Por Redacción Marcha. La aparición del cuerpo de Luciano Arruga, cinco años y ocho meses después de ser secuestrado por la policía, abre un torbellino de interrogantes. La desidia total del Estado y el combo mafioso policial-judicial que tiene como principales víctimas a los jóvenes pobres.
“Negligencia es una palabra generosa” para catalogar la falta de respuesta frente a la peregrinación de los familiares de Arruga en hospitales, morgues y departamentos judiciales, consideró el periodista Horacio Verbitsky en la conferencia de prensa. “Lo atropellaron cruzando de provincia hacia Capital Federal, muy cerca del lugar donde lo vieron por última vez, de donde desapareció, y eso requiere de una explicación”, instó.
Haber hallado al cuerpo da la posibilidad de que su madre, Mónica Alegre, pueda velar a Luciano, que tenía 16 años cuando dejó de poder abrazarlo. Y da cuenta de otra certeza: “La relación de discriminación y desprecio de las instituciones y la Justicia para con los jóvenes pobres como Luciano”, señaló el comunicador. Porque “esto no hubiera ocurrido si hubiese desaparecido en Palermo o si el chico hubiera pertenecido a la clase media porteña”.
Luego de haber tenido que socorrer a la madre de Luciano, que se descompensó durante la conferencia, Vanesa Orieta, la hermana del joven, reforzó la duda sobre las circunstancias del accidente, porque “está confirmado” que hubo torturas el 31 de enero de 2009 y que los patrulleros se alejaron del radio de la comisaría denunciada.
Cinco años y ocho meses después, la identificación se dio a partir de un hábeas corpus, lo mismo que los familiares habían presentado cinco días después de su desaparición y que entonces, lejos de la presión mediática y de las organizaciones que más tarde adquirió el caso, fue rechazado. Qué habría pasado si la búsqueda se hubiese iniciado con responsabilidad desde entonces es una de las preguntas que quedarán sin respuesta.
“Hoy más que nunca denunciamos la violencia institucional. Tenemos que reflexionar sobre el poco valor que se le da a la vida de los pobres”, denunció Orieta, quiene insistió en la complicidad política, judicial y policial para la dilación de la acción positiva. También pidió respeto frente al dolor, porque aunque ahora hay un cuerpo en el cementerio de la Chacarita al que llevar flores, todavía falta la verdad.
La teoría que no convence
Para la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, la historia del mero accidente no cierra. Es un recurrente “plan B” plantear una escena de siniestro automovilístico para encubrir crímenes ocurridos en las comisarías, apuntó y, en diálogo con medios nacionales, advirtió sobre la posibilidad de que lo que le pasó a Luciano encuadre en ese comportamiento.
“Nada de lo sucedido con Luciano nos sorprende, porque pasaron 17 años antes de que la instalación de cloacas en los suburbios de un pueblo cordobés descubriera el cuerpito de Alejandro Flores, el nene de 5 años atropellado por un patrullero y enterrado por los policías. Porque a Emilio Blanco, de 17 años, lo mataron a golpes y con la ‘bolsita’ en la comisaría de Chascomús en 1997, y tiraron el cuerpo a las vías para que pareciera un accidente; o porque unos años antes, en Salta, el platense Diego Rodríguez Laguens, murió en la tortura en la comisaría, y los policías lo arrojaron en la ruta para que los camiones le pasaran por encima”, denunció el colectivo en un documento de prensa.
“La identificación de los restos no cierra el caso. Más bien abre una nueva instancia en la que será necesario seguir apoyando a su familia para lograr el total esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición y su muerte”, convocaron, en tanto, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Y, como enfatiza el canto popular que se escucha marcha tras marcha: “Yo sabía / yo sabía/ que a Luciano / lo mató la Policía”.