Por María Gracia Reyes Talavera, desde Perú. Las recientes movilizaciones en Perú, que permitieron derogar leyes de corte neoliberal, mostraron una creciente participación de los más jóvenes y la importante presencia de colectivos feministas que llevaron sus demandas
El 26 de enero se derogó la ley 30.288, norma que, según dice, “promueve el acceso de jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social”. La ley apenas estuvo vigente 42 días y su derogación ha sido producto de la presión social de la población, ejercida a través de marchas, plantones, vigilias y organización en todo el país, impulsados por colectivos, partidos, sindicatos y sectores independientes. Lo más notorio de todas estas jornadas fue la edad de los manifestantes (entre 17 y 20 años). Desde el año 2001, cuando un fraude electoral puso al ex presidente Alberto Fujimori en el poder por tercera vez, los jóvenes no se movilizaban de forma masiva. Ahora la derogación de la 30.288 ha significado un triunfo que sirve para toda la sociedad, sin embargo no es la victoria. Aún queda un largo camino por delante.
La respuesta de la población frente a la sanción de ley 30.288 fue rápida. Es así que, la primera marcha fue convocada a dos días de la promulgación de la misma, el 18 de diciembre pasado. La protesta se dio en importantes ciudades del país como Trujillo, Tacna, Arequipa y Cusco. Estas acciones estuvieron seguidas de cuatro movilizaciones en Lima, capital del país, en las que participaron cerca de 15 mil personas, y fueron las más reprimidas por la policía. La convocatoria fue algo inesperado tanto para el gobierno del presidente Ollanta Humala como para los jóvenes que tienen algún tiempo militando en el movimiento juvenil.
¿Qué es lo que hizo que tanta gente marchara? En resumen, la denominada Ley de Régimen Laboral Juvenil, o más conocida como “Ley Pulpín”, prescribía un régimen laboral especial para jóvenes de 18 a 24 años, el cual recortaba los derechos de este sector al quitarle gratificaciones, asignación familiar, seguro de vida, utilidades y compensación por tiempo de servicio; además las vacaciones se reducían de 30 a 15 días. Esta medida es parte de una serie de paquetes de leyes propuestas por el Ejecutivo, bajo el argumento de “reactivar” la economía.
Otro de los escándalos de este plan de reactivación es la Ley 30.230 de “Medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, promulgada en julio de 2014. Con esta norma se debilitó la regulación ambiental al reducirse los estándares medioambientales con el fin de promover la inversión en el sector minero. Esto es potencialmente peligroso en un país en el que cerca del 64% de los conflictos sociales están relacionados con la minería, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.
Leyes como estas son realmente sorprendentes y causan indignación, ya que han sido propuestas por el gobierno de Humala. Fue precisamente el presidente peruano quien durante los sucesos ocurridos en Bagua en 2009 encabezó la oposición al gobierno aprista, que tenía un discurso que legitimaba la inversión minera a costa de la vida de la población indígena y de la depredación del medioambiente. De hecho, fue la bancada nacionalista de Humala la que defendió la derogación de los DL. 1090 y 1064 propuestos por el Ejecutivo de ese entonces y que materializaban la visión del ex mandatario Alan García expresada en “El síndrome del perro del hortelano”.
Sin duda alguna, Humala es el símbolo de la gran traición y hoy cumple, sin mayor remordimiento y al pie de la letra, los dictámenes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), institución que reúne a los empresarios más poderosos del país. Al parecer ellos son los que gobiernan el país.
Este hecho también es uno de los factores que influyó en que la marcha de estas últimas semanas sea masiva, porque miles de jóvenes estaban hartos de tantas mentiras, traición e hipocresía. Es por eso que en los carteles y las arengas se podía notar queno sólo existía un rechazo a la “Ley Pulpín”, sino también al gobierno peruano y al sistema que le precede y sostiene. La crítica al sistema neoliberal como discurso de masas fue una de las innovaciones de esta marcha, encabezada por una población joven que es percibida como apolítica y heredera de lo peor del fujimorismo.
Otro de los hechos llamativos y que no tiene precedentes es el nivel de complejidad dentro de la propia organización. Esto es resultado de la diversidad de actores con formas variadas, y a veces antagónicas, de hacer y entender la política y, sobre todo, de reinventarla, aunque no siempre tejiendo un discurso claro. Pese a esto, la acción colectiva y la experiencia práctica ha transformado al sujeto político al mismo tiempo que este ha cambiado o ha luchado por cambiar sus condiciones materiales. Como sostenía Rosa Luxemburgo, “seis meses de revolución harán más por la educación de estas masas hoy desorganizadas que diez años de reuniones públicas y distribuciones de octavilla”.
Analizando los discursos de los actores se pueden extraer dos posiciones. Por un lado existe un rechazo a cualquier sector juvenil relacionado con los partidos políticos y no sólo de derechas. Por otro, se reivindicaba a las bases o zonas como espacios de legítima representación del movimiento, y por ende se rechazan aquellos protagonismos que opacaban al movimiento. En este caso, el enfrentamiento no socaba al movimiento, por el contrario, su complejidad es una señal de madurez, debido a que significó como paso previo la interpelación de parte de muchos respecto a formas tradicionales de hacer política.
Una de estas disputas a nivel discursivo y práctico ha sido la de las feministas. Para este sector, la lucha contra el capitalismo implicaba una lucha contra el patriarcado y viceversa; de modo que estuvieron imbricadas en este proceso desde el comienzo. Pese a esto, se les acusó de querer desviar la atención por incluir dentro de sus arengas a otras banderas de lucha como la despenalización del aborto, la lesbo-transfobia, la heteronormatividad, la influencia de la Iglesia en el Estado y el machismo en la izquierda.
Desde la primera marcha, los imaginarios patriarcales, misóginos y homofóbicos se hicieron presente a través de arengas. Una de ellas decía ¡A ver, a ver, a ver, quien tiene la batuta, el pueblo organizado o el gobierno hijo de puta! Frente a lo que el Comando Feminista (una articulación de colectivos jóvenes feministas) respondía: “Las putas no parimos corruptos ni asesinos”. Otra de las arengas utilizadas para visibilizar las prácticas sexuales disidentes fue “Abajo el capital, arriba el sexo anal”. Asimismo, muchas mujeres no sólo debieron defenderse de los policías sino también de algunos manifestantes que no dudaron en aprovecharse del momento entre empujones y bombas lacrimógenas para toquetearlas.
Frente a esto, la respuesta fue contundente y en los dos planos, discursivo y práctico, por un lado, se tenía claro dentro del movimiento que el capitalismo no es sólo un sistema que regula lo económico sino también que construye imaginarios como el individualismo, el consumismo y el control sobre los cuerpos y por otro, en el plano práctico, se fue fortaleciendo el Comando Feminista, espacio que articula a colectivos y personas independientes LGTBIQ y feministas jóvenes, y que comienza a tener presencia en marchas y otros eventos políticos.
Como señalábamos, éste es un movimiento complejo y sin precedentes pero que no tiene planes de extinguirse con la derogatoria de la ley. A raíz de esta coyuntura, se han generado espacios nuevos de quehacer político cuyas agendas son diversas. Se está hablando de una nueva Ley General del Trabajo, de impulsar la Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, del aborto legal, seguro y gratuito, así como visibilizar la situación laboral de las trabajadoras del hogar y de las mujeres en general en un mundo misógino, entre otras cosas.