, a reincorporar a los doce trabajadores municipales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado que fueron arbitrariamente despedidos por el intendente Carlos Sartori en marzo de 2012. Además, la Resolución 728 del STJ, que lleva la firma de los nueve ministros, condenó a la Municipalidad “al pago de los salarios dejados de percibir desde el acto anulado, hasta la efectiva reincorporación de los mismos a sus puestos de trabajo” según textual del extracto de la resolución.
Este dictamen hizo lugar a la demanda contenciosa administrativa planteada por los abogados de ATE, y declaró la nulidad de la resolución 85/2011, dictada por el intendente Sartori en 2011, y que a su vez dejaba sin efecto la nulidad del pase a planta permanente de 24 empleados, firmada por el ex intendente Ricardo Andruszyszyn.
Claudio Paiva, uno de los abogados de ATE que llevó adelante el proceso judicial, explicó que “la cesantía de estos trabajadores se da a partir del cambio de mando en la intendencia de Campo Grande. El intendente saliente, había firmado una resolución en la cual determinaba el pase a planta permanente de un grupo de empleados municipales. Pero cuando tomó el mando el actual intendente Sartori, dejó sin efecto esa resolución. Los trabajadores acudieron al gremio para iniciar un diálogo con el intendente, quien firmó un acuerdo donde se comprometía a pasar a paulatinamente a planta permanente a los trabajadores, de acuerdo a su antigüedad. Sin embargo, pese a ese compromiso asumido, a los pocos días le envió una notificación a los doce trabajadores afiliados a ATE, informando que desde el 31 de marzo de 2012 quedarían cesantes. Fue entonces que comenzamos a trabajar directamente en la demanda”.
Víctor Paredes, secretario general de la seccional Oberá – de la cual depende el distrito Campo Grande- expresó su satisfacción “por este logro importantísimo, que viene a poner de manifiesto la importancia de reclamar y luchar por los derechos de los trabajadores. No podemos tolerar que intendentes como Sartori, a los que le molesta la organización de los trabajadores, dejen en la calle a sus empleados de un día para otro y sin motivos”.
En tanto, Nora Dedieu, secretaria general de ATE Misiones, sostuvo que “esta es una demostración de la importancia de no bajar los brazos. Los trabajadores deben saber que este tipo de intentos de amedrentamientos por parte de algunas patronales, que utilizan las fuentes laborales como elementos de presión, no tienen lugar cuando los trabajadores están organizados y decididos a hacer valer sus derechos. De manera ejemplar, agotamos las instancias administrativas, proseguimos por la vía jurídica, y hoy, tres años después, la Justicia nos da la razón. Este logro es una victoria clara de la organización sindical y una muestra cabal de que ante este tipo de atropellos, siempre hay que estar dispuestos a luchar”.