Por Sergio Álvez*. Más de 120 mil personas participaron de la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014. El 96 por ciento votó por el No a las nuevas hidroeléctricas. El proyecto Garabí-Panambí amenaza con borrar del mapa a unos 30 poblados.
Mientras que en el país central, las grandes obras hidroeléctricas pueden ser vistas como una oportunidad para potenciar la oferta energética domiciliaria y de abastecimiento industrial, en Misiones hablar de represas es abordar una de las cuestiones más álgidas del ideario político y social de la región.
La provincia tiene un complejo historial en cuanto a grandes represas hidroeléctricas. En principio, la referencia inevitable es la represa Yacyretá, aquella que el propio Carlos Menem, cuando era presidente, calificó como “un monumento a la corrupción”. A saber, Yacyretá inundó en distintos puntos de Misiones casi 200 mil hectáreas de tierras costeras, que sucumbieron bajo el inmenso “embalse” de agua estancada que genera toda hidroeléctrica para poder funcionar. Estas inundaciones se produjeron en un periodo que arrancó en la década del noventa y se extendió –con la llegada de la cota máxima de la represa– hasta el año 2011 inclusive. En ese lapso, más de cien mil personas fueron desalojadas de sus viviendas ribereñas, en la mayoría de los casos por la fuerza, y fueron enviadas a ghettos y barrios periféricos donde sus vidas se modificaron radical y violentamente para siempre.
Pescadores, fabricantes de ladrillos, canoeros, comunidades aborígenes, lavanderas, junqueros y otros sectores históricamente dependientes del río Paraná, fueron víctimas del exterminio social, cultural y económico de Yacyretá, y asimismo protagonistas de duras sagas de resistencia que aún persisten. La contracara fue un enroque social enmarcado en un gigantesco negociado inmobiliario que consistió en instalar edificios, chalets y negocios en zonas donde antes vivían moradores costeros obligados al éxodo. Estas miles de familias desterradas y las generaciones posteriores, son llamados “relocalizados” y formaron un amplio cordón de pobreza en las afueras de la ciudad de Posadas. En otros pueblos afectados, como Santa Ana y San Ignacio, son varias las comunidades que, pese a su condición de afectados, viven sin servicios básicos ni oportunidades laborales.
A las serias e impunes consecuencias sociales de Yacyretá en Misiones, se suma una devastación ambiental sin precedentes –pérdida de monte nativo, destrucción de flora fauna nativa, debacle climática, etc. – y la irrupción de epidemias y enfermedades –como el dengue y la leishmaniasis– asociadas a vectores que se forman en los peri lagos y embalses que propició la represa.
Pese a todo lo anterior, la provincia de Misiones no accedió a ningún beneficio energético. Hoy se paga la boleta de luz más cara del país y son miles las familias que no tienen acceso a la energía eléctrica en diversas ciudades de la provincia.
El camino hacia el NO
En 1996, la provincia asistió a un plebiscito vinculante para decidir en torno a la construcción de otra gran represa proyectada por los gobiernos nacionales de la Argentina y Paraguay: Corpus. Fue entonces que el 96% de los misioneros selló un NO rotundo, que luego se convirtió en una ley que impide nuevas represas sobre el río Paraná en territorio misionero.
Es la existencia de otro proyecto –hoy denominado Garabí y Panambí– el que mantiene en pie de lucha a decenas de organizaciones y comunidades aunadas bajo la Mesa Provincial No a las Represas. Se trata de un proyecto conjunto entre la Argentina y Brasil que pretende instalar dos represas sobre la costa del río Uruguay, y que una vez construidas, debido a los embalses, inundarían más de 50 mil hectáreas de enorme riqueza biológica y productiva, y obligarían al destierro a más de diez mil familias por lo menos. Este proyecto se encuentra actualmente en la llamada etapa de los “estudios de factibilidad”, que están siendo realizados por empresas argentinas y brasileñas que, curiosamente, se dedican a construir represas.
En medio de una fuerte presión social ante el avance de estos proyectos, y sin participación formal de la provincia, en 2011 la Legislatura provincial sancionó la Ley 56 –aprobada por unanimidad–, que obliga al Estado a convocar a un plebiscito vinculante por todo proyecto hidroeléctrico que afectase recursos misioneros. Ante el incumplimiento del gobierno provincial, que no convocó a tal instancia ciudadana, desde la Mesa Provincial No a las Represas se impulsó una actividad que dio inicio el 20 de octubre de 2014 y se extendió hasta el 26 de octubre: la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014. La iniciativa contó con una histórica participación de 120 mil votantes en toda la provincia, de los cuales un 96% votó por el No a las represas. El objetivo para este año de la Mesa Provincial No a las Represas es hacer entrega a cada una de las fuerzas políticas, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos a nivel provincial y nacional, de carpetas con la información detallada de lo que ha sido esta expresión popular, que sin duda alguna se circunscribe al contexto de dinámicas de resistencia a los proyectos extractivistas y contrarios a los intereses de los pueblos, que tienen lugar en todo el continente. Además, desde la Mesa Provincial No a las Represas se trabaja en una plataforma energética regional, de matriz social y control popular, basada en energías alternativas como la solar y la eólica.
Paralelamente, la continuidad oficial de los proyectos Garabí y Panambí, pese a las expresiones de rechazo, mantienen en pie de lucha tanto a los pueblos amenazados, como a la creciente organización que intenta detener esas nuevas represas.
(*) Periodista de revista Superficie. Coordinó el Equipo de Comunicación de la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014.