Por Francisco J. Cantamutto. El 2014 podrá recordarse como el año en que el kirchnerismo enterró toda expectativa de regulación seria del capital a cambio de promesas hasta ahora vacuas. Envalentonado, el capital va por todo.
Enero de 2014 trajo no sólo calor, sino una combinación fatal para el bolsillo del pueblo argentino: devaluación, suba de tarifas e inflación. Este fuego inicial se expandiría todo el año.
El dólar pasó rápidamente de $6,50 a cerca de $8, nivel que apenas superó después, cerrando el año a $8,60 por dólar. Es decir, una devaluación total del 32%. Por su parte, el dólar blue alcanzó los $13,40, devaluándose en total un 34%. Es decir, en línea con el oficial. Esto significa que, más allá de fuego verbal entre gobierno y oposición, la relación entre el tipo de cambio oficial y el paralelo o ilegal es estable, casi coordinada.
Más allá de teorías sobre ataques especulativos, el gobierno respondió así a la demanda del capital industrial y el agrario por mayor competitividad, erosionando salarios para poder disputar espacios de acumulación. Desde 2009 a esta parte, ésta ha sido la actitud: pautar ajustes del tipo de cambio para abaratar la producción local (y los salarios locales).
Pero cada vez menos fracciones del capital se contentan con pequeños ajustes, quieren una regresión social fuerte, una suerte de nuevo “programa 2002”. Por eso, subieron sus precios de la mano con la devaluación. Según la oposición, la inflación habría llegado al 37%, mientras que la oficial se ubicó unos diez puntos por debajo de ese valor. Los aumentos de tarifas de los servicios han alimentado esta suba, pero también la producción de bienes y la especulación inmobiliaria. Se trata de una gigantesca disputa entre fracciones del capital por posicionarse en la distribución del ingreso. La única iniciativa del gobierno frente a esta disputa fue el suave programa de Precios cuidados, que ofrece una reducida canasta de bienes básicos a menores precios.
El salario, corriendo detrás de estas subas, se ve atrapado con la poca disposición del gobierno a subir el mínimo del impuesto a las ganancias. Esto alimenta la propensión hacia la informalidad, que el mismo kirchnerismo dice combatir: para evitar pagar ganancias pero lograr compensar parte de la inflación, trabajadores/as se ven en la necesidad de pactar aumentos no remunerativos, horas extras no declaradas, y otras formas de precarización. Se trata del mismo tipo de incentivos oficiales que significa la discontinuidad entre las asignaciones familiares contributivas y no contributivas (asignación universal por hijo/a). Al reducir las asignaciones al formalizarse, pone a muchas familias en la duda de aceptar un empleo digno. Es decir, más allá de los programas del Ministerio de Trabajo, todo el año se mantuvieron los incentivos a la informalidad, por arriba y por abajo en la escala salarial. Los reclamos de las centrales sindicales sobre estos puntos son sistemáticamente ninguneados por el gobierno.
Mientras tanto el capital aprovecha el trabajo barato y al mismo tiempo coacciona al país evitando invertir recursos en la producción. La recesión industrial este año cerraría en el orden del 30%, lo que tiene un duro impacto en el empleo. El desempleo total volvió a trepar al 7,5% de la población, mientras que un tercio de los ocupados sigue siendo informal. Los planes como el Progresar o el Procreauto tienen un ínfimo impacto sobre una parte reducida de la población, además de sostener la lógica de la focalización, en lugar de apostar a beneficios universales asociados a la condición de trabajador/a.
La gran farsa: patria o buitres
Sin embargo, probablemente la gran obra de teatro del año fue el slogan “patria o buitres”. En 2014 se impulsó la ruta externa de la deuda. Tras entregar una gigantesca indemnización a REPSOL por saquear YPF, el Ministerio de Economía se abocó de lleno a arreglar con el Club de París. Entre ambas operaciones, la deuda externa del país creció en más de US$ 12 mil millones. Desesperado por lograr que los fondos volvieran al país como nueva deuda, se renovó en el año cuatro veces la ley de blanqueo de capitales, que permite ingresar dólares al país sin investigar su origen. La nueva Ley de Hidrocarburos, que habilita técnicas de elevado riesgo ambiental, y el Nuevo Código Civil, que quitó el agua como derecho humano, muestran la voluntad del gobierno a favor de las inversiones extractivas. El acuerdo con la ambientalicida Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta fueron la gran vedette de esta obra.
Los de por sí magros resultados de esta lógica se dieron contra la pared cuando quedó firme el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor del fondo buitre MNL Capital, del famoso Paul Singer. El gobierno reaccionó victimizándose, argumentando que siempre quiso pagar y los buitres no lo dejaban. Estos fondos de inversión retuvieron bonos impagos del default de 2001 y se dedicaron a litigar en cortes extranjeras. Dijo Kicillof al respecto en agosto, “pueden venir y cambiar esos bonos y si lo hacen van a conseguir un 300 por ciento de ganancia. ¿Es poco para el señor Singer? Sí, porque es buitre, pero le vamos a pagar”. Llegaría así al punto de parodia el argumento de pagar hasta que el cobrador se canse. Desde fines de julio se cayó en default técnico parcial, a pesar de que el kirchnerismo no dejó de pagar todo lo que pudo.
El gobierno cosechó el apoyo internacional del G77, pero también de organizaciones nada reacias al neoliberalismo en sus diversas formas: la OEA, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, ¡hasta el propio FMI! Por eso, no es de extrañar que se lograra una votación a favor de una regulación internacional de reestructuraciones de deuda en la ONU. Por contener las formas más predatorias del capital financiero se levantaron incluso grandes especuladores internacionales, como el Citibank, Euroclear, JP Morgan, George Soros o Nicola Stock. En la escena local, Eurnekian y Brito se ofrecieron incluso a comprar parte de la deuda en litigio.
Pero la farsa alcanza su cenit cuando se aprueba la ley de Pago Soberano, que extrañamente declara de interés público el pago de la deuda ilegal e ilegítima. El gobierno insistió en pagar de todas las formas posibles, a lo que sumó gestiones como el crédito con el Banco de Francia y con China para sostener las reservas. En enero, cuando vencen las cláusulas que obligan a ampliar a todos los acreedores las condiciones que se negocien con MNL Capital, el gobierno quiere usar todos los fondos disponibles para pagar. El presupuesto 2015 incluye un aumento de deuda en torno a los US$ 18 mil millones. No en vano, a mediados de año, el gerente de MNL Capital, Jay Newman, dijo que estarían dispuestos a cobrar con nuevos bonos. Atento a la señal, se lanzaron a fin de año bonos que renuevan el endeudamiento en el mercado privado en dólares. Todo está listo para una nueva entrega: la ruta de la deuda está en curso.
Las fuerzas políticas con representación mayoritaria (PJ, Frente Renovador, PRO, FAUNEN y el propio kirchnerismo) se desviven por garantizar esta ruta de pago, nuevo endeudamiento y entrega. Se distinguen en las velocidades que proponen, pero no en el sentido.
2014 mostró ser un gran año para el capital, que encontró al gobierno y la supuesta oposición lista para jugar su juego. Queda por ver en el año que entra, qué peso tendrán las elecciones en que el ajuste no sea violento, sino paulatino.