Foto: Laura Salomé Canteros
Por Camila Parodi y Jesica Farias. La secuestraron, la obligaron a prostituirse y quedó embarazada producto de las violaciones. Puedo escaparse y exigió interrumpir la gestación, amparada por el Código Penal. El Hospital Piñero realizó la interrupción tras negarse. Hay escrache.
Cuatro meses atrás, una mujer –cuya identidad preferimos preservar- fue secuestrada junto a sus hijos por una red de trata. Obligada a prostituirse, fue violada sistemáticamente. Infernales semanas padeció, hasta que pudo escaparse. “A mediados de octubre notó que se encontraba embarazada y junto a una vecina, se dirigió al Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) 40 de CABA. Sabían que era un buen lugar para acompañar un aborto no punible pero como se encontraba de dieciocho semanas, se la derivó directamente al hospital del que depende, el Piñero que está en Flores. Ahí, el `protocolo´ determina que los abortos se realizan hasta ese tiempo de gestación y que, una vez cumplido, no atienden el caso”, relató una de las trabajadoras sociales del Centro que acompañó a la mujer. Inmediatamente, las/os trabajadoras/es se pusieron en contacto con la Campaña Nacional el martes 14.
Esta mujer, víctima una vez, de los tratantes y clientes prostituyentes, y revictimizada por el sistema de salud que está obligado a llevar adelante el aborto no punible, derecho consagrado en el Código Penal argentino desde 1921, “comenzó a rebotar por toda la región sanitaria en donde se debía resolver el caso”, agregó la trabajadora social. En su relato, remarcó que los hospitales Álvarez y Argerich se negaron a practicarle la interrupción legal. “Decían que se cansaron de atender las derivaciones de otros hospitales que no quieren realizarlos”, recordó.
Pero mientras algunas/os trabajadoras/es le ponen trabas al derecho; otras/os, avanzan para superarlas: Las/os del Cesac 40, lejos de la pasividad, realizaron las denuncias pertinentes el Programa de Salud Sexual de la Ciudad de Buenos Aires y al 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. “Finamente, bajo la estricta orden de las autoridades de la región sanitaria, la mujer fue internada el jueves 16 en el Piñero para acceder a la interrupción legal del embarazo”, explicaron desde la Campaña Nacional. Pero durante los días que duró el proceso fue necesario que la joven estuviera acompañada por militantes de esa organización, consejerías y socorristas ante el maltrato psicológico impartido por el jefe de departamento Ángel Moggia; de la Jefa del Servicio, Lucia Di Biase y del médico de planta, Marcelo Alejandro Cardoso.
Por esto y la preocupación por la situación sanitaria para las mujeres en el acceso a los abortos no punibles en la región metropolitana, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en CABA, realizará esta mañana a partir de las 10 un escrache en la puerta del Hospital General de Agudos Doctor Parmenio Piñero (Varela 1301) para que “el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires tome las medidas necesarias para que estas situaciones no sigan ocurriendo y que el Ministerio de Salud de la Nación inste a las provincias en adecuar los Protocolos de Atención de Aborto No Punible tal como lo solicita el fallo FAL- medida autosatisfactiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012” según indicaron desde la organización del evento.
La tortura
Las objeciones y los maltratos son comunes en el Hospital Piñero pero también en muchos, muchísimos más. A las impugnaciones, como si fuera poco, se le suman malos tratos para la mujer decidida. “Cada aborto no punible, sobre todo cuando se trata de casos de varias semanas de gestación, se vuelve una lucha en diferentes centros de salud. Lo más fuerte es que en muchos casos, cuando finalmente se logran, las mujeres viven maltratos que van hasta dejarles el producto del aborto al lado de la mesa de luz mientras se recuperan”, denunció Florencia Maffeo, socorrista integrante de la Mesa Oeste es la Campaña Nacional.
Y así es como se naturaliza la violencia entre guardapolvos blancos y camillas: se tortura a las mujeres -tanto a las que piden una interrupción legal en el hospital como a las que llegan a los servicios de salud con una en curso- con legrados sin anestesia, inducción al aborto con misoprostol pero sin analgésicos, a interrogatorios sobre su sexualidad e intimidad y a la violencia psicológica, entre otras agresiones. “Es un trato inhumano y degradante, que no respeta la salud de las mujeres, entendiéndola como el estado de bienestar físico, psíquico y emocional. Además, son claros casos de violencia obstétrica e institucional, tal como los define la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, indicaron desde la Campaña que reúne a más de 300 organizaciones que batallan por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.
Mientras, se sigue buscando respuesta urgente y comprometida a una duda dolorosa: ¿por qué aún la mitad de la población no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo?