Foto por M.A.F.I.A.
Por Luka Morello y Gloria Cosentino. Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, hizo un repaso de la causa. Respondió a los que hablan del hecho como un mero accidente de tránsito y sostuvo las responsabilidades políticas y policiales.
A poco más de diez días de la aparición del cuerpo del joven de 16 años Luciano Arruga, desaparecido desde 2009 y enterrado como NN en el cementerio de Chacarita, Vanesa Orieta dialogó con Marcha. La hermana del chico habló de los desafíos y de la nueva etapa que se abre en un caso que se muestra como paradigma de la realidad que viven los jóvenes en las barriadas populares frente al despliegue de la violencia institucional.
“La causa de Luciano es una causa muy compleja, en la cual hay que armar un rompecabezas. Todavía resta determinar qué pasó durante las tres horas que pasaron desde su desaparición hasta su presencia en la General Paz”, explicó Vanesa haciendo alusión a la causa judicial a través de la que se pudo dar con el cuerpo de Luciano, la cual establece el deceso a causa de un accidente de tránsito. “Creemos que se llamarán a declarar a las personas que estuvieron con él por última vez, se pedirá toda la documentación necesaria que se tenga en cada una de las instituciones por donde Luciano pasó. Ahora comenzará un proceso para saber la verdad de todo lo que ocurrió esa noche y las cadenas de responsabilidades y encubrimientos”.
Con respecto a la situación actual de la causa, Vanesa explicó que el hecho de que se haya decretado un secreto de sumario “es importante porque habla no solo de las dudas de la familia, sino también de las dudas de la Justicia ante este único hecho que algunos medios intentaron plantear como un accidente. Existe una causa judicial caratulada como `accidente de tránsito´. Aun si esto fuera un simple accidente es tremendamente grave porque seguimos hablando de violencia institucional, seguimos hablando de que vivimos en una sociedad que discrimina y criminaliza a nuestros jóvenes y que no tiene ningún tipo de valor por la vida de los más humildes”. Esto lo sostuvo en relación con las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien se refirió al caso como un asunto meramente hospitalario.
Otros datos que dan muestra de la violencia policial e institucional que sufrió Luciano, en la cual se incluyen presiones para salir a robar para la policía bonaerense, son los libros de la guardia del 31 de enero de 2009, los cuales se encontraban adulterados, tal como lo demostraron los peritajes. Vanesa aseguró que la de su hermano “es una causa terrible que ridiculiza por completo al poder judicial y al poder político también, que también tiene responsabilidad”.
“La vida de Luciano la hicimos valer”
Con respecto a lo que sucedió durante todo el tiempo que transcurrió desde la desaparición de Luciano, Vanesa comentó que luego de que la causa fuera caratulada como “Desaparición forzada” y pasara a la Justicia Federal, se llevaron a cabo una serie de investigaciones que incluyeron peritajes caninos realizados en el Destacamento Policial de Lomas del Mirador, en móvil policiales y en un descampado cercano al destacamento policial.
A su vez, la hermana de Luciano relató que la madrugada de su desaparición de Luciano “los patrulleros se salieron de la jurisdicción asignada, sin dejar registro de por qué hicieron estos movimientos”. El Destacamento al cual hace referencia dependía de la comisaría 8va de Lomas del Mirador, conocida como “Sheraton” en tiempos de la última dictadura cívico militar. En ese lugar testigos afirmaron haber visto a Luciano. Ambas comisarías quedan a diez cuadras aproximadamente del lugar donde Luciano fue visto por última vez.
“Nosotros denunciamos su desaparición desde la una de la mañana y Luciano aparece en una vía rápida de la General Paz a las 3:30 de la mañana, accediendo a ese lugar por una zona sumamente peligrosa que ponía en riesgo su vida. Ahora hay que determinar qué ocurrió durante esas tres horas previas a que Luciano aparezca en la General Paz. Nosotros seguimos apuntando nuestra denuncia hacia la policía bonaerense”, resaltó, sin miramientos.
Vanesa, junto a su madre y todo el espacio de “Familiares y amigos de Luciano Arruga”, nunca creyó que lo que le pasó a Luciano fuera algo aislado de una problemática estructural que padecen los pibes en nuestro país. “Esta es una problemática que repercute en los barrios humildes donde la vida de las personas no vale absolutamente nada”, apuntó. “Los actores que integran determinados poderes van a querer mantener su status. Lo van a hacer a fuerza de mucho dolor, de muerte, de desapariciones, poniendo a disposición de esas personas acomodadas en nuestra sociedad todas las garantías para que puedan mantener esa comodidad”. Para Vanesa, a la inacción por parte de la institucionalidad debe anteponérsele “la reacción de quienes sufrimos los atropellos más rotundos a nuestros derechos”. La causa de Luciano “demuestra que somos una familia que siempre miró hacia adelante, que no se dejó avasallar, bastardear, ningunear. La vida de Luciano la hicimos valer como la vida de cualquier otra persona de cualquier otro sector social”, enfatizó.
Por último, Vanesa señaló con nombre y apellido a responsabilidades estatales que deben ser investigadas por casi seis años de desidia. “Acá tienen que pagarla los responsables policiales, judiciales y políticos: el Juez Gustavo Banco del Juzgado de garantía Nº 5 del Partido de la Matanza, la Fiscal Roxana Castelli de la Unidad Fiscal Nº 7 del Partido de la Matanza, la Fiscal Celia Cejas de la Unidad Fiscal Nº 7 del Partido de la Matanza tienen que ser condenados. La Fiscal Roxana Castelli por haberle dado la investigación a la misma policía que denunciábamos, y ellos entorpecer toda la escena de investigación, y a la Fiscal Celia Cejas por haber realizado escuchas a la familia casi por un año y medio. Al Juez Gustavo Banco por haber avalado mediante prórrogas esas escuchas y no haber, al mismo tiempo, controlado que se le daba la investigación a una policía que estaba siendo denunciada por la familia. Pero, así mismo, por no habernos aceptados el primer Habeas Corpus a los cinco días de desaparecido Luciano. Por no haber pedido a las instituciones del Estado que brindaran información sobre un NN que la familia reclamaba y que se investigaba y se buscaba en el marco de una averiguación de paradero”.