Foto: Los ojos de Anita
Por Agustin Bontempo. En las últimas semanas, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad dio lugar a diversas apelaciones del Gobierno porteño ante sentencias a favor de habitantes de villas y asentamientos. Contexto y perspectivas en una ciudad que no es para todos.
El derecho a la vivienda sigue siendo una de las deudas más grandes que el Estado tiene en todo el país, pero puntualmente, este derecho se vulnera sistemáticamente y cada vez con mayor ingenio en la ciudad de Buenos Aires.
En las últimas semanas se conocieron dos sentencias de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires: por un lado negó al barrio San Martín de la Villa 31 llevar adelante su proceso lectivo de cara a lo que serán las elecciones del 30 de noviembre del corriente año, y por el otro, clausuró en el barrio Rodrigo Bueno la posibilidad de avanzar hacia un proceso de urbanización.
Estos hechos que son disimiles en cuanto al resultado, pero similares en dos ejes. En ambos casos, fue la jueza Elena Liberatori quien propició la ampliación de derechos y el gobierno porteño que encabeza Mauricio Macri el que apeló los fallos judiciales que luego desembocaron en esta situación. Es decir que, lejos de cumplir con sus obligaciones, el gobierno se desentiende de los problemas que debe solucionar.
En dialogo exclusivo con Marcha, la jueza Elena Liberatori se refirió a la situación del barrio San Martín: “Hubo una decisión de cámara que lo deja fuera de la elección porque es posterior a la ley de urbanización del barrio (es del año 2009), entonces no lo consideraron dentro del polígono originario”. Y asumiendo su compromiso, expresó “ahora no entra pero el año que viene empieza desde cero. Ahí sí que estaremos empezando con un censo”.
Sin embargo, más allá de este revés para los vecinos de la villa, el fallo inicial propiciado por Liberatori exige al Gobierno porteño cumplir con otros derechos que tampoco son cumplidos. Al respecto, la Jueza adelantó que “San Martín ahora no es la 31, es como cualquiera de los barrios vulnerados de la ciudad. La decisión de la cámara no impide que haya fallos en relación a servicios esenciales”.
Ante esta situación, se hace cada vez más necesaria la reglamentación de la Ley 3343 de 2009, ya que en su dictamen 98/2013 incluye al barrio San Martín dentro del polígono a urbanizar. Como es de esperarse, esta ley sigue encajonada en la Comisión de Vivienda de la legislatura, la cual es presidida por Javier Gentilini, diputado de Proyecto Sur-UNEN, pero muy cercano al macrismo.
En el caso del barrio Rodrigo Bueno, el fallo de la Cámara ante la apelación del Gobierno de la Ciudad impide que la villa ubicada en la costanera sur pueda estar incluida en un plan de integración urbana y social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La jueza Mabel Daniele, quien voto en disidencia en instancias de la Cámara, propuso rechazar la apelación del Gobierno. Según la magistrada, la exigencia se encuadra dentro “del progresivo empeoramiento de las condiciones de vivienda y de la grave situación de emergencia habitacional en que se hallan sumidos desde hace décadas los sectores más vulnerables”.
Barrio Papa Francisco y la justicia que no llegó a tiempo
A fines de agosto y después de varios meses de toma, el barrio Papa Francisco fue brutalmente reprimido y desalojado, hechos que fueron de público conocimiento. En este sentido, la jueza Liberatori, quien llevaba adelante un expediente por problemas ambientales en ese territorio, dijo , “La toma me tomó de manera tangencial. Nosotros le planteábamos a la gente de la toma que no queríamos el desalojo, pero que esto era des o des. No queremos el desalojo, pero era necesaria la desocupación pacifica y espontánea. En eso se fueron los 6 meses hasta el desalojo. Porque en algún momento conseguimos algo que era imposible para la ciudad a través del procurador. Ahí se formulo un plan de remediación y también un anteproyecto de urbanización. Y ahí el gobierno tiene comprometido en mi expediente 3546 viviendas”. Asimismo afirmó que “Personalmente yo siempre dije que no era un delito porque además era sobre tierras públicas, pero si es un reclamo inapropiado. No se puede reclamar tomando tierras. Es absolutamente legítimo pero no es la vía, porque ahí está donde estamos. Si nosotros hubiéramos seguido con el modulo mío, el desalojo se alejaba, que esa fue la apuesta inicial con la jueza Lopez Iñiguez, quien después impulso el desalojo”.
Lo concreto es que las 800 familias, que habían ocupado el terreno en el marco de la crisis habitacional en la Ciudad, no tuvieron soluciones a estos problemas. No está de más recordar que el Gobierno está incumpliendo el artículo 31 de la Constitución porteña que prioriza a los sectores vulnerables para resolver sus dificultades habitacionales. Tampoco cumple con la Ley 148 de 1998, que propone la urbanización de todos los asentamientos porteños y en el caso de Villa 20, en Lugano, incumple con la ley 1770/05.
En esta línea, Liberatori fue bastante crítica con algunos referentes y especialmente con algunos legisladores. “No era el ámbito de la toma. Yo les dije, ustedes ya produjeron el hecho, ya lo hicieron visible, ahora sigamos trabajando por esto y dejen el previo. La 1770 teníamos previsto una audiencia pública. Vimos hechos objetivos de que la 1770 se ponía en pie, como el relevamiento de la gente que estaba en la toma. Pero acá viene lo que hablaba antes. En vista de la urbanización se necesita un dinero, se necesita abrir la billetera del gobierno, y esa es una responsabilidad en la cabeza de los legisladores”, declaró.
Por lo pronto, ni el ejecutivo porteño con sus representantes en la legislatura, ni la mayoría opositora ni el aparato judicial han podido dar respuestas a los problemas de los vecinos, que luego del desalojo se encontraron en situación de calle nuevamente.
Responsabilidades nacionales
Ya hemos manifestado que a nivel nacional existe una gran deuda en lo que respecta al problema habitacional. Y más aún en gestiones del tipo gerencial como la de Mauricio Macri.
En este sentido, más allá del contexto económico y político que se propicia desde el Estado nacional, también podemos advertir que el accionar de los legisladores del Frente Para la Victoria en la Ciudad, se han destacado por su inacción o por su participación en las decisiones del Pro.
En la misma línea, tenemos el procedimiento de las fuerzas represivas encabezadas por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien conjuntamente con la Policía Metropolitana ha llevado adelante el desalojo del barrio Papa Francisco.
Ante esto, hay dos situaciones recientes que por un lado oscurecen y por el otro aclaran un marco de posibilidades. En primer lugar, el ya reglamentado nuevo Código Civil, que fuera de los debates mediáticos, no avanza concretamente con el sistema de propiedad de tierras y viviendas, siendo justamente la propiedad el baluarte mayor de un sistema que excluye a una inmensa cantidad de personas. En la medida que no se atiendan principalmente a estas cuestionesno hay Constitución ni leyes que alcancen.
En segundo lugar, y por ahora sólo como promesa, tenemos el alentador anuncio que propone la urbanización de 100 villas, con un plan inicial de 400 manzanas en territorios fiscales. La ya existente Secretaría de Habitat en la ciudad de Buenos Aires y las disputas políticas, dificultan que este plan pueda llevarse adelante en la Capital Federal, sin embargo este contexto sigue presentándose como el principal desafío de un anuncio que tiene la obligación de abandonar lo dicho para pasar a lo hecho.
En este contexto y con miras a lo que serán las elecciones el próximo año, resulta evidente que las diferentes instituciones del Estado no otorgarán derechos porque sí, pero el terreno brinda herramientas importantes para que los villeros, villeras y ciudadanos en general puedan exigir y luchar por lo que es legítimo.