Por Agustín Bontempo
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Instituacional (Correpi) presentó su informe sobre represión en el país, como desde hace 18 años. El objetivo fue la actualizar el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal con los datos de 2014.
Bajo la consigna “Contra el ajuste y la represión. Organización y lucha”, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Instituacional (Correpi) realizó su presentación anual para dar cuenta de una realidad que se sostuvo desde la vuelta de la democracia en 1983 y que se profundizó en los últimos años: la violencia en manos de los aparatos estatales. Fue el viernes 28 último en Plaza de Mayo.
Según Matías Levonian, integrante del colectivo, el informe “tiene como objetivo central denunciar y visibilizar que la represión es política de Estado”. Esta declaración se asienta sobre el dato concreto que revela el informe y es que el 63 por ciento de los casos ocurrieron desde el 2003, en el inicio de la gestión kirchnerista.
La jornada se inició a las 18 con diferentes presentaciones teatrales para expresar de manera artística el lugar que el Estado y las patronales privadas ocupan ante cada conflicto laboral en la actualidad. Asimismo, participaron de la jornada organizaciones del Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA), familiares organizados de víctimas de gatillo fácil, trabajadores de Gestamp, Paty, Lear, Fate, Emfer, Tatsa, ATE, y el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, entre otros.
Cifras reveladoras
En abril de 1996, el entonces presidente Carlos Menem se había referido a los medios en relación a los fusilamientos policiales aduciendo que “hay periodistas de pluma fácil”. Esta concepción fue reforzada por el entonces jefe de la Policía Federal, Adrián Pelachi, y por el ministro del Interior Carlos Corach. Ante semejante provocación, la Correpi inició una sistematización de casos desde la vuelta de la democracia hasta ese momento. Aquel primer informe arrojó el número de 262 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado.
Pasaron 18 años y la cifra asciende a una cantidad escalofriante. Según el informe, 4278 personas fueron víctimas de la represión y la violencia institucional. De este total, el 63 por ciento corresponde a la gestión kirchnerista iniciada en 2003.
Lo paradójico de este dato es que el actual gobierno se autoasume como el garante de los derechos humanos, sin embargo no sólo se cuentan estas cifras arrojadas por la Correpi, sino diversos casos de desaparecidos en democracia así como una serie importante de situaciones que no pudieron ser reveladas por falta de acceso a la información, situaciones de espionaje e infiltrados en organizaciones sociales. También existe la tercerización y precarización laboral, militarización de las zonas vulnerables, etcétera.
Otro dato relevante es que del total de los casos, el 51 por ciento de las personas son de hasta 25 años, en lo que demuestra una no casual decisión de apuntar a los sectores más jóvenes. Este número viene acompañado de la criminalización de la pobreza y la protesta social, con lo que son los jóvenes de ese rango etario quienes más intervenciones tienen en diferentes instancias de conflictividad social.
La provincia de Buenos Aires encabeza la lista de casos, con el 45 por ciento, seguido por Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es un dato menor que las cuatro provincias a la vanguardia de la represión, están gobernadas por el oficialismo y los principales partidos opositores -Scioli, Bonfatti, De la Sota y Macri-, en lo que muestra una política continuista o más agresiva aún de cara a las elecciones de 2015.
Otro dato importante que refleja el informe es en relación a las muertes durante una protesta. Como es sabido, la mayoría de los casos de violencia institucional no se dan a la cara de todos. Más grave aun es el caso de las mujeres, que además de ser víctimas sufren la complicidad de todo un sistema patriarcal. Sin embargo, desde 1995 hasta hoy, 69 personas perdieron la vida en esta instancia. Si bien las 20 víctimas durante la gestión kirchnerista demuestran que eso de no reprimir la protesta social es una falacia, lo concreto es que la gestión de Fernando de la Rúa y la Alianza está arriba en la lista, con un total de 45 casos.
Desafíos ante una política de Estado
El informe en su conjunto muestra que con el fin de la dictadura no se terminaron los abusos por parte del Estado. Al contrario, se renovaron métodos y la brutalidad sobre los sectores populares se mantuvo. Si bien el nivel de violencia es muy inferior a los año sobrios que van del 1976 al 1983, el marco “democrático” en el que se desarrollaron todos estos casos de violencia institucional le dan un tinte de gravedad muy importante.
Con los datos del informe en la mano, lo que queda claro es que adquiere suma importancia la unidad y la organización de los sectores populares como herramienta de defensa, denuncia y acción ante las provocaciones y desidias del Estado, tal como reclama la consigna de este año.