Por Laura Salomé Canteros. Se realizó un escrache para denunciar que a una menor víctima de violencia machista no le fue garantizado el aborto legal en el hospital de Ezeiza. De burocracias y protocolos que pueden fallar si las y los profesionales de la salud no son género sensibles.
Romina* llegó junto a su madre el pasado lunes 5 de enero al hospital de Ezeiza, y como pudo, intentó desarmar los prejuicios de la profesional de la salud que la atendiera para solicitar el derecho a aborto legal que la separara definitivamente de las consecuencias de la violencia sexual, física y psicológica que un macho hegemónico ejerció sobre ella.
Tiene solo 13 años y en marzo arrancará la secundaria. “No se llevó ninguna materia ni a diciembre ni a marzo” cuenta su joven madre y dice “es una excelente estudiante”. Romina sonríe, tímida y se refugia con fuerza en su hombro izquierdo como si allí encontrara toda la tranquilidad que no halla en la cruel realidad, esa que la obligó a ver interrumpidas sus jornadas de vacaciones por el trauma que le generara un sistema de salud que no supo tener una primera mirada sensible con su pedido y situación de emergencia.
Romina vive junto a su madre y sus dos pequeñas hermanas, a las que cuida mientras ella trabaja, en un barrio humilde del conurbano bonaerense. Su historia de violencias y negación de accesos llegó en forma de relato desesperanzado en primera persona a una integrante de la Consejería pre y post aborto de La Matanza, dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien desde ese momento comenzó a articular acciones colectivas para que la interrupción del embarazo no deseado se garantice.
Entonces Romina ya no estuvo sola en su odisea que ya llevaba dieciséis largos días. Llegó nerviosa junto a su madre, al igual que sus ocasionales cinco compañeras activistas, una mañana fría de verano al hospital Santamarina de Monte Grande, donde finalmente le realizaron la práctica médica. Ya alejada de las preguntas violentas y de la pesadilla kafkiana, hoy puede comenzar a recuperar su rutina y juntar lentamente las piezas de su joven integridad.
Accionar ante los incumplimientos
Con la consigna “¡Basta de reacciones conservadoras contra niñas y mujeres! Desinformar, negar u obstaculizar el derecho al aborto es una violación a los Derechos Humanos”, la regional del conurbano sur de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto… convocó en la mañana del lunes a un escrache frente al Hospital Interzonal de Ezeiza, Dr. Alberto Antranik Eurnekian, con el eje puesto en la denuncia sobre el sistema de salud integral que no cumplió en garantizar el aborto legal a la menor en la dependencia sanitaria donde lo solicitara, sobre la dirección de dicho hospital en cuanto responsables institucionales de lo que allí sucede y sobre el desempeño especifico de una de las médicas ginecólogas.
En el comunicado de la Campaña, emitido el viernes 16 de enero, se denunció “la negligencia y omisión de responsabilidades institucionales del sistema de salud estatal que generaron una nueva situación de vulneración de derechos constitucionales y revictimización a una niña violentada a quien se le negó el acceso a un aborto no punible”; considerando “responsabilidad de las y los Directores de los hospitales públicos, de las y los jefes de servicios y de las y los funcionarios estatales integrantes de los Ministerios de Salud provinciales y Nacional la obligación de garantizar la realización de las interrupciones de gestaciones legales, tal como lo establece el art. 86 del Código Penal desde el año 1921 para los casos de violaciones o en los que se encuentren en riesgo la vida o salud integral de la mujer o la niña que lo solicitare”.
Sobre la profesional de la salud que atendió a la menor, el comunicado de la Campaña sostiene que “la médica ginecóloga Silvia Pebe Florián (…) habría incurrido no solo en desinformar sino también en ejercer abuso de autoridad y violencia institucional al decirle que el aborto legal que la niña y su madre solicitaban no era posible por encontrarse ´con un avanzado estado gestacional´”, y que “esta médica no otorgó a la niña y a su madre todas las opciones sobre cómo interrumpir su embarazo”.
Los antecedentes
La historia de Romina es la primera de 2015 pero no es la única de una serie de vulneraciones de derechos que a diario viven o contra las que tienen que luchar niñas y mujeres que no pudieron o no pueden acceder al aborto legal en hospitales de la provincia de Buenos Aires y la región metropolitana. Ante la falta de respuesta institucional muchas deciden continuar con las gestaciones; las que se animan a enfrentar los molinos de viento de la burocracia médica corren el riesgo de ser interrogadas como criminales, juzgadas por sus conductas o simplemente son revictimizadas.
En abril de 2014 el movimiento de mujeres organizado accionó ante un caso que fue de seguimiento público, una menor violada y embarazada ingresó con la declaración jurada y el consentimiento para la realización de la intervención (únicos requerimientos que solicita el Protocolo de Atención de Aborto No Punible en la provincia de Buenos Aires) al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde le fue negado el derecho ya que el cuerpo médico en su totalidad sostuvo la objeción de conciencia. Cabe recordar que ésta puede ser personal pero no debe extenderse a la totalidad del servicio, ya que de esa forma se incumple en garantizar la realización de la práctica. Finalmente y gracias al activismo la interrupción del embarazo se realizó en forma privada.
En la ciudad de Buenos Aires, en octubre del mismo año, los hospitales Álvarez y Argerich le negaron el aborto no punible a una mujer que había sido secuestrada por una red de trata que la obligó a prostituirse, contexto en el que fue violada sistemáticamente hasta quedar embarazada. En ese momento, la articulación de la regional CABA de la Campaña con efectores/as de salud fue la que permitió el conocimiento del caso y la resolución dentro del hospital Piñero. No obstante, en esta última unidad fue maltratada psicológicamente por un jefe de departamento, una jefa de servicio y un médico de planta, quienes fueron escrachados para que los Ministerios de Salud Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires tomen las medidas necesarias para que estas situaciones no sigan ocurriendo e instar a las provincias a adecuar los protocolos de atención de los abortos legales en los hospitales púbicos.
Cuando defendemos la voz de las víctimas estamos visibilizando a las invisibles
A veces pareciera ser que se dificulta entender que la niña o la mujer que llega a un hospital solicitando un aborto legal puede encontrarse en un complejo entramado social de violencias y vulnerabilidades. Ante esto, como ante cualquier otra situación en la que se toma contacto con una víctima, es importante primero no juzgar para luego comenzar a desandar el proceso de que pueda poner en palabras lo que está pasando, porque precisamente el poder de los agresores radica en el miedo y se perpetúa en el silencio o en la imposibilidad de relatar.
Se vuelve imprescindible entonces que, además de exigir la aplicación de los protocolos de atención de los abortos no punibles en todos los hospitales públicos del país, las y los profesionales médicos otorguen en tiempo y forma -y de forma articulada con los servicios sociales y psicológicos-, las herramientas resolutivas e informativas necesarias para garantizar estas prácticas con una postura tranversal género-sensible.
Si desde todas las disciplinas se contribuye a que las niñas y las mujeres accedan no sólo a su derecho a la salud integral, sino también a una mejor calidad de vida y a la plena autonomía y libertad sobre sus cuerpos y vidas, entonces estaremos construyendo no solo una mejor sociedad sino también dando voz a las invisibles, a las Rominas, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras compañeras.
*El nombre verdadero de la víctima fue resguardado.
Foto por En la Vuelta