FotoTaller Monte Grande
Por Noelia Leiva. Un empresario de Tres de Febrero deberá cumplir una condena de más de 3 años por agredir a su ex en reiteradas ocasiones y amenaza de muerte. También acechó la abogada de la víctima. Al investigar, al menos otras dos mujeres habían sido agraviadas.
El machismo no conoce las barreras sociales o económicas, aunque cuando los contactos con el poder median la reacción de la Justicia puede volverse más lenta. Esta vez, tardó dos años de agresiones físicas y amenazas hasta que condenó a 3 años y 8 años de cumplimiento efectivo a Ariel Marcelo Souto, un empresario del distrito bonaerense de 3 de Febrero que golpeó y advirtió que asesinaría a su mujer y a su abogada. Al investigar sus antecedentes se enteraron que al menos otras dos mujeres fueron víctimas de violencia de este perfecto hijo del patriarcado.
La historia tiene datos particulares que hasta podrían iniciar otras investigaciones, como autos de alta gama de origen desconocido, novias “mandadas a traer desde Misiones” y agresiones públicas. Pero también tiene los elementos comunes que atraviesan a todos los colectivos sociales y son propias de todo proceso de sometimiento a las mujeres: un varón que se cree con potestad de manejar a su compañera e hijos como si fueran objetos, que puede usar, depositar o desechar según su voluntad. El caso de Silvia -cuyo apellido se preservará- se replicó en varios medios cuando la agredida no fue sólo ella sino también Graciela Pacheco, su abogada.
El abordaje mediático se sorprendía de que la víctima no sólo fuera “la mujer de” sino que también una asesora de la Justicia, que era profesional y ajena a su círculo íntimo. Sin embargo, ambas eran mujeres y ambas encuadraban en lo que el agresor consideraba plausible de ser dominado. “Está amenazada mi clienta, la mamá, el papá, la directora del jardín (donde trabaja la muchacha), mi familia. El 2 de enero de 2013 me amenazó por celular, a un número que yo sólo comparto con mis hijos. Me dijo que estaba en Temperley (donde reside la defensora) y que me iba a matar a mí y a ellos”, relató la legista para Marcha.
Durante el proceso penal, iniciado en 2012, hubo amenazas en sede judicial, en la comisaría y vía telefónica. Hubo de parte de Souto violaciones reiteradas a las restricciones perimetrales para proteger a Silvana, sus nenes de 3 y 4 años y su nena de 6. Durante todo el tiempo que el Juzgado de Familia 1 de San Martín se tomó para evaluar si las pruebas eran suficientes para condenar al acusado, los pequeños residían en la casa de sus abuelos y estaban imposibilitados, según relataron desde su entorno, de sostener una vida social propia de su edad por temor a que el padre los sorprendiera y maltratara.
Los tiempos de la dama de ojos vendados suelen ser demasiado largos para las urgencias terrenales, y esa sentencia no asumió como excepción que la responsable de la dependencia que intervino en el juicio fuera una congénere, la jueza Cascallares. “Yo creo que si en el primer momento se hubiera asentado en el acta que nos amenazó en el Juzgado, esto no hubiera continuado. Sin embargo, no hizo nada”, criticó la abogada.
Silvana tomó la decisión de denunciarlo en noviembre de 2012, luego de sucesivas agresiones físicas y psicológicas, incluso en presencia de los chicos. La amenazó de muerte una vez como tantas otras, pero sintió que iba en serio, “que si no hacía nada cuando volvía de llevar a los chicos al jardín la iba a matar”, aseveró Pacheco. Allí comenzó el segundo martirio, el de la revictimización judicial.
Una de las veces que Souto agredió a la defensora ocurrió en pleno juicio. ‘A vos te voy a matar, puta’, le lanzó. Sobre eso nada se había registrado, si no fuera porque la mujer acompañó a su clienta y aportó sus propias pruebas en contra del imputado.
Contactos dudosos
Aunque la querella pidió 8 años de cárcel, finalmente la condena fue de 3 años y 8 meses de prisión efectiva. Sin embargo, desde el círculo más íntimo de Silvana temen que cuente con vínculos que le permitan hacer caso omiso a la sentencia. Es que mientras estaba preso en Villa Bosh llamaban personas de parte de él. El ex titular de la Comisaría 1 de Caseros, de apellido Lompisano, fue removido de ese cargo acusado de no dar curso a denuncias que habían hecho contra Souto, según indicó Pacheco.
Además de los aparentes contactos con la fuerza, también genera desconfianza que el hombre haya declarado un sueldo de 4 mil pesos mensuales por trabajar en la empresa de construcción Silgar, de su padre -que figura en Afip como “tarotista”-, pero haga uso de unos cuatro autos de alta gama que, si bien están a nombre de familiares de primer grado, la abogada sospecha que son suyos. Tras la investigación, dieron con que también figuraba como gerente de una empresa llamada Grupo Picasso.
A lo largo de la recolección de datos, Pacheco conversó con ex allegados a Souto, que coincidieron en su comportamiento violento, sobre todo hacia las mujeres. Una empleada lo habría sufrido, según testimonios, como represalia por no haber querido mantener una relación amorosa con él, cuando todavía estaba en pareja son Silvana. Su actual compañera también habría sido blanco de agresiones. A la defensora le generó dudas que la muchacha haya “sido traída desde Misiones”. A la lista se suma su ex esposa, de lo que se enteraron a partir de “reflotar” viejas causas.
Mientras se espera que los abogados del acusado vayan a Casación para cuestionar la pena, las víctimas aguardan que “no salga”, al menos por la primera cantidad de años indicados, para poder reconstruir su vida. “No sé si recapacitará en la cárcel”, señaló la abogada. El patriarcado estará allí, atento desde la Justicia, el poder económico y las fuerzas represivas.