Por Jonathan Vera* desde Chile. La huelga durante un mes de los docentes -que sobrepasó a la tibia actitud de la dirigencia magisterial- y el paro de los trabajadores portuarios en solidaridad con los profesores refleja un creciente descontento popular con el gobierno de Bachelet.
El miércoles pasado se dio una jornada que muchos calificaron como histórica para la clase trabajadora y los sectores movilizados del país. En el centro de Concepción se reunieron más de 15 mil personas en una marcha convocada por los docentes, quienes, tras más de cuatro semanas de movilizaciones, aún no han logrado ningún acuerdo concreto frente a sus peticiones. Las bases del profesorado se han encontrado sólo con portazos, burocracia sindical, cooptación política de la dirigencia y bloqueo informativo.
Durante más de un mes, más del 90% de las escuelas y liceos públicos se mantuvieron sin clases, con miles de niños y jóvenes esperando que el gobierno repare la deuda no sólo monetaria sino también moral con el profesorado chileno.
Vilipendiados, poco valorados, con sueldos bajos, poca seguridad laboral, una subcontratación incipiente y una carrera profesional inexistente, los profesores han tratado por todos los medios de conseguir una mejora en sus condiciones laborales, pero Michelle Bachelet y su conglomerado político, con apoyo con los líderes sindicales del Partido Comunista, insisten en firmar un acuerdo sólo con la dirección del gremio, ignorando que las bases ya no se sienten representadas por sus dirigentes.
Pero cuando muchas puertas se cierran, siempre hay otras que se abren. Y que reaccionan rápido y son solidarias, como un vecino que de inmediato sale en ayuda de otro caído en desgracia. En este caso, los profesores encontraron en los trabajadores portuarios a sus vecinos de barrio que salieron en solidaridad.
Los portuarios han protagonizado luchas por mejoras de sus condiciones laborales en los últimos años, llegando a paralizar los principales puertos del país a principios de año, poniendo en jaque a las concesionarias privadas que los administran, a los exportadores de frutas y al gobierno. Esa movilización exitosa sobrepasó a las dirigencias de la Central Unitaria de Trabajadores y otros gremios que también cayeron en la cooptación del PC u otros grupos de izquierda, quienes, llegando a acuerdos con el gobierno, han procurado mejorar su participación partidaria impulsando las reformas propuesta por Bachelet pero olvidando el sentir de sus bases.
Con ese respaldo, tanto en organización de sus bases como del peso real en la cadena productiva de este país primario exportador, los portuarios realizaron un paro en solidaridad con los profesores. Un gesto clarificador, un llamado a la unión de la clase trabajadora, a no aceptar reformitas negociadas entre empresarios, burócratas sindicales y la coalición gobernante. Una acción ilegal, según la legislación laboral chilena, hija del neoliberalismo ortodoxo de la dictadura, la cual impide la negociación por ramas económicas y menos las movilizaciones en solidaridad con otros trabajadores organizados.
Pero en este miércoles de diciembre eso no importo mucho. A portuarios y docentes se unieron los trabajadores de la salud, quienes colmaron el centro de la ciudad penquista y de las principales ciudades de Chile exigiendo cambios reales al gobierno, poniendo la voz en alto sobre un programa que no refleja ni representa a los movilizados a lo largo del país.
Mientras tanto, las caletas y puertos pesqueros del país están inquietos. La nueva ley de pesca aprobada por la administración de Sebastián Piñera tiene sin trabajar a gran parte de los pescadores artesanales, tras entregarles una pequeña cuota de pesca para la merluza, quedando muchos pescadores a esta altura del año de brazos cruzados mientras la pesca industrial y de arrastre aún puede seguir pescando por los mares del país.
El descontento aumentó con el naufragio y posteriormente muerte de un pescador en la ciudad costera de Constitución. Las peticiones de los artesanales por obtener permiso para cuatro jornadas de trabajo durante diciembre encontraron el portazo del Servicio Nacional de Pesca, provocando la ira de los trabajadores, quienes protagonizaron fuertes protestas en la ciudad costera.
Un gobierno que cotiza en baja
En medio de este clima, las encuestas comienzan a ser desfavorables para la mandataria. Durante la última semana, dos sondeos dieron como resultado una baja en su aprobación, que cayó al 38%, la más baja en sus dos mandatos en La Moneda.
Bachelet empieza a mostrar signos de que su ambicioso programa de gobierno (el cual incluía reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral y reforma constitucional) no será abordado en su totalidad, cumpliendo los presagios de los sectores movilizados de la población, quienes siempre miraron con desconfianza las promesas del conglomerado oficialista.
Esta desconfianza ha sobrepasado a las bases de los sectores movilizados para irse incubando en el seno de la población en general. Pero ¿en qué se basa la desconfianza para con el gobierno? La respuesta tiene mucho de demostración empírica: la reforma tributaria fue aprobada en un acuerdo político con la derecha en el Congreso, provocando lo mismo de siempre: un aumento de los tributos para la gran parte de la población mientras que los grandes empresarios siguen gozando de beneficios tributarios, incrementando sus fortunas y la enorme desigualdad que azota al país, donde la diferencia salarial entre el 10% más rico versus el 10% más pobre de la población se proyecta en más de 27 veces su valor.
La reforma educacional está empantanada, con el gobierno tratando de dejar contento a moros y cristianos, sin decidir qué hacer con el lucro en la educación ni con los colegios particulares con financiamiento del Estado. Si a eso le agregamos el paro de los docentes, no es muy difícil entender las bajas cifras de aprobación del gobierno en materia educativa. Mientras tanto, la reforma laboral no tiene una fecha de discusión fijada y la reforma a la Constitución (creada en 1980 por la dictadura y vigente hasta la actualidad) ya ni siquiera es mencionada por los personeros de gobierno.
Todo esto ha comenzado a generar un despertar en Chile, pero esta vez no son los estudiantes ni las dirigencias gremiales las que impulsan los cambios. Son las bases, el pueblo que ha comenzado a organizarse lejos de los viejos partidos de izquierda, cooptados por los grandes intereses empresariales, para exigir al Estado la transformación del país. Es el pueblo en las calles que está exigiendo “que la tortilla se vuelva” como cantaban Víctor Jara y Quilapayun. Que el cobre, el agua y todos los recursos naturales vuelvan a las manos del pueblo para financiar una educación gratuita, una salud digna y viviendas decentes para la mayoría de la población. Que se acabe con el sistema de pensiones en manos de privados, que sólo ha enriquecido a los grandes empresarios dejando para la clase trabajadora pensiones de jubilación miserables de no más de US$ 300 dólares mensuales.
Este 2014, el pueblo chileno ya no ve con emoción cómo la familia más rica del país, los Luksic, donan más de 4 millones de dólares a una obra solidaria, sino que ven con estupor cómo ese dinero representa tan solo en el 0,03% de la actual fortuna de dicho conglomerado económico, mientras un pescador artesanal fallece y desaparece en las aguas del Pacífico tratando de traer el sustento a su grupo familiar.
* Profesor de historia y geografía, militante de Colectivo Poder Popular Chile