Foto: M.A.F.I.A
Por Lucrecia Fernández, Gloria Cosentino y Luka Morello. El 2014 estuvo a la orden del día en temáticas de Derechos Humanos, aquí la segunda parte del resumen del año de Marcha en materia represiva en la Argentina durante este año.
Lo asesinó la policía, lo desapareció el Estado
Probablemente la noticia que supo dejar al activismo boquiabierto ante la incertidumbre, la impunidad y el terror en este agitado 2014, fue la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, ese joven que nos faltó desde el 31 de enero del 2009.
La versión oficial del cuerpo forense, difundida en la conferencia de prensa que brindaron sus familiares junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), arrojó que Luciano fue atropellado por un vehículo en la noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, y enterrado 72 horas después. Aunque, aparentemente, casi de inmediato fue ingresado como NN al hospital Santojanni, recién en octubre del corriente se cruzaron los datos. Qué pasó entre el momento en que fue torturado por la Policía y el accidente que supuestamente lo mató, se convirtió en un gran signo de pregunta.
“Lo que le pasó a Luciano es inseguridad. Que suceda un accidente en medio de un lugar muy transitado y que después nunca nadie haya relacionado eso con todo el escrache y la movilización pública que hubo durante cinco años y ocho meses, es inconcebible” arrojó Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza a este portal, tras la aparición del cuerpo de Luciano.
Por su parte Vanesa Orieta aclaró que a partir de ese momento, “comenzará un proceso para saber la verdad de todo lo que ocurrió esa noche y las cadenas de responsabilidades y encubrimientos”. En este sentido, a fines del mes pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió dar curso a juicio político al juez de Garantías Gustavo Blanco y a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas, del Departamento Judicial La Matanza. Acusándolos de entorpecer la investigación por la búsqueda de Luciano.
El pasado 18 de diciembre se realizó una nueva conferencia de prensa por Amigos y Familiares de Luciano, donde Vanesa dijo que “un testigo declaró ante Salas haber visto en la colectora de la General Paz en que fue hallado el cuerpo de Luciano, una camioneta doble cabina de la Policía sin las balizas encendidas”.
Fue justicia, es historia
El 4 de diciembre último el Tribunal integrado por Gustavo Salvador, José Luis Mascali e Ismael Manfrín resolvió en forma unánime penas duras para los cuatro imputados del Juicio Oral y Público por el Triple Crimen de Villa Moreno, en Rosario, Santa Fe. Condenaron a Sergio Rodrígueza la pena de 32 añosde prisión por considerarlo coautor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y participación de un menor, tres hechos en concurso real; a Brian Spiroa la pena de 33años de prisión, por considerarlo coautor y que concurre a su vez con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; a Daniel Delgado a30 años, como coautor; y a Mauricio Palavecinoa la pena de 24 añosde prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio, por los asesinatos de Jeremías “Jere” Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patom” Rodríguez.
El crimen que ocurrió la madrugada del 1 de enero de 2012 en la ciudad santafesina de Rosario, levantó a organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles, a la lucha por justicia, lucha llevada adelante principalmente por las familias de los jóvenes y por el Frente Popular Darío Santillán, ya que los tres adolescentes eran militantes de dicha organización
El expediente del Triple Crimen tiene 22 causas relacionadas, dentro de las cuales se investiga la complicidad policial sobre el hecho. Esta lucha ganada con la sentencia ejemplificadora es el inicio de una lucha mayor contra la impunidad y la complicidad de la policía y el Estado en el narcotráfico en Santa Fe.
Responsabilidades políticas: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes
El 2014 culmina su último y combativo aliento con la presentación de un escrito en el que se solicita al juez Ariel Lijo el desarchivo e imprescriptibilidad de la causa por la Masacre de Avellaneda, sucedida el 26 de junio de 2002. La presentación fue realizada por Alberto y Leonardo Santillán junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Frente Popular Darío Santillán.
Tanto el juez federal Ariel Lijo como el fiscal federal subrogante, recientemente asumido en el cargo, Diego Iglesias, confirmaron el desarchivo de la causa 14.215 “Ruckauf y otros s/homicidio”, que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de la Masacre en que resultaron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esta causa, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, vincula al ex presidente Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, Felipe Sola, Carlos Rucakuf, Luis Genoud, entre otros actores que aún hoy se encuentran desarrollándose en diversos armados políticos; sin dejar de mencionar a Aníbal Fernández, quien vuelve a formar parte de la mesa chica de la presidencia como Secretario General, cargo que ocupó precisamente en el año 2002.
La reapertura de esta causa implica un acontecimiento importante no solo en la lucha por el esclarecimiento de la responsabilidades políticas durante la represión de aquel 26 de Junio de 2002, sino también en el avance de la investigación a funcionarios políticos en hechos represivos de relevancia histórica durante los últimos años de democracia, como lo fueron también los asesinatos el 19 y 20 de Diciembre o el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
Cuando la Justicia responde a la persecución política.
El 2014 fue escenario también de bochornosos juicios y condenas que no hicieron más que intentar procesar y condenar a referentes políticos, sociales y sindicales. Da cuenta de que ni la denuncia, ni el procesamiento, ni la condena han guardado ni llamado a silencio a la organización y la lucha.
El 16 de octubre se dio inicio al juicio que intentó culpabilizar a dos referentes sociales por la toma del Parque Indoamericano ocurrida en diciembre de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron asesinados Rosmery Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez por las Policías Metropolitana y Federal.
En la causa estuvieron imputados Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la junta vecinal de la Villa 20 y Luciano “Tano” Nardulli, referente de la Corriente Clasista y Combativa del barrio de Villa Soldati, aunque no los policías que asesinaron a las tres personas durante la represión. Tras dos semanas de juicio oral, el 3 de noviembre, los militantes sociales acusados de “usurpación” y de ser organizadores de la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, fueron absueltos.
El Parque Indoamericano fue tomado por familias de las distintas villas que conforman la Comuna 8 de la C.A.B.A., aledañas al predio. Reclamaban soluciones habitacionales acorde a lo estipulado por la Ley 1770 de Urbanización. La Policía Metropolitana, con refuerzos de la Federal, realizó un operativo que desembocó en una fuerte represión que dejó un saldo de tres muertos.
Pocos días después, el 13 de noviembre, la justicia porteña absolvió definitivamente a Mariano Skliar (delegado general de la Junta Interna de ATE Promoción Social) y Humberto Rodríguez (secretario adjunto de ATE Capital), quienes habían sido enviados a juicio por ser los referentes sindicales de una lucha contra la precarización laboral en la Ciudad de Buenos Aires.
En base a un reclamo por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios -que conforman en la actualidad el 35 por ciento de los empleados de la C.A.B.A- y ante la falta de respuestas del gobierno porteño, un grupo de trabajadores/as definió llevar adelante un paro de 24 horas que incluía una movilización a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Finalmente y en negociaciones con autoridades en cuanto al incremento de los salarios, se definió retirarse de las calles. Sin embargo, días después los dos delegados de mayor visibilidad durante esos días de conflicto fueron citados por la justicia ante la causa presentada por el gobierno de la Ciudad por una contravención.
Y en el ocaso del 2014 otro caso de libertad para un preso político: Fernando Esteche quien estaba condenado en una pena unificada de cuatro años y dos meses de prisión por su participación en tres manifestaciones que incluían, entre otras, el escrache a un local partidario del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch en 2007, tras el asesinato del docente Carlos Fuentealba.
Tras cumplir un año y seis meses de detención en la Unidad 19 de Ezeiza, el 15 de diciembre, el juez de ejecución Daniel Obligado le concedió, en sintonía con el pedido de la defensa del dirigente de Quebracho, la libertad condicional.
Al salir, Fernando Esteche, declaro que “hubo una intención de escarmiento no solamente contra nosotros como organización, sino sobre todo el movimiento popular. Lo que podemos decir con lo enteros que estamos es que lo logramos. Salimos mucho más fuerte que cuando entramos”.
Nota relacionada:
Panorama de Derechos Humanos durante el 2014 (I)