Foto: Vero Canino
Por Laura Salomé Canteros
El martes pasado, diputadas y diputados integrantes de la comisión de legislación penal de la cámara baja del Congreso no dieron quórum para debatir dictamen sobre el proyecto de aborto legal. Ante la omisión de responsabilidades se visibilizan los argumentos sobre una punición innecesaria que recae sobre las mujeres.
Un Estado que sostiene tipos penales que criminalizan solo a las mujeres no es uno que amplía garantías sino uno que incumple derechos. Si además no acciona ante masivas demandas sociales y políticas que ponen en agenda debates que tienen que ver con la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas que lo integran, se convierte en un Estado injusto y ausente.
Con el fallido quórum del martes pasado en la reunión de la comisión de legislación penal realizada en el anexo de la cámara baja del Congreso Nacional, que debía discutir el dictamen de mayoría, paso necesario para que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se discuta en el recinto, se agotó una instancia más para dejar de concebir al Estado argentino –en tanto material a través de sus leyes e instituciones y simbólico a través de la cultura y las costumbres- como un actor que penaliza, reprime y restringe libertades, sino también como uno que amplía derechos.
Hablar de pacto –implícito ideológico o explícito- conservador entre el Frente Para la Victoria y el PRO, de falta de voluntad política, de maniobras parlamentarias dilatorias y de omisión de responsabilidades de parte de las y los representantes de los tres poderes del Estado argentino alrededor del reconocimiento y la legislación del derecho al aborto es cada vez más evidente. Pero también, cabe la necesidad de preguntarnos estructuralmente porqué la ausencia de este reconocimiento no termina de ser comprendida como una cuestión política y si su negación es una respuesta lógica a un ejercicio del poder, si bien democrático representativo, de marcada tendencia verticalista, personalista y heteropatriarcal que no reconocerá, ni en última instancia, la soberanía, la autonomía y la libertad de las mujeres.
El aborto y la punición innecesaria
María Elena Barbagelata es abogada y la única mujer integrante de la comisión que durante dos años analizó las propuestas de modificaciones que dieron lugar al anteproyecto del Nuevo Código Penal argentino. Ante la comisión, además integrada por Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo, presentó disidencias que advertían sobre una clara contradicción: el aborto fue excluido del anteproyecto para ampliar derechos con la excusa de necesitarse un debate separado pero no para configurar nuevos tipos penales como el aborto culposo o la lesión al feto culposa y dolosa.
En su alocución del martes pasado y a la que Marcha accedió en cobertura exclusiva, Barbagelata expuso, como ella misma dijo, “producto del trabajo de muchos años”, diez supuestos por los que sostener la penalización del aborto dentro de la legislación es ineficaz e innecesaria. A continuación las transcribimos en forma de breves enunciados:
- “La mujer es sujeta plena de Derechos Humanos y las demás personas no pueden decidir por ella”.
- “Penalizar el aborto es discriminatorio y constituye además una pena desproporcionada”.
- “Penar el aborto no detiene la interrupción voluntaria de los embarazos. Las mujeres abortan igual”.
- “No se cumple el fin de la pena, la resocialización y las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos recaen en la criminalización social y la violencia institucional cuando llegan a hospitales con abortos en curso”.
- “Se castiga la decisión de las mujeres de no querer cumplir una pena”.
- “Existen otros recursos y programas más idóneos en relación al aborto antes que la pena”.
- “No es necesaria la punición ya que está demostrado –por la experiencia en otros países- que cuando no se criminaliza el aborto y se lo legaliza se reduce la cantidad de estas prácticas”.
- “El derecho penal debe ser la última instancia de respuesta de un Estado sobre la ciudadanía”.
- “La punición es ineficaz en términos de política criminal ya que la penalización del aborto es una norma que –en general- no se persigue ni aplica”.
- “No discutimos el aborto en cualquier contexto social sino que lo que se propone es la interrupción en las primeras doce semanas de gestación”.
Aborto ilegal y criminalización innecesaria de las mujeres de a pie, ¿hasta cuándo?
En su redacción, el Proyecto de la Campaña propone la despenalización y la legalización del aborto por decisión de la mujer, -de acuerdo a sus propios valores y creencias-, hasta la semana doce de gestación. Para esto, es necesaria la derogación del artículo 85 del Código Penal que sanciona las acciones de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y el diseño, implementación y monitoreo de políticas de salud pública y privada e integral que contengan y den solución a una cotidianeidad en la sociedad argentina: la realización de aproximadamente 500 mil abortos al año.
La punición y la pena privativa de la libertad son, y deben ser, la última herramienta que un Estado dispone a través de leyes e instituciones para con su ciudadanía. Si a eso le sumamos que todo un movimiento de activismo social y político, durante décadas, viene advirtiendo sobre la existencia de una norma que penaliza legalmente y criminaliza socialmente solo las acciones de la mitad de esa ciudadanía, eso lo convierte, además, en un actor que legitima la discriminación por razones de género.
El Estado argentino le debe a las mujeres y a toda la sociedad la despenalización y la legalización del aborto. Para eso, quienes dicen representarnos tienen que hacer lugar a nuestras demandas y dejar de lado falsas polémicas y lugares comunes como el que “es un tema que divide” o que “la sociedad no está madura para debatir sobre el aborto”, o que “no es el momento político”, o que “es año de elecciones”.
Y porque los derechos no se mendigan sino que se conquistan, el movimiento de mujeres y feminista seguirá en las calles reclamando. Porque las que mueren son las pobres, porque a las que hay que defender, muchas veces, no pueden hacerlo. Por ellas y por todas la lucha apenas ha comenzado.
Notas relacionadas:
El derecho al aborto sin quórum en la comisión de legislación penal
Aborto legal ya: hoy se debatiría en comisión
Galería fotográfica relacionada:
Aborto legal: sin quórum pero con aguante