Por Laura Salomé Canteros. Las experiencias de despenalización del aborto en Uruguay y en México hablan sobre la voluntad política para el reconocimiento de derechos. Los relatos se dieron en el marco de la primera jornada sobre el aborto organizada en Argentina el CELS y Amnistía Internacional.
La jornada fue denominada “La penalización del aborto y su impacto en los Derechos Humanos” y estuvo organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina. Buscó otorgar visibilidad a la temática del aborto dentro del ámbito de los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos a la vez que subrayar la necesidad de un urgente debate legislativo comprometido con las mujeres.
Se realizó el jueves pasado en el Hotel Savoy de la Capital Federal y estuvo atravesada por la exposición de diversas experiencias que fueron desde la salud sexual y reproductiva, lo legal, filosófico, militante y legislativo, hasta el análisis político, a partir de la narración de las experiencias de despenalización en Uruguay y el DF mexicano, que permitiera –o no- en los próximos años reconocer y garantizar el derecho a decidir de todas las mujeres de Nuestra América.
Para el CELS, organismo que adhirió recientemente a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la jornada surgió en la importancia de remarcar que en Argentina “la penalización del aborto tiene graves consecuencias sobre los derechos humanos de las mujeres”, al considerar que “a diario se violan sus derechos a la vida; a la salud; a la integridad física, psíquica y moral; a estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la autonomía, intimidad y dignidad; todos derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por instrumentos internacionales con jerarquía constitucional”.
“El paso del DF fue importante para comunicar a las mujeres latinoamericanas”
Leticia Bonifaz Alfonzo es Doctora en Derecho graduada en la Universidad Nacional de México y ex consejera jurídica en el gobierno del Distrito Federal. Durante su exposición en el panel “El costo de prohibir: la penalización del aborto y su impacto en el desarrollo”, relató el proceso que llevó a esa ciudad a despenalizar el aborto en abril de 2007, momento en que las interrupciones de los embarazos comenzaron a realizarse en los hospitales púbicos. Citó cifras y contextualizó con particular detalle la conjunción de acontecimientos que llevaron al reconocimiento del derecho al aborto en una sociedad mayoritariamente católica.
“El tema del aborto es un tema de voluntad política” sostiene Bonifaz Alfonzo. Y así es. Para que el aborto fuera legislado en forma progresista en ese país, fue crucial la victoria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad capital. Desde entonces, la Asamblea Legislativa, estuvo integrada por una mayoría de congresistas dentro de una coalición de izquierdas –también integrada por el PRD-, que junto con la pertenencia al mismo partido del jefe de gobierno, fueron factores decisivos para lograr los cambios normativos necesarios. Esta coalición supo aprovechar la oportunidad política derivada de su amplia mayoría parlamentaria para impulsar un tema que parecía controvertido y el PRD asumió un papel protagónico alentando al debate público sobre el tema. La Asamblea Legislativa organizó foros de discusión de los que participaron organizaciones conservadoras y progresistas, así como expertas/os jurídicas y médicas.
“En 2007 la Iglesia Católica estaba envuelta en un escándalo por pederastia y con el movimiento feminista y social estábamos muy presentes, en las calles y preparando argumentos para la Asamblea”, contó la abogada. “Si bien la aprobación de la medida fue rápida, fue la mismísima Comisión de Derechos Humanos (de la Asamblea Legislativa) la que puso objeciones al proyecto de despenalización ya que estaba comandada por un integrante del Opus Dei”. Finalmente, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por dictamen de mayoría determinó la vigencia de la modificación al Código Penal. ¿El resultado? “Desde abril de 2007, más de 130 mil mujeres accedieron a la interrupción legal de los embarazos en condiciones de absoluta seguridad”, contó Bonifaz Alfonzo.
Desde que se regularizó el aborto, “las cifras se mantuvieron muy parejas cada año. En 2007 abortaron 4749 mujeres, en 2008 13 mil, en 2009 16 mil, en 2010 casi 17 mil, y en 2011, 2012 y 2013 20 mil” sostuvo la especialista quien además basó su intervención brindando información que desmitifica los argumentos antiderechos. Primero dijeron que “van a abortar todas las mujeres”, segundo que al despenalizarse solo en el DF “van a ir todas las mujeres de México a abortar ahí”, tercero en cuanto a las edades que “van a recurrir más a la interrupción del embarazo las jovencitas irresponsables” y lo cierto es que no fue así. “El 32% de las mujeres que abortaron tienen educación secundaria completa (…), el 35% se dedican al ahogar (…), casi todas tienen acceso a otro sistema de seguridad social (…) y el 61% son católicas”.
Uruguay: “esta es una lucha en favor de los derechos de las mujeres”
Leonel Briozzo es médico ginecotocológico y subsecretario de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay. Participó del panel “No más muertes silenciadas y evitables: el camino hacia la legalización” en el que expuso la experiencia de reducción a cero de las muertes maternas en el país vecino. “Una de cada dos muertes maternas en nuestro país en la década del ´90 se daba por abortos inseguros y clandestinos”, aseguró. El profesional de la salud también hizo hincapié en su disertación en la voluntad política de despenalizar el aborto como factor fundamental a la hora de instalar el debate en la opinión pública y en la agenda gubernamental y parlamentaria.
El proyecto, basado principalmente en la causal salud integral, prevé la suspensión de la penalidad de la práctica de interrupción del embarazo hasta la semana doce de gestación. Fue aprobado por el Senado de ese país en octubre de 2012 y promulgado por el actual presidente de la Nación, José Mujica. En la votación, la mayoría parlamentaria, del partido oficialista, el Frente Amplio (FA) fue la que dio el sí al proyecto legislativo y, de esta forma, la iniciativa –que había sido aprobada de forma muy ajustada en diputados- fue sancionada.
“La ciudadana que interrumpe un embarazo sigue siendo una ciudadana” argumentó Briozzo y dijo que de no ser por la presencia y la voluntad política de un gobierno progresista y el impacto que tuvo el empoderamiento feminista, el aborto en los hospitales públicos no podría ser una realidad. Cabe recordar que, previamente, las mujeres uruguayas tuvieron que soportar la derogación de parte del ex presidente -y actualmente reelecto- Tabaré Vázquez, también del FA, en 2008, y el fracaso de una estrategia antiderecho de convocar en junio de 2013 a un referéndum que determinara si la ley de despenalización del aborto sancionada en 2012 debía quedar firme o suspenderse.
“Los datos sirven para plantear que antes de la despenalización del aborto las mujeres ya toman esas decisiones, entonces la política de estado debe ser la reducción de daños, en esta caso, la mortalidad materna”. Y si, Uruguay desde que despenalizó el aborto, redujo a cero las muertes de mujeres por esta causa. “Las bases del modelo uruguayo son: estar a favor de la vida, en contra del aborto provocado en condiciones de riesgo y creer que las mujeres son las más capaces para tomar las decisiones sobre su vida y su salud”. “Si vemos el mapa de los abortos inseguros en el mundo vemos que en América Latina estos predominan” (…) al igual que “si observamos el mapa de las personas católicas”, aseguró Briozzo, quien sostiene que en la búsqueda de la legalización y el reconocimiento del derecho al aborto para las mujeres en la región nuestroamericana debemos seguir nuestras “propias recetas”. “Que (Europa) no me diga cómo solucionar el aborto (inseguro), debemos generar nuestras propias estrategias para solucionarlo”, sostuvo.