Por Marcelo Otero. En el marco de un juicio histórico para el campesinado santiagueño por el asesinato del joven Cristian Ferreyra, segunda parte del análisis sobre los avances del proyecto político-empresarial que tiene al agronegocio como la gallina de los huevos de oro.
La muerte al servicio del progreso
La difusión del progreso es una actividad empresarial que necesita también de intelectuales orgánicos propios. En la zona lo encontró en la figura del maestro, Hugo del Valle, establecido allí hace más de una década. El maestro recibió al empresario Jorge Ciccioli y le brindó herramientas importantes.
En primer lugar, una “propaganda activa” entre los jóvenes que asisten a la escuela N° 330 “San Bernardo”, en la que dicta clases del Valle, respecto de la legitimidad de los derechos posesorios del empresario, facilitada por donaciones y regalos al establecimiento educativo en cuestión. La misma, estipulaba que el campesinado es retraso y los chicos y chicas deberían vivir en la ciudad, no así en el campo. Hugo del Valle es un hombre del desarrollo. Por eso el maestro permitió que se guarden las armas “de seguridad” en una casilla junto a la escuela y aceptó, pese a las denuncias de los padres,, que los sicarios se apropiaran del lugar con amenazas cotidianas a los estudiantes.
El 10 de agosto de 2011 el MoCaSE Vía Campesina presentó una denuncia en la Dirección de Bosques. Se realizó una inspección que concluyó con un informe presentado el 20 de octubre. Allí se negó lo que los pobladores denunciaban: la tala de una superficie mayor a la autorizada y que los territorios afectados pertenecen a la comunidad indígena. Por su parte, las denuncias por amenazas son desestimadas por la policía provincial, que no sólo no las recibe sino que además, amenaza a los portadores con encarcelarlos si siguen presentándose en la comisaría.
Mientras tanto, el plan de Ciccioli avanzó intacto y sus peones instalaron un alambrado. El 16 de noviembre de 2011, los pobladores organizaron una reunión en casa de Darío Godoy para discutir qué hacer.
Cristian, o “Cachito” como se lo conoce en la zona, tenía en ese entonces 23 años y un hijo. Y como otros jóvenes de la zona, era estudiante del grupo del maestro del Valle. Era un activo militante contra el despojo de los territorios y había sido fichado por Javier Juárez, tío de la esposa de Cristian.
Juárez se presentó cuando la reunión en lo de Godoy estaba empezando. Entró con una escopeta en la mano y unas claras intenciones. Alguien le pidió que se vaya y apeló a los niños y niñas presentes. Otro le sacó una foto con un celular. Lo que sucedió después, aunque fue cosa de segundos, fue un disparo a la pierna de Cristian y otro a Darío Godoy que estaba cerca. Sergio Herrera quien participaba en la reunión, se abalanzó sobre Juárez y trató de sacarle el arma. Pero Juarez lo golpeó y gatilló una vez más, sólo que en esa ocasión se trabó. Lo que quedó fue la huida. Cristian se desangró y sin ambulancias que acudieran a los llamados desesperados de sus compañeros, poco tiempo después murió.
A pesar del desgano de la policía provincial, las presiones del MoCaSE V.C. surtieron efecto y Juárez fue detenido poco tiempo después junto con el resto de la banda. Jorge Ciccioli, su empleador, es también detenido, en lo que representa una novedad para el historial de la lucha campesina.
Sin embargo, once meses después, Miguel Galván es asesinado defendiendo la tierra de su familia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena ha realizado decenas de movilizaciones en todo el país, pidiendo un freno a los desalojos, así como el fin de las bandas parapoliciales que operan en los territorios. Pero las amenazas se repiten sin cesar, y ni el Estado nacional y provincial, ni el poder judicial, tomaron medidas para detenerlas.
El 12 de septiembre de 2014, el empresario Américo Argentino Argibay realizó amenazas de muerte hacia integrantes del Mocase vía Campesina, frente a inspectores de la Dirección de Bosques. Todas ellas registradas en una filmación. Como mensaje expreso, Argibay mostró un arma a la cámara y realizó un disparo, avisando que “las cosas así, no podían seguir más”.
El juicio oral y público por el asesinato del joven Cristian Ferreyra, es un hecho importante ya que además de juzgar a los autores materiales, se dispone un proceso por primera vez sobre un empresario en condiciones de autor intelectual del hecho. En este sentido, quien fue a buscar a Cristian a su casa y le disparó, debe ser condenado y reconocido por la justicia como un asesino. El empresario que lo contrató y lo guio en sus pasos debe ser condenado como autor intelectual de los hechos. Asimismo, el juicio da la posibilidad de hacer pública la trama de complicidades y encubrimientos que culminaron con el asesinato y que representan una amenaza para las familias campesinas, aún hoy.
Tanto el asesinato de Cristian Ferreyra como las amenazas, los desalojos compulsivos y los desmontes son parte del caso, aunque pensemos que este juicio no resuelve toda la problemática.
En la economía argentina de las últimas décadas, se ha instalado un modelo de agronegocios y para que esto suceda, fue y es necesaria, la presencia de desalojos, despojos y violencias hacia las comunidades y familias rurales de todo el país.
En los últimos diez años, varios procesos judiciales tomaron gran relevancia a partir de las muertes de activistas sociales. El caso de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados por el entramado policial y político de la provincia de Buenos Aires y del Estado nacional, en junio de 2002. El asesinato del docente Carlos Fuentealba por un policía neuquino en una marcha durante 2007. La muerte de Mariano Ferreyra en 2010 a manos de una patota de la Unión Ferroviaria con territorio liberado por la Policía Federal. Y el aún irresuelto y no menos relevante caso de la segunda desaparición forzada en democracia de Jorge Julio López en 2006, el hombre que denunció a un gobierno militar y testificó contra sus represores. Estos procesos muestran la necesidad de un sistema judicial que esté más compenetrado en perseguir y condenar asesinos, que en encarcelar activistas sociales. También muestran la complicidad o la falta del accionar de los Estados provinciales y nacional a la hora de defender derechos cuando se discuten los privilegios del capital o de espacios de poder incuestionable.
La resolución del asesinato de Cristian Ferreyra establece una referencia importante: el juicio tiene lugar porque ha existido una movilización que lo hace posible. Las bandas paramilitares, los Argibay y la Sociedad Rural, estarán pendientes de su resultado. El campo popular, también.