Por Jonathan Vera* desde Chile. Estalló un escándalo de corrupción por el financiamiento ilegal de las campañas de 2013 que involucra a muchos dirigentes de la UDI, principal partido opositor. Una foto que refleja la íntima relación entre la clase empresarial y la ultraderecha chilena.
La cocina se ha puesto de moda en los últimos meses en Chile, en parte gracias a los programas de TV que buscan un nuevo “chef” entre personas comunes a la usanza de las TV norteamericana y europea. Pero esta moda culinaria tuvo un revuelo inusitado en el comienzo de año: la clase política puso de moda dos frases típicas si de cocina hablamos: “se destapó la olla” y “el raspado de la olla”, en relación a la investigación por fraude tributario al grupo empresarial Penta por una cifra cercana a los 4.8 millones de dólares.
Se destapó la olla
Este grupo habría mal utilizado la herramienta tributaria conocida como el FUT, que permite reinvertir dineros para luego ser devueltos por el Estado. Hasta aquí, el hecho no iba más allá de un delito tributario, por lo demás común en la clase empresarial chilena. Sus jefes, asumiendo las culpas frente al fiscal, cancelaron el monto adeudado al Estado, pensando que con eso la situación se solucionaba y la Fiscalía dejaría archivado el caso. Pero, citando la primera metáfora culinaria, el delito tributario cometido por el grupo Penta “destapó la olla” sobre el financiamiento irregular de campañas políticas para la elección presidencial y parlamentaria de 2013.
En Chile se permiten las donaciones a campañas políticas con un límite de dinero y también los políticos en sus rendiciones de campaña pueden aludir a “gastos reservados”, en los que los partidos no están obligados a formalizar el origen de dichos gastos. Es conocido que los grupos empresariales entregan donativos a todo el espectro político, desde los partidos de la Nueva Mayoría, coalición gobernante, hasta la derecha vernácula: la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).
La ultraderecha chilena, defensora de la dictadura y del legado de Augusto Pinochet, es representada en el Congreso por la UDI, que posee una cantidad significativa de diputados y senadores, opositores acérrimos a cualquier cambio que tenga un aire progresista o de quitar beneficios a la clase empresarial. Y es gracias a uno de sus senadores que llegamos a nuestra segunda acepción culinaria: “el raspado de la olla”.
Producto de la investigación judicial por el fraude tributario y el conflicto posterior entre los dueños del holding, salieron a la luz pública correos electrónicos de candidatos al Parlamento e incluso a la presidencia del país durante 2013 ligados a la UDI en los que solicitaban financiamiento para sus campañas políticas y defender “sus ideas e intereses” frente a los posibles cambios que anunciaba Bachelet.
Fue Iván Moreira, actual senador de la UDI y amigo personal del dictador, quien en varios correos enviados al jefe del grupo empresario le señalaba que “si quedaba un raspado de la olla para los últimos 100 metros de la carrera”, aludiendo a su campaña senatorial. El problema de aquella petición era que a esa altura ya no se podían entregar fondos a las campañas, por lo que dichos pagos se realizaron de manera ilegal a través de boletas a nombres de terceros cercanos a Moreira, como su secretaria y su chofer.
Al horno
La investigación judicial llevada a cabo por la Fiscalía no sólo arrojó el nombre de Moreira dentro de los que han recibido pagos irregulares para las campañas políticas. Surgieron también los nombres de Laurence Golborne, Evelyn Matthei, Ernesto Silva, Pablo Zalaquett, Ena Von Baer, Jose Antonio Kast y Alberto Cardemil (todos de la UDI, salvo el último de RN), mostrado ante los ojos de la opinión pública la íntima relación entre la clase empresarial y la ultraderecha chilena, llegando incluso a efectuar pagos a Paulo Wagner, ex subsecretario de Minería de Piñera, quien mientras ejercía su cargo recibía mensualmente pagos por tres millones de pesos (casi 5.000 dólares) a través de boletas de honorarios pagadas a su mujer, con lo cual el grupo Penta buscaba que uno de sus proyectos mineros fueran beneficiados con la aprobación estatal.
Con los primeros indicios del caso, la UDI negó cualquier vínculo con el grupo Penta asumiendo que todo su financiamiento fue obtenido de manera legal. Pero con la apertura de los antecedentes del caso y la divulgación de los correos electrónicos, se produjo un desfile de disculpas públicas, reconocimientos de errores y la voluntad de colaborar con la investigación por parte del partido.
¿Lograremos saber toda la verdad del caso? ¿Hasta qué profundidad la corrupción empresarial ha infectado el Congreso Nacional? Y, como muchos reclaman, si se triunfó en mala lid, ¿no deberían renunciar a sus cargos?
Lo cierto es que cada día surgen nuevos antecedentes sobre el financiamiento ilegal de las campañas y al parecer son varios más los que se podrían ver envueltos en el complejo entramado de dinero, lobby y corrupción. La imaginación nos hace pensar en un gran número de diputados y senadores de todo el espectro político cruzando los dedos para que su nombre no aparezca en las bandejas de entrada de los empresarios del grupo Penta.
* Profesor de historia y geografía, militante de Colectivo Poder Popular Chile