Por María José Giovo. A poco más de un mes de iniciar su segundo mandato, la presidenta de Brasil se metió en una encrucijada: ante una economía que no repunta puso a un ministro conservador que ya anunció ajustes. El escándalo de Petrobras y el desencanto de los movimientos sociales.
“El recado que el pueblo nos mandó fue de quien quiere más y mejor. Por eso la palabra más repetida fue `cambio`. Es por ello que fui elegida. Demostraremos que se pueden hacer ajustes en la economía sin poner en compromiso los programas y los avances sociales que asombraron al mundo”, decía la presidenta Dilma Rousseff en su discurso de toma de posesión el 1º de enero, dando comienzo a su segundo mandato. De esta manera, comenzaba a delinear lo que sería su plan de gobierno para intentar satisfacer a un electorado que en las elecciones del 27 de octubre ratificó su apoyo al Partido de los Trabajadores (PT) pero le dejó en claro que era tiempo de marcar un nuevo rumbo político, económico y social.
Con el escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras pisándole los talones, la sucesora de Lula insistió en que su segunda estadía en el Palacio de Planalto serviría para darle mayor credibilidad a un gobierno que, tras 12 años en el poder, mostraba indicios de desgaste. Y los brasileños apostaron por el camino del PT rechazando el retorno neoliberal encarnado en el candidato conservador Aécio Neves.
Pero tras poco más de un mes de iniciado su segundo mandato, Dilma reafirma cada vez más un sendero ortodoxo maquillado con ciertas iniciativas progresistas. Es así como “las dos Dilmas” aparecen en la conformación de su segundo gobierno.
Por un lado, designó a Joaquin Levy, un economista austero y disciplinado, de claro perfil ortodoxo, que puede garantizar, según el oficialismo, una mejor relación entre el gobierno y el mercado. Es que, tras cuatro años de magro crecimiento y una inflación elevada de 6,59% en 12 meses -por encima del techo de la meta oficial-, el ala empresarial ha reforzado su presión.
La designación de Levy puede traer un poco de aire fresco ante estos sectores. Sin perder tiempo, el primer gran ajuste ya fue puesto en marcha: un alza de los impuestos indirectos que se aplican a los combustibles, los productos importados y las operaciones de crédito, con los que se pretende aumentar la recaudación en unos 20 mil millones de reales (7.547 millones de dólares) este año.
Otra muestra de distorsión en su línea progresista fue la designación de Katia Abreu como ministra de Medio Ambiente. Referente del agronegocio y conocida como “la reina de la motosierra”, es una de las principales enemigas de organizaciones sociales como el Movimiento de los Sin Tierra, familias agricultoras sin propiedades que toman tierras en su lucha por la reforma agraria y contra el monopolio de los grandes latifundistas. Buena parte de los movimientos populares y de las centrales sindicales han venido manifestando su rechazo y desilusión a este giro conservador.
Dos pasos a la derecha, uno a la izquierda
Hasta el momento, el único gesto real que ha dado la mandataria para mantener el apoyo de los colectivos, movimientos y jóvenes militantes fue la designación de Juca Ferreira como ministro de Cultura. Quien supo ser sucesor de Gilberto Gil en esa cartera en tiempos del lulismo, se alza como el único representante fuerte con una mirada de izquierda en el equipo de la mandataria, una figura respetada por las filas más progresistas del PT.
Ante este mapa político, parece difícil que el ecosistema de la izquierda, los movimientos y las redes de Brasil logren que se apruebe una ley de aborto y derechos de las mujeres en general, la despenalización de la marihuana, la reforma agraria, el fortalecimiento de los derechos de la comunidad LGTBI y el fin de la ley de amnistía para los militares y policías involucrados en la dictadura.
Petroconflicto
A los conflictos económicos se le suma un nuevo capítulo en el escándalo por corrupción de Petrobras. Los mercados han respondido negativamente a la designación del nuevo presidente de la petrolera estatal, Aldemir Bendine, luego de que Dilma removiera a toda la cúpula directiva la semana pasada.
Aunque ninguno de los antiguos directivos había sido acusado formalmente en la causa de sobornos, sobre ellos recaía la responsabilidad del esquema montado en los últimos años por otros ejecutivos que cobraban coimas a empresas constructoras para garantizarles contratos con la compañía de capital mixto.
Se sospecha que políticos del PT y de sus aliados se beneficiaron de desvíos de este dinero irregular, de hecho un ex gerente de la empresa, Pedro Barusco, declaró el pasado jueves ante la Justicia que el partido de gobierno recibió sobornos por casi 200 millones de dólares, por lo cual el tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, fue citado por la Policía Federal.
Ante este contexto, la agenda de la izquierda brasileña deberá esperar porque, al parecer, para Dilma la salida es por derecha.